Hace ya casi cuatro meses, en estas mismas páginas de El Español intentaba ofrecer un análisis de proyección económica sobre la situación que podía vivir a medio plazo el servicio de taxi, en relación con la inminente crisis económica que se vislumbraba como fruto de la pésima gestión gubernamental de la pandemia por coronavirus, y exponía algunas medidas -desoídas en su mayor parte- que podrían aliviar un escenario que se presentaba muy negativo.

Por desgracia, se han constatado fatídicamente los peores pronósticos. Además de los efectos de unas restricciones arbitrarias por presuntos motivos sanitarios, no existe recuperación y el verano no está siendo lo que muchos esperaban. La temporada ha sido nula y no hay recuperación posible.

La práctica inexistencia de turismo internacional ha dejado los grandes puntos de generación de demanda, como puertos y aeropuertos casi vacíos, y el ocio nocturno está siendo estigmatizado como foco de presuntos rebrotes de la Covid-19.

El teletrabajo (para el que aún lo conserve), la supresión de las competiciones deportivas, cancelación de fiestas populares, conciertos y cualesquiera eventos de masas, no sólo reducen las necesidades ciudadanas de transporte estival, sino que deprimen sociológicamente a toda la población, que retrae en general cualquier actividad social y de movimiento, por limitado que sea.

El hundimiento del consumo se está notando aún más en aquellas zonas económicamente dependientes del “monocultivo” del turismo, donde se observan caídas de demanda del servicio de taxi por encima del 80%. Las grandes ciudades que en verano bajaban la actividad de taxi, reduciendo la flota a la mitad, este año ni así alcanzan una facturación del 30%, por lo que prácticamente empatan con las citadas zonas turísticas. Las zonas rurales tampoco dan para mucho más que cubrir los costes de la actividad.

Todo confluye en una crisis de demanda del servicio de taxi, que en modo alguno invita a ser optimistas respecto a los meses de otoño, por no estar garantizado en modo alguno, ni el normal calendario escolar, ni la recuperación de la actividad económica. Más bien, al contrario, la crisis se agrava en un ciclo diabólico de recesión, con la amenaza latente de una “segunda ola”, que no llegará pero que retrae gastos e inversiones, al multiplicar la incertidumbre.

La caída del 18,5% del PIB en el trimestre pasado, el incremento imparable en numero de desocupados, dificultan mucho la existencia de renta disponible para el uso del servicio público del taxi, que será menos asequible en estas circunstancias. Los conductores asalariados del taxi continúan mayoritariamente en ERTE que toman cariz de futuros ERE. Las previsiones que pronosticaba en abril, con pérdidas sobre -72 y -76% de facturación respecto a 2019, se consolidan. Este 2020 es ya, salvo milagro, un ejercicio perdido, sin beneficio ninguno.

Mientras tanto, para capear la tormenta, los taxistas, en un evidente reconocimiento de “estado de ruina”, -allí dónde han podido- han intentado “autoregular” la oferta para repartir la miseria de las escasas carreras que se solicitan, persiguiendo estabilizar un 25% de demanda que, lejos de producir beneficio alguno, solo permite cubrir gastos. En los momentos de crisis económicas los autónomos -el 98,3% de los taxistas lo son- sobreviven mejor que las empresas, pero a un coste social y personal devastador.

Las ayudas públicas han sido insuficientes y, además, no son la solución. Como mucho pueden ser un apoyo coyuntural necesario. Dichas ayudas, mal diseñadas, de momento, se han volcado con los servicios que tienen obligación de servicio público (OSP) como autobuses, metro, cercanías, etc., y, por tanto, no han alcanzado a los taxistas. Las prestaciones por cese de actividad han sido planteadas de tal modo que tampoco han cubierto sino de un modo tangencial, insuficiente y desincentivador a los taxistas.

Pero estas medidas de contingencia, son solo un parche, y no pueden perpetuarse. La salida de esta situación es muy compleja si no se actúa pronto sobre el numero de operadores, los costes de la actividad y los precios del servicio. Las soluciones deben articularse en torno a la reordenación, la competitividad, sostenibilidad y eficiencia del sector. El sector del taxi tiene un potencial gigante, es un generador económico nato y un factor dinamizador de las ciudades. No debe dejársele caer.

