La Comisión Europea ha decidido este lunes ampliar su investigación por posibles ayudas públicas ilegales del Gobierno catalán para retener a Ryanair y otras compañías aéreas en los aeropuertos de Girona y Reus. Bruselas cree que estas subvenciones encubiertas podrían haber conferido a estas aerolíneas una ventaja indebida respecto a sus competidores incompatible con el mercado interior.

De confirmarse las sospechas del Ejecutivo comunitario, Ryanair y el resto de aerolíneas implicadas tendrían que devolver las subvenciones recibidas. Pero para llegar a una decisión definitiva todavía quedan muchos meses, incluso años.

De hecho, la investigación de Bruselas se abrió en 2013, hace ya casi siete años, a raíz de una denuncia de una compañía aérea que opera en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. El denunciante alega que los acuerdos comerciales celebrados entre las autoridades catalanas y Ryanair en Girona y Reus constituyen una ayuda estatal ilegal en favor del gigante low cost irlandés.

Los acuerdos en cuestión se refieren a publicidad sobre la región afectada (en este caso Cataluña) y contienen diversas condiciones relativas a la presencia y escala de las operaciones de las líneas aéreas en los dos aeropuertos. Lo que ha hecho este lunes Bruselas es ampliar su alcance incluyendo nuevos acuerdos comerciales.

"Tras la apertura de la investigación, España confirmó que existían acuerdos comerciales adicionales. A través de ellos, así como con los que ya se están investigando, Ryanair y otras aerolíneas han recibido pagos en forma de 'incentivos comerciales' desde 2004", ha explicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado. 

"En esta fase, la Comisión ha llegado a la conclusión preliminar de que la ayuda comercial concedida a Ryanair y otras compañías por las autoridades públicas españolas a través de los contratos de publicidad puede constituir una ayuda de Estado", prosigue la declaración.

La extensión de la investigación en profundidad concede a todas las partes interesadas  la posibilidad de enviar observaciones sobre las medidas, pero no prejuzga el resultado final de las pesquisas. Este tipo de expedientes no tiene plazos legales, por lo que la decisión final podría alargarse todavía durante años.