El nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez no está dispuesto a esperar a que haya un acuerdo mundial en la OCDE, el club de los países ricos, sobre una tasa a los gigantes tecnológicos. Necesita de forma urgente los ingresos de este nuevo impuesto para financiar el fuerte aumento del gasto público que exige Podemos en los Presupuestos de este año. Por eso, Sánchez seguirá adelante con la tasa digital pese a la tregua que acaban de alcanzar Emmanuel Macron y Donald Trump para congelar esta iniciativa al menos hasta finales de 2020 con el fin de evitar una guerra comercial entre la UE y EEUU.
"El Gobierno español no excluye que propongamos la creación de ese impuesto digital a nivel nacional. De hecho, está dentro de nuestros planes y del plan presupuestario que habíamos enviado a la Comisión Europea", ha explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al término de la reunión del Ecofin de este martes, en la que los Estados miembros han discutido qué hacer para garantizar que multinacionales como Google, Facebook, Twitter o Apple paguen más impuestos en Europa. Este impuesto específico español se ajustaría después si finalmente hay un acuerdo a nivel mundial o en la UE, ha explicado.
En el ministerio de Economía se alega que España no va a esperar a que haya un acuerdo en la OCDE porque existe un compromiso con los votantes para poner en marcha esta tasa digital y es imprescindible para cuadrar el plan presupuestario. De hecho, el Gobierno calculó que de haberse puesto en marcha en 2019 habría recaudado 1.200 millones de euros. Bruselas dijo que esta previsión está inflada y recortó en un 30% de los posibles ingresos. El nuevo impuesto podría presentarse incluso antes de que se apruebe el borrador de Presupuestos para 2020.
La determinación del Gobierno de Sánchez de seguir adelante con la tasa digital sin cobertura de la UE ni de la OCDE amenaza con provocar un encontronazo con los Estados Unidos de Donald Trump similar al que ha vivido Francia, que ha tenido que acabar reculando.
Macron ha tenido que rectificar
Frustrado por la falta de avances en Bruselas, Macron decidió introducir en otoño pasado de forma unilateral en Francia una tasa digital muy similar a la que sopesa el Gobierno español. Un gravamen del 3% sobre los ingresos digitales de los gigantes tecnológicos con un volumen de negocios superior a los 750 millones anuales.
Como represalia por lo que consideraba una iniciativa dirigida contra las empresas norteamericanas, Trump amenazó entonces a Francia con imponer aranceles de hasta el 100% a productos franceses por valor de 2.400 millones de dólares, entre ellos el champagne o el queso Roquefort.
La presión del inquilino de la Casa Blanca ha surtido efecto y Macron se ha visto obligado a rectificar tras una conversación con el propio Trump. Los dos mandatarios han firmado una tregua: Francia no retira la tasa digital pero la congelará al menos hasta finales de 2020 para dar tiempo a un acuerdo en la OCDE. ¿Correrá la misma suerte el plan de Sánchez?.
Un acuerdo en la OCDE o en la UE es improbable
De momento, el Ecofin ha decidido este martes que es urgente esperar. La OCDE tiene previsto presentar sus primeras propuestas a finales de enero con el fin de tratar de cerrar un acuerdo antes de que acabe el año. Calviño sostiene que que el ambiente general es "moderadamente optimista" sobre las posibilidades de éxito. Pero también avisa de que si la OCDE no actúa, la Unión Europea debe tomar sus propias medidas.
"Es un asunto muy sensible y prioritario desde el punto de vista económico, fiscal y político. Y nosotros apoyamos una solución global en el marco de la OCDE cuanto antes. De no ser posible este acuerdo global en el corto plazo, la UE ha de asumir que este es un asunto clave y que precisa de una acción conjunta de todos los Estados miembros porque juntos somos más fuertes", ha dicho la vicepresidenta en una referencia velada a la capacidad de la UE de resistir a las presiones de Trump.
Lo cierto es que un acuerdo en la OCDE o en la UE sobre la tasa digital es improbable. En la OCDE, EEUU tendrá poder de veto y hasta ahora no se ha mostrado muy dispuesto a avanzar en este ámbito. Por su parte, la UE lleva ya dos años de negociaciones infructuosas: Irlanda, Luxemburgo y los países nórdicos vetan cualquier acuerdo porque son los principales promotores de una fiscalidad baja para atraer a las multinacionales. Y las decisiones sobre impuestos en la UE se adoptan también por unanimidad.