Diez días después de la formación del nuevo Gobierno, Josep Oliu salió el pasado miércoles a la palestra para remover las agitadas aguas del sector financiero.

Es seguro que el presidente de Banco Sabadell era consciente de que si reconocía en público que el mercado presiona a la banca para que se fusione, la prensa, los inversores y el resto del sector interpretarían sus palabras como un intento de coqueteo para buscar novia. Lo hizo y el mensaje llegó a palacio.

Un mes antes, la interpretación de sus palabras habría sido distinta. Como entidad participada por el Estado, si se busca el éxito, solo tiene sentido cortejar a Bankia con un Gobierno en plenas funciones.

Como dijo en un reciente encuentro del sector financiero la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, las fusiones no las deciden las autoridades, las deciden las entidades, es decir, sus accionistas.

Pero en este caso, el accionista es un Gobierno dividido entre una vicepresidenta partidaria de privatizar Bankia cuando la acción remonte y un vicepresidente que quiere nacionalizar la entidad para que España tenga un banco público.

Los gobiernos de PP y PSOE ya han pedido en dos ocasiones retrasar la privatización del banco, fruto de la fusión de siete antiguas cajas más BMN, que lidera el respetado José Ignacio Goirigolzarri.

El próximo plazo expira en 2021. Pero si quisiera, Nadia Calviño podría pedir otra prórroga a la UE para retrasar este movimiento hasta que Christine Lagarde levante la mano con los tipos de interés y el BCE decida poner fin a los tipos negativos. Será entonces cuando las acciones de Bankia y sus competidores nacionales recuperen el pulso bursátil.

Las grandes firmas de inversión esperan que Fráncfort tome esa decisión en 2022. Pero la banca española, que ya se estrelló con sus planes estratégicos que contemplaban tal subida para finales de 2019, prefiere esperar con cautela.

El caso es que si el nuevo Gobierno quisiera dar el visto bueno a la boda Sabadell-Bankia tan solo tendría que dejar que Bruselas presionara a España para ejecutar esa privatización en el calendario actual acordado.

Su vicepresidente, Pablo Iglesias, podría seguir coreando ese mensaje que tanto le gusta de que los españoles nunca recuperarán las ayudas que se inyectaron en Bankia -cosa que es cierta-.

Y también podría aliarse con Pedro Sánchez para culpar al PP de Luis de Guindos y Mariano Rajoy del rescate financiero ahora que el Estado debe renunciar a recuperar la totalidad de préstamo a cambio de velar por los intereses de los españoles. Es decir aprobando la operación -o integración- más ventajosa para el contribuyente.

El discurso es fácil. Pero alguno dirá que qué pasa con BBVA, ese banco en el que el PNV -o más bien, sus fortunas de Neguri- quiere colocar a Goirigolzarri como presidente tras integrar Bankia en su negocio. 

Delgado les contestaría: "es cosa de los accionistas", que en el caso del banco que preside Carlos Torres Vila son fondos internacionales que no se muestran entusiasmados con quedarse con Bankia y tampoco ven que el 'caso Villarejo' esté provocando un daño reputacional tan serio para el banco como para tener que provocar un movimiento de este calado con urgencia.

Además, como ya se contó en esta columna, el PNV podría intentar jugar con Kutxabank para hacer un movimiento en BBVA y contar con más presencia vasca en su consejo de administración.

Ejecutar una fusión bancaria no es barato a corto plazo. Así que para los fondos e inversores solo hay dos motivos para impulsar una operación corporativa: que el banco sea un zombi o que padezca un fuerte problema de rentabilidad que requiera adoptar medidas drásticas para que los números vuelvan a encajar lo antes posible.

La enfermedad de la falta de rentabilidad la padece el conjunto de la banca europea en este momento. Pero parece que en el caso del Sabadell los largos años arrastrando esta dolencia han cansado ya a su accionista mexicano, David Martínez Guzmán, que busca una salida.

Para ello contaría como aliado con otro accionista, el 'hedge fund' Coltrane Master Fund, que está presente en el banco a través de derivados financieros y aunque no es tan agresivo como los fondos activistas sí ejerce presión para mover la gestión e impulsar operaciones como la recién anunciada venta de su gestora a Amundi.

El gran accionista de Sabadell es BlackRock, que con un 4,98% del banco guarda silencio, al menos en público. La firma norteamericana que preside Larry Fink -quien, por cierto, ha coincidido con Sánchez en Davos- también está presente en BBVA (5,48% del capital).

No es la primera vez que Martínez Guzmán pone contra las cuerdas a Oliu para que lidere una fusión. El mexicano -que controla un 3,14% de Sabadell a través de su sociedad Fintech Europe, registrada en Luxemburgo- ya intentó fusionar el banco catalán con el Popular.

Fue en 2016, cuando acordó el movimiento con su compatriota Antonio del Valle en una operación que saltó por los aires ante la negativa de Ángel Ron de llevar a cabo los planes de los mexicanos. Ahora vuelve a la carga.

ATENTOS A...

Unicaja. La entidad que preside Manuel Azuaga presenta resultados el próximo viernes y por primera vez, se trasladará a Madrid para dar cuenta de sus números en la capital.

Como banco cotizado desde hace más de dos años, Unicaja quiere acercar su mensaje a los inversores y para ello, montará a su ejecutiva en un AVE para celebrar una rueda de prensa con los periodistas financieros que siguen el sector.

Es algo que el banco debería haber hecho ya el pasado año, pero quizás no lo hizo porque estaba en plena ebullición la finalmente fracasada fusión con Liberbank. Y es que en la banca mediana sí que hay presión para movimientos corporativos, aunque todos se resisten, aunque le pese a fondos como Oceanwood (accionista del banco asturiano) que, al igual que Oliu, quiere mover los océanos para buscar un novio al banco que preside Manuel Menéndez-Menéndez.