Hace más de 10 días que se abrió la mesa de diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales para abordar la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de Fátima Báñez y poco o nada se ha filtrado de una cita con mucho morbo periodístico y muchos implicados a los que preguntar.

En la CEOE, Antonio Garamendi ha dado orden de apagar los micrófonos para evitar filtraciones sobre una negociación en la que los empresarios se juegan mucho. De momento, esa discreción está siendo respetada por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos que tienen ante sí una oportunidad única para demostrar a sus votantes que la izquierda es capaz de cambiar las cosas cuando gobierna y anular parte del discurso de la derecha si lo hace de la mano de los empresarios.

El silencio en la sede de la calle Diego de León no significa que haya calma dentro de la CEOE. La patronal, que agrupa a sectores muy distintos y con intereses no siempre comunes, ha sabido mantener la apariencia de la unidad en la negociación para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ahora trabaja por ganarse el pan como agente social negociando el futuro de la reforma laboral. Ello a pesar de que no son pocos los empresarios que se sentían más cómodos con el discurso de su presidente en campaña, cuando abogaba por un Gobierno sin Pablo Iglesias.

De puertas adentro, los sectores más duros de las familias que conviven en la CEOE fueron muy críticos con la sonrisa cordial de Garamendi en la firma del acuerdo con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Pero ante la galería nadie ha querido hacer sangre con un debate, el del salario digno, que mal explicado puede dañar mucho la imagen del empresariado español en determinados sectores de la sociedad.

Con el mismo espíritu con el que se pactó la subida de 50 euros del SMI, los esfuerzos se centran ahora en evitar males mayores con la derogación de la reforma laboral. Para ello, Garamendi ha confiado a su directora de Relaciones Laborales, Rosa Sánchez, el sillón en la mesa de negociación que encabeza el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey.

Uno de los aspectos que más preocupa a Garamendi es el futuro del Artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que regula la subcontratación a terceros de obras o servicios que corresponden a su propia actividad.

Entre los empresarios se considera un verdadero peligro que el Gobierno de Pedro Sánchez decida hacer experimentos con esta regulación en un momento como el actual, en el que el cambio de ciclo complica a las empresas y los autónomos aumentar tamaño para prestar un servicio puntual cuando hay una alta demanda.

La subcontratación es una herramienta de "flexibilidad" vital para las empresas. Quizá ese término esté ya demasiado manido y sea el momento de buscar otro más fresco para describir las herramientas con las que hay que dotar a las empresas para que puedan engordar y adelgazar al compás de la demanda.

Un término que sea posible enlazar con el concepto de trabajo fijo y garantizado que encaja más con el ideario de Unai Sordo y Pepe Álvarez, que tienen ahora la sartén por el mango con la hija del sindicalista Suso Díaz en el poder.

Al fin y al cabo, sindicatos y empresarios comparten la idea de que España tiene que conseguir crear un empleo de mayor calidad y acorde con los tiempos digitales en los que vivimos, aunque no compartan las recetas para llegar a esa meta.

Ejemplo de esa diferencia de criterio es la negación por parte de la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, de los efectos negativos que ha tenido la subida del SMI sobre el empleo en el campo.

Un año después del primer aumento del casi 22% de golpe de los salarios más bajos, en la patronal se considera que ya hay datos que confirman que el nuevo SMI no ha tenido un efecto positivo en la economía española.

El desastroso dato de empleo en enero -con una destrucción media de más de 7.800 puestos de trabajo diarios- no es el único que lo ha puesto de manifiesto. El consumo privado de los españoles se desaceleró el pasado año, mientras la tasa de ahorro aumentó. 

Es decir, el 'efecto riqueza' que habría supuesto el aumento salarial para el algo más de millón de españoles que se vieron beneficiados por la medida se quedó en el banco. Eso sin contar con el trabajo destruido en sectores como el agrario o en el empleo del hogar. Como suelen decir los economistas, para que aumente el consumo -y con él el PIB- es necesario que crezca el empleo, más que los salarios.

El crecimiento económico va a dar mucho de qué hablar en esta legislatura en la que se espera que el PIB internacional empiece a levantar el vuelo, mientras España profundice algo más en su desaceleración en 2020. 

Tras el susto del dato de paro en enero, el anuncio del concurso de acreedores de la constructora de Inbisa con unas 1.500 viviendas en obra y más de 400 empleados nos retrotrajo el pasado viernes a los tiempos del arranque de una crisis que aún permanece viva en el imaginario colectivo. Byco no ha sido la primera sino que sigue los pasos de otros rivales de menor tamaño en los últimos meses (Sodelor, Oproler, Teginser o Tilmon) que se han ido acogiendo a lo largo del último año al procedimiento concursal.

Sin alarmismo, la economía obliga a estar vigilantes. Los empresarios confían en que las voces más cercanas al mundo económico del Gobierno -Nadia Calviño y José Luis Escrivá- les ayuden en una negociación que no por estar alejada de las cámaras va a ser sencilla.

ATENTOS A...

La apertura del sumario sobre el 'caso Cenyt-BBVA' ha confirmado las peores sospechas para el banco. Su exdirectivo, Antonio Béjar, 'cantó La Traviata' en la Audiencia Nacional y logró que la Fiscalía Anticorrupción pusiera en cuestión el informe 'forensic'. Una investigación interna que en la documentación aportada al juez apuntaba a unos pocos directivos del banco de niveles altos, pero con responsabilidades de mandos intermedios.

La excepción sería Ángel Cano, que cinco años después de los primeros contratos con Cenyt llegó a ser número dos de FG. Según algunas fuentes del mundo financiero, el exconsejero delegado se arrepiente de no haber declarado ante el juez. Pero tendrá su oportunidad.

Mientras, el próximo viernes Béjar ajustará cuentas con BBVA por su despido. El banco ofreció protección a otros imputados por sus facturas pagadas a la empresa de Villarejo, pero decidió prescindir del expresidente de Distrito Castellana Norte con un despido que mandó un claro mensaje a sus compañeros: "Cuando las barbas de Béjar veas pelar...". Ahora, se verá la caras con el banco en los juzgados por ese cese mientras nadie descarta que plantee alguna medida legal contra el cuestionado 'forensic'.