No deberían analizar el Ibex 35 y sus semejantes si Dolores Delgado es la fiscal general del Estado idónea para sus intereses. Pero ahora que son vox populi los manejos que Villarejo se traía hace una década con la gran empresa española, la cuestión ha salido a relucir estos días las altas esferas del selectivo español.

El nombramiento de la fiscal "amiga" del excomisario, que fue grabada como los jefes de seguridad que ordenaron seguir a Florentino Pérez o a Luis del Rivero, genera sentimientos encontrados en la gran empresa.

El debate sobre su imparcialidad no queda limitado a su conexión con el Gobierno y el PSOE. También se extiende a un proceso que le afecta personalmente y en el que la economía española se juega mucho. Nadie se ha atrevido a calcular aún el impacto que el daño reputacional por el 'caso Villarejo' puede llegar a tener en la cuenta de resultados de las empresas señaladas. Pero se estima que no es pequeño.

España juzga hoy los negocios del excomisario con el Ibex 35 en dos planos: el judicial y el moral. En el primero, el nombramiento de Delgado no debería afectar. "La Justicia está en marcha y aunque va lenta, el juez llegará hasta el final en todas las piezas que tiene abiertas. Da igual a quién tenga que imputar o encarcelar", comentan desde un gran grupo financiero salpicado por el caso.

La sentencia que la semana pasada condenó a Jaime Botín por otro caso muy distinto a 18 meses de cárcel y una multa millonaria por sacar de España su Picasso probaría esta tesis.

Frente a ella, hay otras voces en la alta dirección del selectivo español que consideran que Delgado en la Fiscalía va a engorronar el caso complicando aún más el escenario reputacional -quién sabe si también el judicial- de las empresas investigadas o que están por investigar.

"Su llegada a lo más alto de la Fiscalía supone un interrogante aún mayor ante la pregunta de en qué grado de resolución sensata puede terminar todo esto", advierten desde otra de las firmas investigadas.

El juez Manuel García Castellón podría estar a punto de hacer buena la tesis de la Fiscalía Anticorrupción según la cual contratar a Villarejo era un delito de cohecho, ya que el excomisario encarcelado era un policía que utilizaba medios públicos para hacer negocios con el Ibex.

Frente a esta teoría, también está el argumento de que Villarejo era un agente encubierto que montó su emporio empresarial en sus años en excedencia (1983-1993) y actuó siembre de la mano del director adjunto operativo (DAO) de la policía.

Un hecho a tener en cuenta a la hora de escudriñar si los altos directivos de las empresas investigadas tenían conocimiento de la situación exacta del hombre con el que hacían negocios.

Según describió al juez en una carta Pedro Díaz Pintado (DAO entre los años 1996 y 2004), casi nadie en la Policía sabía de la labor de Villarejo con el fin de preservar el éxito de los trabajos que realizaba para el Estado. Una afirmación que podrán utilizar los altos ejecutivos del Ibex y otras empresas investigadas para defender que desconocían el estatus del propietario de Cenyt.

La contratación de miembros retirados o en excedencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para llevar las riendas de equipos de Seguridad en empresas privadas no solo no es ilegal, sino que es una práctica habitual en España.

Son muchos los ejemplos, pero elocuentes son los casos del excomisario Julio Corrochano, como jefe de Seguridad de BBVA, o del también expolicía Antonio Asenjo, con el mismo cargo en Iberdrola.

Por añadir otros al largo listado figurarían también el coronel Miguel Ángel Sánchez San Veneciano, procedente del CNI, o el comisario en excedencia Florencio San Agapito. Ambos fueron sucesivos responsables del área de Seguridad en Telefónica con un contrato legal.

En el plano moral, no por habituales, los seguimientos contratados por las empresas son lícitos. Las grandes corporaciones pecaron durante años de ser poco transparentes y utilizaron medios inaceptables para la sociedad. Pero es cierto que esas prácticas se juzgan hoy con una asimetría temporal que distorsiona el juicio ético.

La España de hoy no es la de hace 15 años, cuando BBVA encargó (presuntamente) los seguimientos a Sacyr. Ni siquiera es la del año 2012, en el que la crisis económica tocó fondo y Repsol habría hecho sus encargos. Por fortuna, mucho ha cambiado el listón que la ciudadanía exige a políticos y empresarios en estos últimos años.

Sebastián Albella, que es un hombre de ahora al mando de un supervisor que ha cometido no pocos errores en el pasado, ha tomado nota del caso Villarejo. Lo ha hecho tarde, pero con tino.

La CNMV reforzará en abril los controles al gobierno corporativo de las empresas cotizadas, de manera que las empresas deban cesar cuanto antes a consejeros procesados. Quiere evitar así que ante una imputación al más alto nivel, el resto de compañías de la Bolsa española sufran el contagio reputacional de la corrupción.

Tras estrenar la figura de imputado como persona jurídica investigada por tres delitos, BBVA ha acudido a la Audiencia Nacional representado por uno de sus abogados y con Francisco González o Ángel Cano ya retirados.

Pero Albella teme el impacto que puede tener en el mercado bursátil español la imagen de altos ejecutivos en activo acudiendo a declarar a una causa secreta y sujeta a los sobresaltos que siempre suponen la filtración de papeles o cintas manipuladas a la prensa.

Como sabe la CNMV, la mancha de la corrupción tendría un impacto directo en la financiación y accionariado de las empresas por los nuevos estándares de Gobierno Corporativo que incluyen los grandes fondos y bancos globales.

Esta semana vuelve el baile a la Audiencia Nacional con la citación del exdirectivo de Iberdrola José Antonio del Olmo para que acuda a declarar por la pieza que investiga las relaciones entre la eléctrica que preside Ignacio Galán y Cenyt.

Las piezas de Villarejo son un totum revolutum y queda mucho por conocer. Pero mientras la Justicia actúa, habrá que saber separar el grano de la paja y diferenciar a las empresas salpicadas por supuestos delitos puntuales de las que tuvieron una relación sostenida con el excomisario. Sería contraproducente que cualquier duda sobre la actuación de la Fiscalía arroje más sombra sobre un caso en el que está en juego la imagen de España como país serio para hacer negocios. 

ATENTOS A...

La presencia de la plana mayor de los Hidalgo acompañando a José Luis Ábalos en su primer acto como nuevo ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El fundador de Globalia, Juan José Hidalgo, y su hijo y consejero delegado del grupo turístico, Javier Hidalgo, optaron por acercarse a saludar al responsable de Aena y Adif el pasado martes. Un compromiso que les impidió acompañar a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que casi a la vez también celebró un acto similar en su Ministerio.

La decisión muestra el interés de una de las familias más relevantes del sector turístico español por seguir teniendo presencia en el transporte, pese a la venta de Air Europa a IAG, todavía pendiente de autorización.

Hidalgo, aliado ahora con el Grupo Barceló, no solo tiene interés en fortalecer el negocio de su pequeña aerolínea Evelop. También parece dispuesto a seguir de cerca los futuros movimientos en la liberalización del transporte, pese a que no logró pasar el primer concurso de Adif para competir con el AVE. Y no olvida que la operación con Iberia podría demorarse hasta 2021 por las autorizaciones a las que está sujeta.

En su entorno recuerdan que la relación del consejero delegado de Globalia con Maroto es excelente, como se verá esta semana en la feria de Fitur. Una cercanía con la ministra que también podría haber influido en su decisión de acercarse a saludar a un hombre fuerte de Sánchez con el que es más complicado coincidir en eventos del mundo de la empresa.