Fase 2 de la crisis: la UE limita la entrada de los Gobiernos en las grandes empresas

Durante la primera fase de la crisis del coronavirus, las ayudas que han concedido los países de la UE a las empresas han sido en su mayoría avales públicos para créditos. Se trataba de garantizar que no se interrumpa el flujo de liquidez durante el periodo de hibernación económica por las medidas de confinamiento.

A fecha del viernes, la Comisión Europea, que ha dado una flexibilidad sin precedentes a este tipo de intervenciones, había aprobado ya más de 110 planes de este tipo (sólo 3 españoles) con un presupuesto total de 1,9 billones de euros.

Con el inicio del desconfinamiento en toda la UE y la economía en caída libre, la crisis pasa a la fase dos. Las dificultades de liquidez de las empresas amenazan con convertirse rápidamente en problemas de solvencia. La amenaza es una cadena de quiebras, que podría arrastrar a grandes empresas como aerolíneas, grupos turísticos o fabricantes de coches.

"A medida que la crisis evoluciona, muchas empresas necesitarán también capital para permanecer a flote", explica la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y responsable de Competencia, la liberal danesa Margrethe Vestager.

Por eso, el Ejecutivo comunitario ha decidido abrir todavía más la mano y permitir a los Estados entrar temporalmente en el capital de las compañías más golpeadas por la pandemia con fondos públicos. Es decir, lo que equivaldría a una nacionalización total o parcial, tal y como explicaba la vicepresidenta en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL. El objetivo es reducir los riesgos para la economía europea en su conjunto.

Desigualdad de condiciones

Tras varias semanas de consultas con los Estados miembros, Bruselas acaba de publicar el marco legal que regirá estas recapitalizaciones con dinero público. Unas intervenciones que estarán sujetas a condiciones muy estrictas para limitar las distorsiones en el mercado único.

El problema vuelve a ser que algunos países como Alemania o Dinamarca tienen mucho margen presupuestario para ayudar a sus empresas, mientras que otros como España o Italia no disponen de fondos para hacerlo. En este contexto, es muy difícil garantizar la igualdad de condiciones entre compañías que compiten en un mercado único. La crisis del coronavirus amenaza la supervivencia de este mercado.

Este es uno de los argumentos que ha esgrimido el Gobierno de Pedro Sánchez para crear en la UE un fondo de reconstrucción de 1,5 billones de euros para ayudar a los países más golpeados por el Covid-19, como España o Italia. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha dicho esta semana que este fondo podría usarse para ayudar a las empresas con problemas.

Pero este fondo de reconstrucción, si al final se llega a crear, no estará operativo hasta principios de 2021: Bruselas presentará su propuesta a finales de mayo y luego debe ser negociado y aprobado por los 27. Hasta entonces, serán los Estados miembros los que tengan que financiar las recapitalizaciones en función de sus recursos.

La primera condición que pone el Ejecutivo comunitario a las nacionalizaciones parciales o totales por el Covid es que deben ser intervenciones de último recurso. Es decir, la empresa está en riesgo de quiebra, no encuentra financiación en los mercados y su caída tendría un efecto significativo en el mercado en términos de empleo, por tener un carácter sistémico, ser altamente innovadora o prestar un servicio básico.

Esta medida excepcional sólo podrá utilizarse para empresas que eran viables antes de la crisis. La recapitalización pública no se puede aplicar a compañías que ya tenían dificultades antes del 31 de diciembre de 2019. Es decir, no sería una solución válida para los problemas recurrentes de Alitalia, por ejemplo.

Permanencia de 6 años

Como los problemas de solvencia pueden empezar a materializarse sólo en una fase posterior a medida que la crisis evoluciona, la inyección de fondos públicos en empresas estará autorizada en principio hasta julio de 2021.

La recapitalización debe limitarse al mínimo imprescindible para garantizar la viabilidad del beneficiario. Hay un tope: no se puede superar la posición de capital que la compañía tenía antes del Covid-19. Es decir, los Gobiernos no pueden aprovechar la crisis para fortalecer a sus compañías nacionales. 

Las intervenciones que superen los 250 millones de euros estarán sujetas a un examen pormenorizado de la Comisión Europea. Si la empresa beneficiaria tiene una posición dominante en el mercado, se le exigirán condiciones adicionales.

La inyección de capital por parte del Estado deberá llevarse a cabo a un precio que no supere el valor medio de las acciones de la compañía beneficiaria en los 15 días previos a la petición de ayuda. Si la empresa no cotiza, deberá realizarse una estimación independiente de su valor de mercado.

A priori, la permanencia máxima del Estado en el capital de las empresas golpeadas por el coronavirus no debe superar los seis años. Pero Bruselas ha establecido una serie de exigencias cuyo objetivo es incentivar una salida temprana. En primer lugar, la remuneración que la empresa debe pagar por el capital público subirá progresivamente en el tiempo.

Prohibidos los bonus

Hasta que el Estado se haya marchado por completo, las compañías no podrán pagar dividendos ni recomprar acciones a accionistas privados. Es más, hasta que no se devuelva al menos el 75% del capital público, se aplicarán límites estrictos en la política de remuneración de los directivos, incluyendo la prohibición de pagar bonus.

Además, las empresas no podrán aprovechar el refuerzo del capital público para comprar rivales. No obstante, esta prohibición tiene una serie de excepciones. Sí se puede adquirir hasta el 10% del capital de otra sociedad: Bruselas sostiene que este umbral no da ninguna posición de control y no quiere interferir en la actividad diaria de las sociedades. Además, a los beneficiarios también se les permitirá comprar, por ejemplo, a suministradores que entren en dificultades.

Las grandes empresas en las que el Estado adquiera más del 25% del capital deberán presentar un plan de salida. Si al cabo de los seis años años, el Estado no ha bajado del 15% de capital, la empresa deberá presentar un plan de reestructuración completo para garantizar su viabilidad futura sin más fondos públicos.