La prohibición definitiva de la venta de coches diésel, de gasolina y también híbridos en toda la UE ya tiene fecha. La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto este miércoles una nueva legislación que obligará a que todos los vehículos comercializados en Europa a partir de 2035 sean de cero emisiones.
En la práctica, eso significa que desde esa fecha sólo se podrán vender coches eléctricos o de hidrógeno, salvo que se produzca una revolución en la tecnología de combustión que ahora no está en las cartas. La propuesta todavía debe ser negociada con los Gobiernos de los 27 y la Eurocámara, pero algunos fabricantes como Volkswagen se han adelantado y ya han anunciado que a partir de 2035 sólo venderán coches eléctricos en la UE.
El Ejecutivo comunitario ha decidido tomar esta drástica decisión tras constatar que todas las medidas adoptadas hasta ahora para recortar las emisiones de CO2 de los coches no han funcionado. El aumento del tráfico ha contrarrestado ampliamente las mejoras en la tecnología de los motores. Al mismo tiempo, la industria ya ha empezado a apostar por los vehículos limpios y Bruselas pretende estimular y acelerar este ciclo de inversión.
La prohibición de vender nuevos coches de combustión e híbridos a partir de 2035 forma parte del arsenal de medidas (Fit for 55, en jerga bruselense) que ha presentado Bruselas este martes para acelerar la lucha contra el cambio climático. La nueva legislación pretende garantizar que la UE cumpla su objetivo de reducir un 55% sus emisiones de efecto invernadero de aquí a 2030 y alcance la neutralidad climática en 2050. El paquete incluye también una tasa de CO2 para las importaciones de países contaminantes y un fondo europeo para combatir la pobreza energética.
La legislación vigente en la UE ya limita las emisiones medias de CO2 de los coches a 95 gramos por kilómetro de media. Además, impone una reducción obligatoria adicional del 15% para 2025 y del 37,5% para 2030. El Ejecutivo comunitario propone ahora endurecer el recorte en 2030 (que pasaría al 55%) y fijar un nuevo objetivo de reducción de emisiones del 100% para 2035. "En 2035, esperamos que toda la nueva flota de coches sea de cero emisiones y lo mismo para las furgonetas", explican fuentes comunitarias.
¿Qué pasará con los coches híbridos y de combustión vendidos antes de esa fecha? A ellos no les afecta la prohibición: podrán seguir circulando con normalidad. Pero la Comisión espera que el veto acabe acelerando la sustitución de la vieja flota por vehículos limpios, también en el mercado de segunda mano.
Además, a partir de 2026 el sector del transporte por carretera se incluirá en un nuevo régimen de comercio de emisiones, lo que en la práctica supone introducir una tasa al CO2 de los carburantes, que afectará particularmente a los vehíclos viejos que no se sustituyan. Se trata de otra medida para impulsar la transición hacia el coche eléctrico de toda la flota.
El Ejecutivo comunitario subraya que la nueva legislación es tecnológicamente neutra, aunque en la práctica supone el final de los vehículos de combustión e híbridos. "Cero emisiones significa cero emisiones. Si inventas un motor de combustión que no produzca emisiones, podrás usarlo. Hasta ahora no se ha inventado. Un motor que pueda funcionar con 100% biocarburantes también se calificaría", señalan las fuentes consultadas.
"Pero lo que esperamos en la práctica es que la tendencia hacia la electrificación de la nueva flota de coches se acelere y que en 2035 tengamos casi exclusivamente motores eléctricos", agregan.
Híbridos para la transición
¿Y los coches híbridos? "Los híbridos, en la medida que producen emisiones, no serán admitidos en la nueva flota a partir de 2035, salvo si se logra hacerlos funcionar con un combustible que no emita nada, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. En principio, los híbridos tienen un papel de transición todavía muy importante en 2030, pero están destinados a desaparecer", explican en el Ejecutivo comunitario.
Las nuevas normas no se aplican a las motos ni tampoco a los camiones pesados, para los que la legislación se revisará el año que viene.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha presentado legislación para acelerar el despliegue de la red de carga de vehículos eléctricos en toda la UE. A finales del año pasado apenas había 226.000 puntos de carga públicamente accesibles en los 27 Estados miembros. Pero además, el 70% de ellos estaban concentrados en Holanda, Francia y Alemania. En 2020, sólo existían 125 estaciones de hidrógeno en toda Europa.
Las nuevas normas obligan a los Estados miembros a instalar puntos de recarga y de repostaje en intervalos regulares en los grandes ejes viarios de la UE: cada 60 kilómetros para los vehículos eléctricos y cada 150 kilómetros para el repostaje de coches de hidrógeno.
Bruselas calcula que construir una red de recarga pública adecuada en la UE tendrá un coste de 15.000 millones de euros en la próxima década, sumando inversión pública y privada. Y recuerda a los Estados miembros que ya tienen múltiples fuentes de financiación disponibles, como las ayudas de Next Generation o los fondos estructurales tradicionales.