"Me he enterado leyendo la prensa de que me han cesado como presidente de Distrito Castellana Norte, al parecer el pasado viernes. No tengo ninguna notificación". Así se manifestó Antonio Béjar, dolido, ante el juez García-Castellón el lunes 27 de julio de 2019, cuando decidió volver a comparecer de forma voluntaria para declarar y aportar "toda la documentación que tengo" sobre la contratación por el BBVA de Cenyt, la empresa del comisario José Manuel Villarejo.
Hasta entonces, Béjar, exdirector de riesgos del banco y luego presidente de DCN -la empresa encargada de la operación Chamartín, controlada por el BBVA- había comparecido como investigado dos veces. El 4 de julio sólo respondió a cuatro preguntas anodinas de su defensor, el exjuez Javier Gómez Bermúdez, sin aportar ningún dato relevante.
El 26 de julio las cosas cambiaron. Los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano pidieron para él una fianza de medio millón de euros. Por la noche, Béjar empezó a tener problemas con su correo electrónico profesional. Sin previo aviso, fue desconectado del servidor de Distrito Castellana Norte y su tarjeta de crédito fue anulada. Poco después recibió el pliego de cargos de un expediente disciplinario que, a la postre, le costó la expulsión del banco el pasado 18 de septiembre.
El 29 de julio Béjar decidió volver a la Audiencia Nacional. "¿El señor Francisco González le ha llamado?", fue la primera pregunta de su defensor. Durante el interrogatorio de ese día y del que tuvo lugar en la siguiente declaración -también voluntaria- el 9 de octubre siguiente, Gómez Bermúdez no dejó títere con cabeza, desde el expresidente del BBVA al exdirector de los servicios jurídicos, Eduardo Arbizu, pasando por Ignacio Goirigolzarri, Juan Asúa, Juan Ignacio Apoita, Ángel Cano, Manuel Castro, José Manuel Garcia Crespo, Antonio del Campo o José Sevilla. Y, por supuesto, Julio Corrochano, el responsable de seguridad del banco.
El propio forensic fue objeto de los dardos del defensor, que culpa a la investigación dirigida por Helena Prieto (bufete Garrigues) del expediente disciplinario que ha sufrido su cliente, a su parecer con la finalidad de buscar cabezas de turco y proteger al banco. "El forensic me dijo el primer día claramente que su función es lograr por todos los medios que el banco no resulte afectado", declaró Béjar ante el juez.
El defensor y el fiscal ahondaron en la llamada de FG al exdirector de riesgos, realizada entre la primera y la segunda declaración. "Me dijo que me llamaba para darme ánimo y darme un abrazo, que estuviera tranquilo, que esto iba a ser un incidente sin importancia en mi carrera y que del forensic lo que salía era nada. Que había un pequeño problema con las primas de éxito de Cenyt [el BBVA pagó a Villarejo por recuperación de bienes que realmente no estaban trabados por el banco] pero que eso se aclaraba seguro. Que no me preocupara y que dijera la verdad, lo que él venia diciendo de toda la vida de la doctrina FG".
- ¿Se sintió perturbado de cara a su posterior declaración judicial o presionado por el presidente?, quiso saber el fiscal.
- No, porque lo que me dijo es lo que yo pensaba hacer: decir la verdad, todo lo que ocurrió.
Lo que ocurrió, según Béjar, es que fue Francisco González el que, preocupado por la exposición del banco a la morosidad de las grandes compañías inmobiliarias o de la construcción, ordenó realizar investigaciones patrimoniales a los clientes porque tenía la "sospecha" de que ocultaban bienes.
Tras la orden del presidente, hubo una reunión entre el entonces consejero delegado, Ignacio Goirigolzarri, su jefe de gabinete, Sevilla, Asua, Arbizu y Béjar. Fue Goirigolzarri el que planteó contratar a la agencia Kroll, "que ha trabajado para nosotros en Latinoamérica".
