Los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, han pedido este jueves a los diputados de la comisión para la reconstrucción del Congreso que no aprovechen los fondos de la Unión Europea para generar más gasto público y retrasar la consolidación fiscal que tarde o temprano necesitará la economía española.

"La respuesta de la Unión Europea y el BCE ha sido rápida y contundente y eso nos ha permitido frenar la prima de riesgo. Pero ahora los recursos deben canalizarse de forma eficaz y debe hacerse un buen uso de los mismos", ha pedido Garamendi.

En la misma línea, Cuerva ha afirmado que "la reconstrucción pasa por más Europa y no por menos" y ha pedido "no caer en utilizar esos fondos para generar más gasto porque España necesitará reformas estructurales", ha recordado.

Ambos han recordado a los diputados la responsabilidad que tienen en un momento "crítico" para España de decidir qué sectores se van a impulsar y cuáles van a ser los vectores en los que se debe invertir para la recuperación económica que debería convertir a este país en más competitivo y moderno.

En ese sentido, Garamendi ha insistido en la necesidad de apostar por la industria sin desaprovechar, ni despreciar a otros sectores, como el turismo, en los que ya somos una potencia internacional.

Según ha advertido, en las regiones en las que la industria representa más del 20% del PIB, el paro antes del covid-19 era inferior al 10%. Es el caso de País Vasco, Navarra o provincias como Burgos. Por ello, han pedido que se retomen los objetivos de la agenda 20-20 por los cuáles la industria iba a representar este año ya el 20% del PIB, algo que no solo no se ha logrado sino que el sector ha perdido peso en el PIB en los últimos años.

Con un tono constructivo, pese a los ataques que han recibido de diputados como el de la CUP, los dos representantes de las grandes, pequeñas y medianas empresas se han puesto a disposición del Congreso para presentar propuestas y "recorrer esa última milla" que conecta a las políticas con las empresas.

Diálogo social

Además, han puesto en valor del diálogo social, que recoge la Constitución, al margen del color político que tenga el Gobierno con el que se tienen que sentar.

Ante los ataques a la reforma laboral de 2012 que han escuchado desde algunos sillones ocupados por partidos de izquierdas, Garamendi ha recordado que organismos internacionales como la OCDE, el FMI y la Comisión Europea han afirmado en los últimos días que esa reforma fue buena para España.

En ese sentido, Garamendi ha abogado por fomentar la "adaptabilidad" de las empresas en lugar de hablar de "flexibilización" que es un término ya demonizado pro algunos sectores de la sociedad.

Los dos representantes de los empresarios han pedido consenso político para generar confianza. De hecho, preguntado por la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, por este punto, Garamendi ha reconocido que lamenta que empresarios, clase política, Gobierno y trabajadores no estén trabajando "en la misma dirección" en un momento como el actual.

"La estabilidad es la base de la confianza", ha remachado, tras decir que le "sonroja" ver en televisión una crispación política que no ayuda a las empresas.

Propiedad privada

En ese marco de estabilidad, ambos han recordado laimportancia de dotar a las empresas de "seguridad jurídica" y de no poner en cuestión elementos básicos para el crecimiento económica como el derecho a la propiedad privada.

Un buen ejemplo de la incertidumbre que están soportando los empresarios en esta crisis es la indefinición de los ERTE que acaban el próximo 30 de junio y no está claro que el próximo Consejo de Ministros del 23 de junio vaya a aprobar su extensión en algunos casos. 

Garamendi ha pedido prolongar los ERTE hasta el 30 de diciembre de este año para que las empresas puedan recuperarse. Por su parte, Cuerva ha recordado que es imprescindible aprobar esa prórroga para evitar que se "tiren a la basura miles de millones gastados" en el pago de esas prestaciones y esos empleados acaben en el paro.

El líder de la CEOE ha recordado que el cierre de la economía para combatir la pandemia generó una caída del 40% de la actividad y que ya han cerrado 133.000 empresas en esta crisis.

"Nunca se habla de los empresarios que se quedan sin empresa. Hay 133.000 personas que han arriesgado su patrimonio, han generado empleo y que se han quedado en el calle y en muchos casos, sin la vivienda porque tenían hipotecada para su negocio", ha recordado Garamendi.

Para evitar más cierres, los empresarios reclaman extender medidas, como las moratorias del pago de impuestos, agilizar la concesión de los créditos ICO e incluso incrementar los avales o poner en marcha un plan de proveedores para que la Administración salde su deuda con las empresas y éstas tengan un respiro.