Las asociaciones de taxistas, que actuaron en la década pasada con gran beligerancia en defensa de sus intereses sectoriales, ahora parecen padecer cierta desesperanza en la lucha reivindicativa de medidas públicas sensatas. Estas estructuras necesitan también un reciclaje urgente ante los nuevos tiempos. La “captura del regulador” no es suficiente estrategia para lo que se viene encima, y harán bien en reciclarse en actores proactivos, en vez de reactivos.

Para colmo de males, con más de 100.000 familias dependientes del sector, los taxistas, han sido abandonados a su suerte por el Gobierno de progreso “que no iba a dejar a nadie atrás”, después de ofrecerles en campaña el “oro y el moro”, pero la realidad es que no tiene ningún plan, criterio, ni políticas diseñadas para acometer este reto. Ni tampoco parece preocuparle.

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, tampoco disponen de mucho músculo económico para cumplir con las obligaciones de “umbral mínimo de rentabilidad en su explotación” que se recogen en la mayoría de reglamentos y ordenanzas reguladoras de la actividad del taxi, y, salvo algún gesto puntual, se encojen de hombros ante las peticiones de socorro de este colectivo prestatario de un servicio público municipal.

En muchas ocasiones hemos sostenido como el Gobierno central, tiene una deuda “histórica” con este sector, por la que debería compensarle de una gestión -cuanto menos errática-, que ha inflado su mercado hasta en un 50%, otorgando autorizaciones VTC sin ningún criterio socioeconómico que atendiera los intereses generales, como era su obligación.

Es el momento de arbitrar esa compensación ante aquel desafuero, y un buen comienzo para ello sería atajar la partida de los gastos de la actividad y suspender de inmediato todo impuesto y cotizaciones derivadas de la misma, durante el tiempo necesario hasta que la demanda de movilidad en taxi remonte a niveles previos a esta crisis, y luego proceder a una rebaja radical de los mismos, junto con el alivio en lo posible de las cargas financieras y de prestamos. De un modo real, pues los decretos aprobados hasta la fecha son puro humo que no alcanza a beneficiar al taxi. El Estado está malgastando recursos en numerosos sectores, abandonando a su suerte a los taxistas.

De inmediato, este otoño, las administraciones tendrían que abordar el “Pacto por la Movilidad”, ya solicitado decenas de veces por organizaciones como Fedetaxi, redimensionando el sector, con una perspectiva de sostenibilidad y de racionalización, que no se atrevieron a ejecutar en septiembre de 2018 con el llamado “Decreto Ábalos”.

Igualmente sería preciso que cundan los proyectos de unión o solidaridad entre los taxistas, tan necesarios como los proyectos de cooperación económica, vía entidades de economía social o de alianzas estratégicas para capear mejor el crítico futuro que acecha al servicio de taxi.

Desde las estructuras directivas sectoriales, ni se puede ni se sabe ofrecer ningún proyecto que ilusione a unos profesionales que ven cómo pasan horas y horas en una parada esperando a cargar, y cuyas mejores expectativas se cumplen colaborando con plataformas multinacionales (ajenas a aquellas estructuras), que aún retienen parte de sus usuarios. El sector debe “reinventarse” con la ecología, sostenibilidad y un poderoso vuelco hacia las necesidades de sus usuarios.

La realidad es que, si no se producen inmediatas reformas estructurales que por un lado permitan mayor flexibilidad en el régimen tarifario y por otro impulsen la tecnología en toda la cadena del servicio, desde la electrificación de las flotas, hasta la gestión de facturación y servicios B2B anejos al transporte de pasajeros, para que el taxista multiplique la competitividad de su servicio, atraiga y fidelice toda la demanda que pueda, el taxi se va a convertir en un sector en “estado de calamidad o ruina”, que se degrade a mayor ritmo que otros segmentos del transporte.

Si no se actúa y se persiste en el abandono, muchos se “quedaran atrás”. Aún podemos impedirlo.

*** Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en Movilidad.