La Comisión Europea quiere dotarse de nuevas herramientas para poner coto a las empresas dopadas con subvenciones extranjeras, en particular de China. Unas empresas que según Bruselas aprovechan indebidamente estas ayudas públicas para adquirir compañías europeas o para obtener de forma injusta contratos públicos en la UE, por ejemplo para grandes proyectos de infrastructuras.

La propuesta constituye un giro importante en la política de apertura comercial sin límites que hasta ahora ha propugnado la UE y un intento del Ejecutivo comunitario de reforzar su autonomía estratégica frente a la creciente asertividad de China y la unilateralidad y el proteccionismo de los Estados Unidos de Donald Trump.

"Frente a la evolución del mundo, Europa se dota de instrumentos ambiciosos y de reglas claras para su mercado interior y su industria. Todas las empresas son bienvenidas, a condición de respetar todas nuestras reglas. La era de la Europa ingenua ha quedado atrás", ha proclamado el comisario de Mercado Interior, el francés Thierry Breton.

"La UE es una de las economías más abiertas del mundo y atrae un alto nivel de inversión de nuestros socios comerciales. Sin embargo, nuestra apertura se ve cada vez más amenazada por determinadas prácticas de comercio exterior, incluidas las subvenciones, que falsean la igualdad de condiciones en la UE", sostiene el comisario de Comercio, el irlandés Phil Hogan.

¿Es China la principal destinataria de estas restricciones? "Estas herramientas son para todo el mundo, no estamos pensando en ningún país concreto", asegura la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager. "Es verdad que tenemos discusiones con China y que se plantean interrogantes, pero tenemos otros casos también en Oriente Medio y en el resto del mundo", añade Breton.

Mucho más claro es el grupo popular en la Eurocámara, que se declara "extremadamente preocupado por la posibilidad de que China se beneficie de la recesión económica en Europa". "Urgimos a la Comisión a que siga adelante y proponga un escudo protector para detener el tour de compras chino en Europa y garantizar la igualdad de condiciones en la economía global", ha dicho su presidente, el alemán Manfred Weber.

Un número creciente de casos

Las reglas de la UE ya limitan la cantidad de ayudas públicas que pueden dar los Gobiernos comunitarios a sus empresas con el fin de evitar distorsiones a la competencia en el mercado único. Estas restricciones se han relajado ahora debido a la crisis del Covid-19, pero aún así Bruselas debe revisar y aprobar los planes de los Estados miembros.

El Ejecutivo asegura que "existe un número creciente de casos" en los que las subvenciones extranjeras parecen haber facilitado la adquisición de empresas de la UE o distorsionado la adjudicación de contratos públicos en Europa en detrimento de empresas no subvencionadas. Sin embargo, la UE carece de instrumentos para abordar estas distorsiones: existe una "laguna normativa".

Por eso, Bruselas propone ahora un catálogo de instrumentos para controlar el impacto de las subvenciones extranjeras. En primer lugar, una herramienta general de supervisión del mercado para detectar distorsiones provocadas por subvenciones extranjeras. Cuando se encuentren este tipo de ayudas públicas, la autoridad competente (la Comisión, pero también los Gobiernos nacionales) podrán exigir medidas correctivas, como la venta de activos o la devolución de los subsidios.

El segundo instrumento está especialmente concebido para las subvenciones extranjeras que se utilizan para facilitar la compra de empresas de la UE con un volumen de negocios superior a 100 millones de euros. En este caso, la empresa compradora deberá notificar a Bruselas que se ha beneficiado de estas ayudas. El Ejecutivo comunitario podrá imponer medidas correctivas, como desinversiones, pero también prohibir la compra.

El tercer instrumento se refiere a las subvenciones extranjeras en los procedimientos de licitación pública y obligaría a los beneficiarios a notificar estas ayudas al órgano de contratación nacional, que podría en última instancia excluirles del procedimiento. Este sistema de control se extendería también a las empresas que reciban financiación de la UE.

Las propuestas de Bruselas están contenidas en un Libro Blanco, que ahora se someterá a un procedimiento de consulta pública abierto hasta el 23 de septiembre de 2020. Una vez examinadas todas las contribuciones recibidas, la Comisión preparará una propuesta legislativa que espera presentar a principios del año que viene.