El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cree que decretar un estado de alarma de más de seis meses y sin control parlamentario va a dañar a la economía. Así lo ha asegurado durante una mesa redonda en la que ha participado dentro del XXIII Congreso de la Empresa Familiar que ha inaugurado el rey Felipe VI este lunes y en el que esta mañana participará también el líder del PP, Pablo Casado.

Según ha advertido Garamendi, será necesario aprobar nuevas medidas de choque económico para ayudar a las empresas en los próximos años. En ese sentido, se ha referido en primer lugar a los ERTE, que están sujetos a un acuerdo que vence el 31 de enero, cuando el Gobierno va a llevar las medidas adoptadas para esta situación excepcional hasta el 9 de mayo.

"Compartimos las medidas pero no los plazos. ¿Qué hacemos con la Semana Santa? ¿Nos la cargamos con el plazo de mayo? Hay que poner plazos más cortos, con revisiones, con control del parlamento", ha afirmado el presidente de la patronal.

Y es que entre sus mayores preocupaciones figura ahora el hecho de que el estado de alarma pueda llevarse por delante la Semana Santa, en la que el sector del Turismo había puesto sus esperanzas para retomar la actividad el próximo año.

Más ayudas

En una mesa redonda, en la que ha participado con el presidente del Insituto de la Empresa Familiar, Marc Puig, Garamendi ha señalado que las medidas de choque aprobadas por el Gobierno no han consumido tantos recursos económicos como se suele presumir desde el Ejecutivo.

En ese sentido, ha recordado que los préstamos ICO han sido puestos sobre la mesa por la banca y el Estado solo ha avalado parte de esos créditos.

"Cuando se dice que se han movilizado 200.000 millones de euros, no es cierto. Hay 100.000 millones que los bancos han aportado", ha explicado para subrayar que el dinero público para ayudar a las empresas no alcanza el volumen que se refleja a veces en los medios.

Garamendi considera imprescindible que se alarguen los plazos para devolver estos préstamos y confía en que la Autoridad Europea Bancaria (EBA) así lo autorice.

Por otra parte, el presidente de CEOE ha señalado que hay otras alternativas para ayudar a las empresas y se ha referido al excedente de los ayuntamientos que el Ministerio de Hacienda ha tratado de absorber.

En su opinión, las corporaciones locales pueden hacer mucho por ayudar a las empresas con medidas como las exenciones de IBI para comercios y hostelería.

Fondos de la UE

Garamendi también se ha referido a los fondos europeos y ha señalado que es preferible no solicitar una ingente cantidad de recursos y pedir solo una parte, pero utilizar esos fondos con sentido.

Para ilustrar su opinión, ha afirmado que España no puede caer en utilizar las ayudas de la Unión Europea para lanzar otro 'Plan E', en alusión al plan con el que José Luis Rodríguez Zapatero trató de sostener la economía en la crisis de 2008 con un dinero que se entregó a los ayuntamientos para infrastructuras locales que después no ayudaron a mejorar la competitividad.

También Puig se ha referido a los fondos europeos y ha reconocido que será difícil implementarlas, pero se ha preguntado ¿qué hubiésemos hecho sin ellas? 

En su opinión, esos fondos deben utilizarse para proyectos que España no habría podido impulsar de no ser por ese balón de oxígeno.

Pero ha destacado que es importante que esas ayudas que canalizará la Oficina Económica del presidente del Gobierno lleguen a las empresas españolas. En ese sentido, se ha referido a los préstamos ICO como un ejemplo de mecanismo que ha funcionado para que unas ayudas lleguen al tejido productivo.