El Gobierno de coalición que han formado PSOE y Unidas Podemos trabaja en una ambiciosa reforma fiscal que tendrá su piedra de toque en los Presupuestos Generales del Estado. A pesar de que desde Moncloa insisten en que las medidas que se tomen no afectarán a las clases medias, esto no es del todo cierto.

Como mínimo una de ellas tendrá un importante impacto en el día a día del español medio. Se trata de la fiscalidad verde. Es decir, el abordaje de un modelo impositivo que tenga en cuenta el impacto ecológico y que tendrá una consecuencia inmediata: la subida del gasóleo o diésel en España.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman a EL ESPAÑOL que se mantienen los planes de llevar a cabo la equivalencia fiscal de este combustible, bonificado tributariamente para facilitar las ventas de los vehículos diésel, con la gasolina. De esta manera, el Gobierno espera obtener unos ingresos adicionales al año de 600 millones de euros.

Coste para el contribuyente

Esta equiparación fiscal del diésel (argumentada por las emisiones de CO2 de estos motores y su perjuicio a la salud humana) con la gasolina tendrá un inevitable impacto en el bolsillo de los usuarios.

A la espera de que la norma se retome en este 2020 (ya estaba en los planes del Gobierno en el proyecto presupuestario de 2019 que se quedó en la cuneta), los cálculos de Hacienda eran los de suprimir la bonificación del gasóleo costaría 3,8 céntimos más por litro a los conductores de vehículos diésel.

Las estimaciones del departamento que dirige María Jesús Montero eran que este tipo de consumidor realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que supone que tendrá que gastar 36 euros más al año.

Uso profesional

Eso sí: desde el Ministerio aseguran que los sectores que se están en la condición de usuarios de gasóleo profesional no se verán afectados por el alza fiscal.

Los ámbitos que se podrán beneficiar de este estatus son el del transporte de mercancías por carretera, por cuenta ajena o por cuenta propia; el del transporte de pasajeros regular u ocasional, y los taxis provistos de las preceptivas autorizaciones y de su respectivo taxímetro.

Además, Hacienda sostiene que no se verán afectados por el alza fiscal los colectivos profesionales cuya actividad depende del uso de vehículos diésel, como ocurre en el caso de autónomos que trabajan en los ámbitos de la construcción o del comercio.

Sin embargo, todavía se desconoce cómo articulará el Ministerio estas puntuales excepciones.

A por los combustibles

La equiparación tributaria del diésel es la primera medida conocida de la hora de ruta de fiscalidad verde que va a recorrer el Gobierno a lo largo de la legislatura que ya está empezando. Presuntamente, se incluiría en el proyecto de Presupuestos en el que ya se está trabajando. 

De hecho, Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, aseguró la semana pasada que "no habrá" nuevos subsidios a combustibles fósiles, como la gasolina o el gas, "salvo cuestiones sociales justificadas".

De hecho, la ministra avisó de que "se procederá a hacer un análisis y revisión de los que existen". De esta manera, todo parece indicar que la reforma fiscal no solo afectará a los ricos y a las rentas altas sino que, a través de los combustibles, la aportación de la clases medias a las arcas del Estado también aumentará.