El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha avisado de que cuanto más tiempo se viva la "ficción" de que "todo es igual" será "peor", por lo que aboga por no "engañarse" y asumir que hay que hacer "ajustes importantes" debido a la crisis del Covid-19, al tiempo que ha avisado de que una 'tasa Google' de forma unilateral no es "conveniente" y ha recordado que hay estudios que constatan que a quien realmente puede perjudicar es a las empresas nacionales.

Así lo ha señalado Pich durante su intervención en la presentación telemática del documento 'Declaración de Sociedades 2019', en la que ha indicado que el turismo se está viendo "desgraciadamente" muy afectado en materia turística y ha dicho ver "evidente" que "habrá que pedir esfuerzos", por lo que ve conveniente que las administraciones digan cómo se "reestructura" para poder prestar los mismos servicios o al menos mantenerlos".

Pich ha indicado también que "en el fondo" hay "condicionalidad" en los fondos europeos, ya que ante una previsión de una ratio de deuda pública del 120% del PIB, hay que apelar a los inversores internacionales para que compren deuda, al margen de las compras que pueda realizar el BCE, por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de transmitir "señales de fiabilidad", de "saber dónde se va" como país y de estar "dispuestos a trabajar".

En este sentido, ha indicado que el "principal condicionante" es la prima de riesgo, ya que si no se establecen las condiciones de "claridad" y planificación podría subir, lo que reduciría las posibilidades de acción al tener que gastar más.

Tasa Google

Preguntado sobre la 'tasa Google' tras la carta enviada por el secretario del Tesoro de EE.UU. a los ministros de Finanzas de España, Francia, Reino Unido e Italia comunicando la suspensión del diálogo en la OCDE sobre el impuesto digital global y avisando de represalias, Pich ha apuntado que cuando se produjo el Brexit distintas autoridades ya avisaron de que no parecía "acertado" establecer de forma unilateral el impuesto.

"España es un país cuya economía es la número 10 u 11 del mundo, cuando dicen que somos el primero de algo, asústate", ha dicho Pich, quien ha recordado que hay estudios "bastante sesudos" que apuntan a que "realmente a quien perjudica es a las empresas nacionales", si bien ha añadido que se trata de "decisiones políticas".

Deducciones para el teletrabajo

En cuanto al Impuesto de Sociedades, Pich ha indicado que la recaudación en España es similar a la del resto de países al ser un impuesto "muy estandarizado", situándose en la media de la UE y la OCDE y por encima de países como Francia y Alemania.

Asimismo, ha mostrado su "preocupación" porque se cambien "constantemente" las reglas del juego, ya que genera "mucho peligro" de cara al interés de los inversores internacionales y nacionales. Por ello, ha pedido que se legisle "con cuidado", ya que se requiere enviar "señales de previsibilidad".

El secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) -órgano especializado en fiscalidad del CGE- ha apuntado que el establecimiento de un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible, tal y como está recogido en el acuerdo programático del Gobierno, afectará a "rarísimas empresas" porque la mayoría ya pagan un tipo superior.

En cuanto a la eliminación de la exención de dividendos, para que sea del 95% en lugar del 100%, ha cifrado en unos 1.000 millones la posible recaudación de la medida.

Entre las propuestas para el Impuesto de Sociedades, los economistas abogan por una deducción por inversiones relacionadas con el teletrabajo y con la adaptación del trabajo a las necesarias medidas de distanciamiento, dado que la crisis del Covid-19 ha obligado a las empresas a introducir apresuradamente el teletrabajo, originando unas "notables inversiones y gastos en equipos y para facilitar el acceso a Internet de los empleados", más los gastos de la vuelta al trabajo con seguridad.

También abogan por estimular la creación de empleo de manera directa con una deducción en cuota proporcional al incremento de plantilla -un importe multiplicado por cada trabajador/año con contrato indefinido- que se produzca en el plazo de 12 meses que van desde el pasado 16 de marzo al 15 de mayo de 2021 con respecto a la plantilla media de los 12 meses anteriores al 16 de marzo, y aplicable en ejercicios iniciados en 2020, a condición de que, por lo menos, se mantenga otro año la plantilla de esos 12 meses anteriores al 16 de marzo.

Pérdidas

En cuanto a los pagos fraccionados, creen conveniente modificar la regulación del pago mínimo según el resultado contable, apostando por su supresión o, por lo menos, sustituirlo por un porcentaje inferior que, como máximo, estuviera en torno al 20-21%. Para calcular la cuota a ingresar, creen que debería permitirse corregir el resultado contable con la exención de dividendos.

Igualmente, ven conveniente que la deducibilidad de las insolvencias fuera más fácil, para lo que propone reducir, de 6 a 3 meses el plazo de tiempo que tiene que transcurrir, desde el vencimiento de la obligación al final de ejercicio, para que el importe no satisfecho del crédito sea deducible.

En el caso de las deudas de entes públicos, se propone que, cuando se produzca un retraso en la obtención del cobro superior a 3 meses, la imputación temporal del ingreso no se produzca hasta que se perciba efectivamente el cobro.

Los economistas creen que se debería permitir la deducción de las pérdidas por deterioro que se produzcan en elementos del inmovilizado y de las inversiones inmobiliarias producidas por la crisis sanitaria y, de esta manera, acercar, al menos en este aspecto, el resultado contable a la base imponible.

Para que la pandemia no afecte a las libertades de amortización aplicadas por las empresas de reducida dimensión o pendientes de aplicar en 2019, si en 2020, como ven previsible, disminuyen las plantillas de empresas que han aplicado este incentivo, proponen modificar el artículo 102 de la LIS para que a estos efectos computen como trabajadores los afectados por un ERTE; y segunda, que 2020 no se tenga en cuenta a efectos de cálculo de los promedios, teniendo solo en cuenta 2019, salvo que 2020 fuera mejor.

En cuanto a la limitación de la deducibilidad de los gastos financieros, piden que se eleve el límite actual de deducibilidad mínima, establecido en un millón de euros, y que se amplíen los supuestos de no aplicación de la limitación -o la elevación particular del límite de deducibilidad mínima- respecto de determinados supuestos, como empresas de nueva creación, empresas constructoras o concesionarias de infraestructuras públicas, empresas afectadas por situaciones extraordinarias de moratoria o condonación, entre otras.

Reducción del IBI e impuestos

Desde el REAF-CGE también apuestan por el establecimiento de una reducción en el IBI de 2020 de todos los locales correspondientes, y en materia de IVA flexibilizar las condiciones y acelerar la recuperación de las cuotas repercutidas y no cobradas.

Por ello, proponen rebajar los plazos para poder reducir la base imponible que ahora mismo son de 1 año y de seis meses para grandes empresas y pymes, respectivamente.

Además, instan a plantear la posibilidad de una reducción de tipos, aún a sabiendas de las dificultades que entraña, respecto a sectores especialmente sensibles a la crisis sanitaria, como puede ser la hostelería, donde reducción puede ser más problemática por tener ya un tipo reducido, u otros como gimnasios o peluquerías.