La lucha legal por las obras de la Cuidad de la Justicia de Madrid ha cerrado un nuevo asalto, y no quedan muchos más. El Tribunal Supremo ha desestimado este martes los recursos interpuestos por las empresas Acciona y OHL contra la Comunidad de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la Comunidad de Madrid el 3 de noviembre de 2017 y declaró conforme a Derecho la Orden de 17 de noviembre de 2015 de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional, por la que se dispuso el desistimiento del procedimiento de adjudicación correspondiente al contrato de concesión de obra pública denominado “Redacción del proyecto de ejecución, construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid”.

La Comunidad de Madrid trabajaba ya en septiembre en el futuro de la Ciudad de la Justicia, ubicada en Valdebebas, para reactivarla inmediatamente después de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre el recurso interpuesto por las empresas concesionarias del último proyecto al que renunció la expresidenta Cristina Cifuentes. Esta sentencia es un paso adelante en el proyecto.

Una ciudad en ruinas

El argumento del Gobierno de Cifuentes para dejar en pausa el proyecto iniciado por Esperanza Aguirre fue que algunas de las adjudicatarias del primer proyecto habían recurrido la segunda adjudicación. El importe total del contrato rondaba los 1.500 millones de euros.

El Gobierno de Cristina Cifuentes decidió trasladar a la Fiscalía General del Estado una denuncia por posibles "irregularidades" en la gestión del proyecto del Campus de la Justicia durante la época de Esperanza Aguirre como presidenta del Gobierno regional, según informaron fuentes del Ejecutivo madrileño.

Este paso respondía a un dictamen de la Abogacía General encargado por la Comunidad de Madrid sobre el proyecto diseñado por el entonces Gobierno de Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales y donde se recoge que se han detectado incumplimientos de forma "sistemática" de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad en los ejercicios entre 2005 y 2015.