La financiación autonómica siempre es objeto de polémicas, pero el pasado 2019 lo fue todavía más. El que no se lograra aprobar Presupuestos y que no hubiera Gobierno en plenas facultades provocó que las comunidades tuvieran que decir 'adiós' a 2.500 millones de euros.

Una importante cantidad de fondos que a día de hoy está en el limbo puesto que el Ministerio de Hacienda ya ha negado que la vaya a abonar. De hecho, incluso ha negado su existencia.

Estos 2.500 millones corresponden, ni más ni menos, a un mes de recaudación de IVA que las regiones no cobraron por culpa de un cambio contable que el ministro Cristóbal Montoro, del por entonces Gobierno de Mariano Rajoy, ejecutó en 2017.

Concretamente, Hacienda obligó hace tres años a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real. A cambio, permitió que el impuesto se pagara el 30 de cada mes en lugar del 20, y ello provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente.

Voluntad de solución

De ahí que las regiones no pudieran recibir en 2019 (que es cuando les hubiera tocado) un mes de recaudación por este impuesto, es decir, los 2.500 millones citados. Y lo cierto es que en Hacienda había voluntad para solucionar la situación.

De hecho, en el proyecto de Presupuestos de 2019 se habilitaban unos créditos para solucionarlo. Sin embargo, su rechazo por parte del Congreso impidió que la medida se pudiera poner en práctica y el Gobierno se quedó con las manos atadas al convocar elecciones entrar en funciones.

Sin embargo, con la entrada del nuevo año y la entrada en funcionamiento del nuevo Gobierno de coalición, las regiones daban por hecho que este problema se solventaría y los 2.500 millones les serían entregados... Nada más lejos de la realidad.

2.500 millones... ¿volatilizados?

Y es que en el último Consejo de Ministros, María Jesús Montero, responsable de Hacienda, sorprendió a propios y extraños afirmando que no habrá pago para las autonomías. Aseguró que esta cantidad "no existe" al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años.

Fuentes de Hacienda también se aferran a la versión de la ministra, que ha generado un shock en las regiones, incluidas en las socialistas. "La liquidación por la vía ordinaria ya no es posible", explican. "En julio tocará la liquidación de 2018". Es decir, que 2.500 millones se habrían perdido en los mares de la contabilidad.

¿Es esto posible? Fuentes fiscales lo niegan. De hecho, aseguran que no habría problema en que en 2020 se entregaran los 12 meses de 2018 de IVA más el mes de 2017 'perdido'.

Concretamente, no habría impedimentos legales ni presupuestarios para que se paguen los susodichos 2.500 millones. Con todo, admiten que es posible que hubiera que hacer un ajuste en contabilidad nacional y que hubiera cierto impacto en las arcas públicas de 2020.

Cabe recordar que, al no haber recibido la recaudación correspondiente por el IVA, son varias las comunidades que se han visto obligadas a romper sus límites de déficit en 2019, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). De haber recibido los susodichos ingresos, Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja habrían podido cumplir con los límites fiscales correspondientes.

Guerra judicial

Esto ha llevado a las comunidades autónomas, particularmente del Partido Popular, a plantear un frente judicial para reclamar lo que consideran que es suyo. Cada vez hay más. Si ya Cataluña y Madrid interpusieron los correspondientes recursos el año pasado, ahora varias regiones están poniendo sobre la mesa su intención de acudir a los tribunales.

Las que más claramente lo han hecho han sido Galicia y Andalucía, que ya han anunciado su intención de litigar. Sin embargo, no son las únicas. Las regiones socialistas también está 'moscas' ante la posibilidad de no recibir su IVA, y así lo han hecho saber sus barones.

Tanto Emiliano García-Page como como Javier Lambán o incluso el 'sanchista' Adrián Barbón, presidentes de Castilla-La Mancha, Aragón y Asturias, repectivamente, han avisado de recurrirán a los tribunales si Moncloa no les retribuye la recaudación que les corresponde.

Hasta la Comunidad Valenciana está con las espadas en alto por la situación. La primera gran polémica de la financiación autonómica está sobre la mesa y todo apunta a que el culebrón fiscal va a prolongarse a lo largo de 2020.