La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), dependiente del Ministerio de José Luis Escrivá, ha adjudicado a Accenture un contrato por valor de algo más de 2,16 millones de euros para ayudarle a combatir el fraude en la Seguridad Social, principalmente en focos como el de las empresas ficticias y los falsos autónomos.

El contrato, que se ha desarrollado mediante procedimiento abierto, se publicó hace unos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque se formalizó el pasado 5 de noviembre de 2020.

Mediante esta adjudicación, Accenture prestará servicios de consultoría estratégica para el mantenimiento y desarrollo del modelo de lucha contra el fraude a la Seguridad Social en el ámbito de la TGSS.

Según consta en el pliego de prescripciones técnicas del contrato al que ha tenido acceso Europa Press, se incluye el establecimiento de sistemas, basados en el análisis de datos, que permitan diseñar e implantar nuevos controles para comprobar la correcta ejecución de las obligaciones de empresas y ciudadanos en materia de afiliación, cotización y recaudación, y sus posibles incumplimientos.

Accenture colaborará con la TGSS en el mantenimiento, desarrollo y actualización del modelo de lucha contra el fraude durante un periodo de dos años, y ayudará en la planificación de tareas; en el modo de seguimiento y control; en la definición de perfiles y patrones de comportamiento, y en la formación de los funcionarios asignados a esta tarea.

El modelo de lucha contra el fraude potenciará la observación de aquellos focos de fraude más importantes en cada momento y la prevención del mismo durante la gestión de la afiliación, la cotización y la recaudación.

Asimismo, impulsará la detección precoz de posibles fraudes en el ámbito de las prestaciones de la Seguridad Social, con un continuo seguimiento y control de los resultados.

Las prioridades

La Seguridad Social expone en uno de los pliegos del contrato que, dentro de los focos de fraude, se debe dar prioridad a la lucha contra el fraude organizado; la prevención de la morosidad, definiendo patrones de fraude a partir de aquellas empresas que en los últimos años incumplieron sus obligaciones de pago, y la detección temprana de empresas ficticias sin actividad en materia de prestaciones, así como de altas fraudulentas de trabajadores en empresas reales con actividad, incluida la detección de situaciones irregulares en el Régimen de Autónomos.

También será prioritaria la identificación de falsos autónomos (trabajadores que en realidad son asalariados pero que se encuadran indebidamente en el Régimen de Autónomos para pagar menos cotizaciones) y la detección de situaciones de fraude en el ámbito de la economía digital.