La dirección de Ford Almussafes reunió este lunes a los representantes sindicales de la factoría con el objetivo de buscar una salida para alrededor de 90 empleados. Se trata de trabajadores que arrastran bajas de larga duración, según expuso la compañía en una comisión consultiva con el comité de empresa.

Fuentes sindicales consultadas por Invertia explican que parte de estos 90 empleados están en condiciones de obtener una invalidez, si bien otros no, pese a seguir incapacitados para desempeñar sus funciones habituales en la fábrica de automóviles.

Ante tal circunstancia, Ford Almussafes planteó la aplicación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores que contempla la extinción de contratos por “causas objetivas”. En concreto, por “ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa”.

UGT, sindicato mayoritario de la factoría, trasladó su voluntad de llegar a un acuerdo con la empresa, tal y como ya se hizo años atrás. Las organizaciones STM Intersindical, CCOO y CGT exigieron garantías para estos empleados y pidieron que, en caso de aprobarse un plan para acometer estas salidas, este sea de carácter voluntario.

Ford Almussafes, como el grueso de las fábricas de automóviles del mundo, se encuentra en un momento delicado, marcado por una grave caída en las ventas derivada de la pandemia. Además, el sector arrastra un profundo proceso de cambio para adaptarse a la transformación tecnológica de los automóviles y a las nuevas fórmulas de movilidad por las que optan sus potenciales clientes.

13.500 coches menos

Para adaptarse a este escenario, la compañía acaba de aprobar un nuevo ERTE en la planta valenciana para 600 empleados que supondrá la fabricación de 13.500 coches menos de los previstos.

En paralelo, la factoría sufre la crisis propia de Ford, cuyo negocio sufre pérdidas a nivel mundial y Europa en particular, continente al que abastece la fábrica valenciana.

El comité de empresa europeo de la enseña del óvalo alertó recientemente de que los recortes anunciados en Brasil establecen un ejemplo peligroso para las sedes productivas europeas.