BBVA escuda sus pagos a Cenyt en que Interior autorizó la actividad privada de Villarejo

BBVA se escudó en que el Ministerio del Interior veía compatible los negocios privados del comisario Villarejo con su actividad como agente para justificar que el banco siguiera contratando sus servicios. En especial, después de que en el año 2015 se desvelara el entramado empresarial del expolicía.

La apertura del sumario de la investigación sobre la relación de la entidad con el excomisario ha permitido desvelar cuál será la estrategia de defensa de la primera empresa española imputada en una causa penal. El banco está investigado por los delitos de cohecho, corrupción en los negocios y revelación de secretos.

Según recogen los audios de la declaración del representante legal del banco, Adolfo Fraguas, el director de los Servicios Jurídicos de BBVA vivió un tenso momento en la Audiencia Nacional cuando el fiscal le preguntó por un artículo publicado en El País el 10 de marzo de 2015. Lo firmaba el exdirector de comunicación de BBVA, Javier Ayuso, y en él se destapaba el escandaloso entramado empresarial del policía en activo.

Fraguas respondió al fiscal que también en prensa por esas fechas -en concreto, un mes después- se publicó otro artículo en el que se aseguraba que la Policía consideraba que era compatible que Villarejo llevase a cabo una actividad privada al tiempo que prestaba sus servicios para el Estado como agente encubierto. "Se sabe que es correcto", afirmó el abogado.

Algo que no convenció al fiscal que mostró su sorpresa por el hecho de que una institución internacional con los controles de BBVA no revisara en el mes que separa un artículo del otro su relación con Cenyt. 

"El ministerio lo ha revisado y ha considerado que está bien", zanjó Fraguas.

La contratación de un policía retirado o en excedencia no solo no es delito, sino que es una práctica habitual en muchas empresas españolas. De hecho, Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del banco, era expolicía. Por ello, este punto es importante para determinar si hubo o no cohecho en la contratación del excomisario ahora en prisión.

BBVA lo supo en 2014

Según reconoció Fraguas, BBVA supo que Cenyt era propiedad de Villarejo a partir del año 2014.

Antes, solo el departamento de Blanqueo de Capitales conocía que el policía era propietario de la empresa de detectives y no lo pudo trasladar a otros departamentos por el cumplimiento de las 'murallas chinas' que existen en la banca.

Además, también lo sabía Julio Corrochano, el responsable de seguridad de la época de Francisco González que se encargó de contratar los servicios de Villarejo. Según considera la Fiscalía Anticorrupción, lo hizo "directamente" por orden del expresidente de BBVA.

En ese año, Cenyt ya había trabajado para el banco en los seguimientos a empresarios, políticos y periodistas que tuvieran alguna relación o conocimiento del intento de asalto de Sacyr al banco y también para ordenar seguimientos a empresarios del sector inmobiliario con problemas financieros y deudas con la entidad.

Pero todavía no había hecho los encargos de Ausbanc para seguir a Luis Pineda, con quien Fraguas reconoce que existía un "conflicto" de carácter personal con el expresidente de BBVA, Francisco González.

La Fiscalía Anticorrupción considera que esas actividades se llevaron a cabo con medios ilícitos, según consta en el sumario que todavía no ha llegado a todos los acusados, pero al que ya ha tenido acceso este periódico.

Como ya se había publicado, el abogado de BBVA trató de focalizar la relación entre el banco y Cenyt en Corrochano, que está en libertad bajo fianza de 300.000 euros.

Distancia con FG

Sin embargo, de los audios de su declaración también se desprende que el abogado del banco no hizo una férrea defensa de FG.

De hecho, ante la pregunta crucial de si el banco tiene elementos para pensar que el entonces presidente tuviera conocimiento de los contratos con Cenyt, Fraguas se limita a afirmar que no tienen "evidencia" de ello.

En otro momento, asegura que con la llegada del nuevo presidente, Carlos Torres Vila, se decide "romper con el pasado", lo que implica acabar con el 'caso Ausbanc' que marcó un "pasado" con "una gestión distinta", la de FG.

También le pregunta el fiscal al letrado que representa al banco por el contrato para el estudio de las fincas que FG quería comprar y el informe sobre el uso del avión privado del expresidente.

Algo sobre lo que Fraguas no quiso entrar en el fondo y se limitó a afirmar que no hay constancia de facturas por esos servicios sin descartar que se hubiera hecho algún tipo de pago con contrato o sin él. "Los informes es normal que se retribuyan", afirmó.

Complicado futuro judicial

De la declaración de Fraguas ante el fiscal y el juez Manuel García-Castellón, así como del contenido del sumario se desprende que la situación procesal de algunos exdirectivos del banco no es fácil.

Más allá de la acusación de Anticorrupción a Francisco González por ordenar la contratación de Cenyt, otros ejecutivos han quedado salpicados en esta investigación que, como recordó el fiscal a Fraguas, "afecta a la cúpula del banco". 

En especial, queda señalado Julio Corrochano y junto a él, el exdirector de los servicios jurídicos que fue cesado -se sospecha que por este caso-, Eduardo Arbizu. También el exfiscal de los servicios jurídicos del banco, Eduardo Ortega, queda en una situación comprometida por el episodio de su visita a la Comisaría junto con FG.

Otro de los ejecutivos en una posición delicada es el actual senior advisor del presidente de BBVA, Juan Asúa, puesto que el sumario afirma que supervisó los contratos con Cenyt que se hicieron por circuitos no legales.

Tampoco es fácil la situación de otros responsables del área de Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna, que deberían haber hecho saltar los controles para evitar que Compras pagara las facturas a Cenyt por unos servicios para los que se utilizaban medios que el fiscal considera "ilícitos".

En la causa hay más de una decena de altos directivos investigados por la comisión de varios delitos. Entre ellos, el expresidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, cuya declaración y documentación aportada a la causa ha sido clave para apuntalar la investigación.