Aparece Cenyt
Pero Kroll no encuentra bienes distintos de los ya señalados en los concursos de acreedores. Entonces "el presidente me dice al final de un despacho bilateral, cuando ya estaba casi abriéndome la puerta, que 'en esto de las investigaciones patrimoniales, como esto no ha funcionado [en referencia a Kroll] vais a trabajar con la firma que va a contratar Julio Corrochano'. No me dijo el nombre de la firma". Era Cenyt, la empresa de Villarejo.
- Esta investigación específica a través de agencias, ¿era para todos los grandes deudores del banco o para algunos concretos?, preguntó el fiscal.
- Se investigó a los deudores que el presidente ordenó. Había otros deudores que debían en mayor medida. Deduzco que la razón no fue solo cuantitativa.
Los contratos con Cenyt los firmó el entonces jefe de seguridad del banco, el expolicía Julio Corrochano. Según Béjar, "eso sólo pudo ser con autorización de Apoita, de Cano o del presidente porque el banco funciona por medio de una línea jerárquica".
El papel de servicios jurídicos
La intervención de Arbizu habría sido intensa y relevante. Béjar aseguró que "Cenyt le da a Arbizu un primer borrador o propuestas de contrato. Arbizu dijo que era un disparate, nos lo dijo a Asúa, a Castro y a mi. Arbizu dijo 'ya me ocupo yo de hablar con Corrochano y decirle que esto no puede ser y de hablar con el presidente'".
El área jurídica dirigida por Arbizu habría sido también conocedora de los informes patrimoniales elaborados por Villarejo. "Los servicios jurídicos valoraban la posibilidad de trabar los bienes a través de los procedimientos judiciales", dijo Béjar, que manifestó que él hablaba con el número dos de Villarejo, Rafael Redondo, y que sólo vio al comisario una vez.
- ¿Usted a Villarejo cuándo le pone cara?
- En 2016, por lo del pequeño Nicolás, cuando salió en TV. Le pongo cara un día que Corrochano - que insistía en que desde Castellana Norte volviéramos a contratar a Cenyt- se presentó allí con Redondo y Villarejo sin avisar de que iba a venir. Sin saber todavía lo que hoy se sabe, me di cuenta de que era un señor que salía mucho en TV con asuntos de esta naturaleza y no le contratamos. Nunca más les volví a ver a ninguno de los tres.
- ¿Usted sabía que medios empleaba Cenyt para las investigaciones patrimoniales?
- No. Eso lo controlaba Julio, que era quien los trajo. Eran informes muy largos pero que en el fondo no tenían mucha sustancia.
Los controles del banco
Béjar manifestó que él confió en que, dada la política del banco, la contratación de la empresa de Villarejo había pasado por los controles pertinentes. El fiscal le preguntó qué filtros se saltaron y el exdirector de riesgos los explicó así: "En la contratación, los procesos de homologación y filtrado de proveedores. Yo di por hecho que estando Arbizu, que era el máximo jefe de cumplimiento normativo involucrado en la contratación, esos procesos se estaban cumpliendo. Si no se cumplió, es porque Arbizu, Antonio del Campo (director de cumplimiento) y sus jefes, todos ellos, tenían autorización del presidente para hacerlo sin control. Durante la prestación del servicio, los servicios jurídicos tenían toda la documentación y analizaban lo que se hacía. Si falló algún control, también fallaron los servicios jurídicos. Y, luego, si durante 13 años no existe ningún informe de auditoría interna, que es el último eslabón, es porque alguien le ha dicho que no los haga o auditoría interna ha decidido no hacerlo de manera voluntaria. También falló el área de intervención y control de pagos o alguien le dijo: 'esto lo puedes pagar o págalo'".
- ¿Es posible que durante toda esa cadena saltara alguna alarma y nadie dijera nada?, preguntó el fiscal.
- El modelo de control del banco es muy sofisticado y muy intenso. En el BBVA un director de sucursal paga en una comida de trabajo un vino de 30 euros en vez de 20, que es la norma, y al día siguiente le llaman. Pensar que esos fallos pasaran con Cenyt a lo largo de 13 años y nadie lo detectara me parece imposible, contestó Béjar.