El Gobierno ha fijado en "cero euros" la primera factura del Estado por el 'rescate' de las autopistas de peaje que quebraron durante la crisis, con lo que exime a las arcas públicas de pagar importe alguno a los antiguos concesionarios y acreedores de la M-12, la vía que une Madrid y el aeropuerto de Barajas.

Este es el resultado que arroja la fórmula que el Gobierno diseñó el pasado año para calcular lo que corresponde abonar a las antiguas concesionarias y a los acreedores de las autopistas por la inversión que en su día realizaron para construirlas, esto es, la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

En virtud de esta fórmula, el Departamento que dirige José Luis Ábalos ya ha determinado la RPA de la primera de las nueve vías rescatadas, la M-12 Eje Aeropuerto, cuya construcción y concesión corrió a cargo de OHL.

Según este cálculo, la RPA, la 'factura' a pagar por esta vía a OHL y los fondos que se quedaron con la deuda de la autopista es de 54,37 millones de euros.

Este es el importe que resulta de restar a los 150 millones que debería pagarse por construir la autopista (113,05 millones) y por las expropiaciones de terrenos pagadas (36,97 millones), los 95 millones que el Estado se ha gastado en poner la autopista 'a punto' tras rescatarla (11 millones) y abonar expropiaciones (84,62 millones).

Además, el Ejecutivo considera que debe "retener provisionalmente" 194,71 millones de euros para hacer frente a la liquidación de expropiaciones aún pendientes y no abonadas.

"Por ello, dado que esta retención provisional es superior la RPA de 54,3 millones, el monto a pagar por la resolución del contrato de concesión de la autopista al aeropuerto es de cero euros", asegura el Ministerio de Transportes.

"Este resultado significa que los tenedores de derechos de cobro por la autopista no reciben cantidad alguna", concluye el Departamento, tal como el diario Cinco Días avanza en su edición de este viernes.

No obstante, el Ministerio abre ahora un periodo de audiencia pública de quince días sobre esta liquidación de RPA para que los interesados puedan realizar alegaciones.

En paralelo, Transportes asegura que irá liquidando, y sometiendo también a alegaciones, la 'factura' de las otras ocho autopistas rescatadas. Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, y los tramos de la AP-7 Cartagena-Vera y Circunvalación de Alicante.

El saldo de este primer cálculo contrasta con las estimaciones de la factura global a pagar por las arcas públicas para el conjunto de las nueve autopistas de entre 1.200 y 2.000 millones de euros asumidas por distintos gobiernos e incluidas en sucesivos planes presupuestarios remitidos a Bruselas.

De hecho, en el último de estos planes, el Ejecutivo avanzó que durante el ejercicio 2020 el Estado podría tener que hacer frente a un primer pago de 120 millones por el rescate de las autopistas.

La senda que abre el cálculo de esta primera factura difiere más aún con la estimación de unos 5.000 millones que ha efectuado en distintas ocasiones el sector concesional.

De esta forma, se ratifica aún más la consideración de ambas partes de que finalmente las RPA de las nueve autopistas quebradas las acabarán fijando los tribunales.

De hecho, varias de las antiguas concesionarias de las vías y sus bancos acreedores ya recurrieron el pasado año ante el Tribunal Supremo el propio sistema de cálculo que el Gobierno aprobó en abril de 2019.

En esta fórmula, el Ejecutivo fijó en un importe máximo de 3.300 millones el importe total a pagar por el Estado a los antiguos concesionarios y acreedores de las autopistas, dado que ya avanzó que restaría la inversión que tuviera que realizar en mejorar la autopista y los pagos a los expropiados.