Uber gana una nueva batalla al sector del taxi. El Tribunal Supremo acaba de declarar nulos los artículos 1 y 2 del Real Decreto publicado en diciembre de 2017 y por el que se regulaba la venta de licencias VTC, así como la puesta en marcha de una web de control para los viajes de los vehículos de alquiler con conductor. 

En concreto, al artículo 1 establecía que las licencias VTC "no podrán ser transmitidas hasta que hayan transcurrido dos años desde su expedición original por el órgano competente en materia de transporte terrestre". 

Ésta era una de las reclamaciones históricas de los taxistas para intentar frenar el avance de Uber y Cabify. El objetivo era evitar que pudieran seguir expandiendo sus flotas comprando licencias a particulares. Algo que, según el sector del taxi, estaba provocando el aumento de precio de estas licencias. 

Así consta en una sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que responde al recurso interpuesto por Uber contra la norma aprobada por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy en plena guerra del taxi.

Se trata de un recurso interpuesto por Uber contra la Administración del Estado y en la que constaban como codemandados la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) y también Antaxi. 

Anula la web de control

Por su parte, el artículo 2 destacaba la necesidad de que las empresas que operan con licencias de vehículos de alquiler sin conductor tendrían que "comunicar a la Administración, por vía electrónica, los datos reseñados en la hoja de ruta o el contrato", para lo que se iba a habilitar una web por parte de la Administración. 

Los magistrados de la Sala tercera de lo Contencioso Administrativo también han decidido anular la disposición transitoria única, en la que se establece que los propietarios de las licencias VTC tendrán que enviar los datos de contratación de viajes a la Administración del Estado para su inscripción en el registro electrónico. 

Entre los argumentos esgrimidos por Uber para oponerse a la puesta en marcha de esa especie de registro electrónico está la diferencia que marca con los taxis: éstos no tienen que notificar nada a la Administración. No sólo eso, es que para la plataforma podía vulnerarse el derecho a la intimidad. 

Cataluña, en riesgo 

Ahora está por ver cómo puede afectar esta anulación a las disposiciones aprobadas en Cataluña para controlar las VTC. Allí el Gobierno de Torra ha puesto en marcha ya el registro electrónico para este tipo de vehículos, por lo que es posible que tras la decisión del Supremo tenga que dar marcha atrás o reformular por completo el sistema que se puso en marcha.