En abril de 2012, cuando el BOE publicó la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que va a saltar por los aires en esta legislatura, Podemos no había nacido y Rodrigo Rato vivía sus últimos días como presidente de Bankia.
España estaba en el abismo financiero. Se encaminaba a un rescate y para evitar que los mercados pudieran poner de nuevo al país entre las cuerdas se acordó que el déficit llegase a cero en 2020 para a partir de ahí, mantener el equilibrio de las cuentas.
Aquel año 2012, el déficit público cerró en 110.696 millones de euros (un 10,74% del PIB) y el Gobierno de Mariano Rajoy redobló los esfuerzos para contener una sangría de gasto público que era vigilada por Bruselas y el FMI con los hombres de negro que visitaban con frecuencia Madrid.
Mucho ha llovido desde entonces. En el país gobierna ahora una coalición de izquierdas con el foco de su discurso en reducir la desigualdad y en Bruselas hay una nueva corriente que considera que ha llegado el momento de acabar con unas sanciones por incumplimiento del déficit que han demostrado ser poco eficaces para exigir a los Estados que sean disciplinados.
La austeridad ya es cosa del pasado o "de la derecha", aunque fue Cristóbal Montoro el ministro que comenzó a aumentar el gasto en cuanto el Gobierno dejó de ver las orejas al lobo.
Si entre 2012 y 2018 España redujo el déficit en más de 80.200 millones (una media de unos 13.400 millones de euros anuales), entre 2018 y 2023 lo bajará en unos 18.500 millones (lo que sería una media de algo más de 3.000 millones al año).
La parálisis legislativa de la legislatura que marcó la moción de censura hizo que 2019 fuera un año estéril en reducción del déficit. Pedro Sánchez gobernó con un Presupuesto heredado que sirve ahora como punto de partida de unas cuentas que primarán el gasto frente al rigor fiscal.
El Consejo de Ministros de este martes aprobó un aumento del techo de gasto para 2020 de más de 4.700 millones de euros, un 3,8% más que el de hace un año. Solo con el aumento de sueldo de los funcionarios y la subida de las pensiones ya se ha gastado este año unos 4.500 millones de euros en un escenario conservador.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó su techo de gasto no financiero mientras su compañera Nadia Calviño daba un baño de realismo a las cifras manejadas hasta ahora al reconocer que la desaceleración es mayor de lo esperado y el PIB crecerá en 2020 un 1,6% (frente al 1,8% previsto hasta ahora).
El gasto crecerá este año a un ritmo que más que duplica lo que avanzará la economía española en 2020 y el déficit cerrará en el 1,8% (una décima más de lo esperado y siete más de lo prometido por Nadia Calviño a la UE en 2019).
Todo ello pese a que la recaudación aumentará este año por la vía del empleo que todavía se crea y los nuevos impuestos que el Gobierno pretende sacar adelante en los próximos meses.
Cuando Sánchez llegó al poder, recibió unas cuentas públicas con un desfase presupuestario del 2,54%. Un año y medio después, falta el dato de cierre de 2019 que la ministra portavoz evita ofrecer, pero que los servicios de estudios estiman en el 2,4%. Si el mejor escenario de Iván Redondo para esta legislatura se cumple y Sánchez y Pablo Iglesias mantienen su coalición hasta 2023, el déficit dentro de cuatro años bajará al 0,9%. Eso si el Gobierno es capaz de cumplir con sus nuevas previsiones.
Si se aplicara la ley de 2012, se deberían penalizar las desviaciones del déficit en las que incurran desde este año todas las Administraciones Públicas, incluido el Gobierno central. El déficit ya solo podría pasar el 0,4% con carácter excepcional y con una batería de reformas estructurales para corregir una desviación que se financia con la deuda que pagarán las futuras generaciones. Y la factura en intereses pronto comenzará a subir, según prevé el cuadro macroeconómico actualizado por Economía.
Se confirma que el equilibrio presupuestario ya es cosa del pasado. Eso sí, a nivel nacional. Para las autonomías el rigor fiscal sigue siendo importante. Y si no que se lo digan a Murcia, que está intervenida por María Jesús Montero por su morosidad, gracias a una herramienta de la que dotó al Gobierno la Ley de Estabilidad Presupuestaria que Unidas Podemos quiere fulminar.
