El pasado 29 de septiembre, mientras Teresa Ribera y Jordi Sevilla blandían sus espadas por el poder de Red Eléctrica Española (REE), Tenerife se quedó sin luz durante nueve horas. Según la versión oficial, el origen del apagón estuvo en el fallo de la parte de una subestación de la empresa española.
El entonces presidente de REE insinuó en su cuenta de Twitter que tras el grave incidente hubo algo más que lo que decía esa primera versión oficial. Sevilla recordó que "todo servicio público necesita cuidarlo, mantenerlo, mejorarlo y no recortes, ni 'hachazos' que acaban deteriorando el servicio".
Con más silencio se siguió lo ocurrido desde Endesa. La filial de la empresa semipública italiana Enel también está siendo investigada por el suceso por ser responsable de la otra parte de la instalación accidentada.
Como bien sabe el exministro del PSOE, lo que sucedió en Tenerife fue consecuencia de la amortización de las instalaciones insulares que han quedado obsoletas para la 'transición verde' que se está impulsando desde Madrid. Las renovables llegarán tarde a Canarias y Baleares, pero llegarán, lo que hace que no sea rentable invertir en mantener una infraestructura que está condenada al cierre.
Jordi Sevilla, expresidente de REE.
La propia Endesa ha cifrado ya en 8.500 millones la inversión necesaria para descarbonizar las islas. Sin embargo, la complejidad del sistema extrapeninsular complica la puesta en marcha de ese plan inversor.
Como canario y buen conocedor del modelo eléctrico isleño, el exministro José Manuel Soria, quiso intervenir en el mercado insular en sus años como ministro de Industria, Energía y Turismo. Y lo hizo de la mano de REE.
De algún u otro modo, en la actividad del sector energético español siempre ha habido injerencias políticas. Si Endesa tiene el cuasi control de la distribución eléctrica en Canarias y Baleares es por su herencia de empresa pública española. Y si el Gobierno del PP utilizó a Red Eléctrica Española para tratar de controlar mejor ese sistema también es por su capital público.
Sin embargo, a pesar de ser nombrado por Pedro Sánchez para sustituir a José Folgado -hombre en REE del PP-, Sevilla no dejó de recordar al presidente y ministros que se reunían cada viernes (ahora los martes) en La Moncloa que el 80% de REE estaba en manos privadas.
Un presidente del Ibex 35 se debe a sus accionistas y los planes que se trazan en los ministerios no siempre son lo mejor para las empresas.
Para hacer valer su poder en REE, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) hizo uso de sus sillones en su consejo de administración. Útil fue para ello el voto, entre otros, de la ex secretaria de Industria en Cataluña y expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Maite Costa.
Lo ocurrido en Canarias pone de manifiesto cómo la intervención política en la actividad privada no es lo mejor para los consumidores.
Las decisiones sobre las infraestructuras que dan luz a los habitantes de las islas españolas se toman en Madrid y en Roma. Las adereza el Cabildo, que también es actor en el sistema con una burocracia que poco ayuda al sector a poner en orden sus inversiones y por tanto sus instalaciones. Y la factura la pagan los contribuyentes por solidaridad territorial con esos cuatro millones de consumidores españoles que están fuera de la península.
Jordi Sevilla, Maite Costa, José Mª Marín Quemada, Teresa Ribera, José Folgado y José Manuel Soria.
Desde hace décadas, los españoles financian a través del recibo eléctrico y de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la luz de las islas (no solo en el caso de Canarias, también en el de Baleares) por una decisión política.
Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Endesa percibió 1.021 millones de euros de dinero público en 2017 y otros 1.300 millones en 2018 para no trasladar a los clientes insulares los costes extra en los que se incurre cada vez que se enciende una luz en las islas.
Una partida que va en aumento por la penalización económica que ha impuesto Bruselas a los derechos de emisión de CO2, como se verá cuando el regulador actualice sus datos.
La transparencia con la que se justifican esos costes no tiene tranquilo a José María Marín Quemada. Pero el presidente de la CNMC tiene demasiados frentes abiertos y está ya de salida, a la espera de que el Gobierno nombre a su sucesor y renueve a buena parte del consejo del organismo con una decisión en la que Ribera tiene mucho que decir. A la actual CNMC no le dará tiempo a meterse en ese berenjenal.
Sevilla se marcha con hitos a sus espaldas, como la compra de Hispasat o el aterrizaje de REE en Brasil, una operación denostada por Ribera, que con una visión cortoplacista pensó que con esas inversiones, REE contaría con menos recursos para financiar la red que el ministerio necesita en España para acelerar su Transición Ecológica.
También se va con mucho que decir sobre el apagón de Tenerife. El economista más célebre del PSOE por su Economía en dos tardes -que llegó a dar título a un libro- dejó entrever en sus críticas que no se estaba dotando a la red de Canarias de los recursos necesarios. Y se marcha, además, renunciando a un sueldo multimillonario y sin cobrar blindaje. Algo que le honra.
ATENTOS A...
Bonilla Vans. Esta empresa salmantina de remolques y furgonetas de transporte de caballos ultima un acuerdo con el Banco Santander para recibir financiación para comprar nueva maquinaria. La noticia no es que la entidad se disponga a conceder un crédito a esta empresa de Pedrosillo de Alba, sino que el préstamo se haya concedido después de que su propietario, Andrés Bonilla, contactase con Ana Botín a través de Instagram para contarle su proyecto y pedir el préstamo.
Ana Botín y el propietario de Bonilla Vans.
Lo contó la presidenta del Banco Santander en su última rueda de prensa de resultados, en la que avanzó que el acuerdo entre el banco y la empresa iría más allá de la mera financiación de esa maquinaria. Fuentes próximas a su equipo comentan que entre otros, se abordarán ayudas a la internacionalización de este negocio de la comarca de Alba de Tormes o algún acuerdo de confirming, entre otros servicios. Pero es la propia Botín, quien quiere contar en sus redes sociales los pormenores de la futura relación entre el banco y la pyme, cuando encuentre un rato libre para ello.
El salto de Groenlandia a Pedrosillo de Alba por parte de la mujer más influyente de España, según Forbes, se ha interpretado por parte de la competencia como fruto de una estudiada estrategia para mejorar la imagen del banco. Puede que sea cierto. Pero su espontaneidad y sus mensajes funcionan.
Al fin y al cabo eso es lo importante para los accionistas del banco. Según los estudios internos de Banco Santander, tras el programa de Jesús Calleja, el número de espectadores proclives a abrirse una cuenta en la entidad que preside Botín aumentó de forma significativa. Ana Botín seguirá dando mucho de qué hablar en sus redes sociales.
