Una de las mayores obras de ingeniería jamás realizada en el mundo va camino de ser más recordada por los métodos con los que se adjudicó que por la proeza que supone hacer posible que trenes de alta velocidad con cientos de pasajeros en su interior surquen el desierto sin inmutarse.

Los 6.700 millones del contrato del AVE a La Meca, adjudicado a un consorcio de 12 empresas españolas, siempre tendrán el borrón de los 64 millones de euros en comisiones que terminaron en una cuenta cuyo beneficiario final sería, supuestamente, el entonces Rey Juan Carlos I.

La investigación que ha abierto el fiscal suizo Yves Bertossa apunta directamente al monarca. Estas indagaciones señalarían que el Rey emérito supuestamente habría sido el beneficiario de un ingreso en la banca Mirabeaud de 64 millones de euros 'donados' por el monarca Abdalá bin Abdulaziz.

Y es que, el contrato del AVE a La Meca ha estado marcado por la polémica durante años. El 26 de octubre de 2011, el rey Abdullah de Arabia Saudí se decantó por la oferta española frente a su rival francesa para diseñar, construir, explotar y mantener durante 12 años la línea de alta velocidad ferroviaria que une las ciudades de Medina y La Meca. De esta forma culminaba un proceso de más de cinco años que había tenido como protagonistas a Juan Carlos I en el lado español y a Nicolas Sarkozy en el francés.

Ambos mandatarios se implicaron al máximo en un contrato que se convirtió en una competición al más alto nivel institucional y corporativo. No hay que olvidar que gran parte del proyecto se peleó en un momento en el que la crisis financiera de 2008 se había recrudecido. Hacerse con el proyecto suponía un gran alivio para las empresas involucradas y, además, un espaldarazo a la marca internacional en materia de infraestructuras del país que se impusiera.

Gran competición internacional

Pese a que el sprint final lo disputaron españoles y franceses, también fueron invitados a participar otros grupos. En concreto, un consorcio germano-saudí, del que formaban parte Siemens y los ferrocarriles estatales alemanes Deutsche Bahn (DB)y un consorcio coreano-japonés. 

El consorcio público-privado español lo integraron Talgo, Renfe, Adif, OHL, Copasa, Dimetronic, Inabensa, Cobra, Indra, Imathia, Ineco y Consultrans, junto a dos empresas locales. El francés fue encabezado por Alstom y la SNCF. Según la visión del entorno de este consorcio, los más de 1.000 millones de rebaja presentados por el consorcio ganador no estaban alineados con los requisitos del concurso. Los objetivos del proyecto no se podían cumplir por esa cuantía

Y es que durante meses se especuló con el claro favoritismo de la oferta francesa. Durante años Francia y Alemania fueron los países que abanderaron la alta velocidad ferroviaria. Pese a que España por aquel entonces ya construía kilómetros de alta velocidad a ritmo de récord, la propuesta francesa parecía tener más enteros para adjudicarse el contrato.

Según las crónicas de la época, la entrada en escena de Juan Carlos I jugó un papel fundamental para que la propuesta española fuera, finalmente, la elegida. Una participación habitual en el aquel entonces monarca español que tenía por costumbre liderar viajes institucionales con empresarios españoles a distintos destinos en los que existían oportunidades de negocio.

Investigación del fiscal del Supremo

En una década, Juan Carlos I ha pasado de protagonizar estas acciones comerciales a ser investigado por las contrapartidas que habría conseguido por su labor. La Fiscalía Anticorrupción envió el pasado mes de mayo a la Fiscalía del Tribunal Supremo las diligencias preprocesales que abrió a finales de 2018 para investigar un presunto delito de cohecho en actividades económicas internacionales en relación con las comisiones ilegales que pudieron pagarse en el AVE a La Meca.

Su condición de inviolabilidad hizo que en su momento se archivara la causa. Pese a ello, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, decidió iniciar una investigación sobre el Ave a La Meca no centrada en el exjefe del Estado, sino destinada a esclarecer el presunto pago de comisiones por empresas españolas.

Pero la investigación que, en paralelo, ha abierto el fiscal suizo Yves Bertossa sí apunta directamente al rey emérito al descubrirse que habría sido el beneficiario de un ingreso en la banca Mirabeaud de 64 millones 'donados' por el monarca Abdalá bin Abdulaziz.

Una vez que se conocieron estos hechos, los acontecimientos se desencadenaron. El Rey Felipe VI anunció que renunciaba a la herencia de Don Juan Carlos que pudiera corresponderle. Del mismo modo, comunicó que su padre dejaba de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa Real.

Ahora, el cerco se estrecha aún más. La justicia parece decidida a llegar hasta el último detalle de esta adjudicación. Un concurso que supuso un espaldarazo para el orgullo empresarial nacional que va camino de convertirse en una de las páginas más negras de la actividad internacional española.