Anticorrupción quiere que se revierta también la exoneración del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y del expresidente de CaixaBank Isidro Fainé, contra los que -afirma- existen indicios de que conocieron y autorizaron la contratación de Villarejo, el cual empleó métodos ilegales para averiguar los planes de Del Rivero. El empresario también ha presentado su propio recurso de apelación ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional, coincidente en aspectos esenciales con el de la Fiscalía. 

Anticorrupción y Del Rivero consideran que el cierre de la investigación por García-Castellón, sólo 20 días después de que el mismo juez diera la condición de investigadas a Repsol y CaixaBank y 16 días después de acordar la prórroga de las diligencias, es sorpresivo y precipitado.

"Cierre en falso"

Es un "cierre en falso", sostiene la Fiscalía, con el que el instructor ha "privilegiado" a Fainé y Brufau frente a otros investigados y que se produce, contradictoriamente, cuando estaban pendientes de cumplimentación diligencias acordadas por el propio juez, como la entrega de documentación sobre la contratación de Villarejo requerida a Repsol.

Entre esas diligencias pendientes estaban también las declaraciones de los responsables de cumplimiento normativo de Repsol y Caixa. Para la Fiscalía, no se puede afirmar, como hace el instructor, que ambas compañías disponían de sistemas de prevención de delitos y de cumplimiento eficaces cuando, de un lado, no se ha interrogado a los responsables de ese área y cuando, de otro, consta justo lo contrario: hay indicios de incumplimientos de la normativa de las entidades. 

El fiscal sostiene que la contratación de Villarejo no se ajustó a las normas de Repsol, se fraccionó el gasto para que pudiera ser autorizado por el jefe de seguridad y se hizo constar en las facturas conceptos falsos para encubrir el encargo real de que se iba a investigar a Del Rivero.

De esa forma, en contra de lo que afirma García-Castellón, Anticorrupción sostiene que los controles establecidos en Repsol no resultaban en aquel momento adecuados y eficaces. Y si los incumplimientos normativos fueron detectados, se hizo caso omiso.

De similar forma, en CaixaBank no se llegó a celebrar contrato por escrito de prestación de servicios por parte de Villarejo y no consta que el gasto fuera previamente ratificado por la mesa de compras ni que ésta recibiera documentación alguna sobre el encargo, al contrario de lo que indicaban las normas de la entidad.

"A espaldas de la víctima y del fiscal"

Por su parte, el defensor de Luis del Rivero, Jaime Campaner, afirma en un contundente recurso que el proceso se ha archivado para Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé "a espaldas de la víctima y del fiscal".

Ni la acusación particular ni la pública han podido examinar ni contradecir las peticiones de archivo o la documentación presentada por las defensas y en las que se basó García-Castellón.

A su parecer, la instrucción no está, ni mucho menos, agotada. Además, resulta "incongruente" que el 13 de julio el juez prorrogara la investigación con el argumento de que "aún no había cumplido sus fines atendido el volumen de la documentación intervenida y la complejidad de su análisis y valoración" y que el 29 de julio atendiera la petición de las defensas de archivar.

"No se adivina motivo alguno para precipitarse. Tampoco cabe apelar al potencial daño reputacional, pues este no se incluye entre las causas legales de sobreseimiento ni permite apresurarlo", afirma el recurso.

Considera que el derecho a la presunción de inocencia de los investigados, "plenamente garantizado e intacto hasta la fecha, no puede convertirse en una suerte de derecho a 'presumir' de inocente o a gozar de un alivio estival. El órgano judicial debe estar exclusivamente a las resultas de la instrucción y únicamente sometido al imperio de la ley, sin atender a lo que se produce fuera de aquella o dedicarse a evaluar repercusiones extraprocesales o tratar de ponerles remedio a través de una crisis anticipada del procedimiento con respecto de los sujetos más públicamente expuestos".

Para la defensa del expresidente de Sacyr, "se desconoce, pues no se explica, qué ha cambiado, en realidad, desde que el instructor decidió investigar el 14 de abril a Brufau y Fainé y el 8 de julio a Repsol y CaixaBank y el día del dictado del auto de sobreseimiento [29 de julio]".

El recurso manifiesta que, en contra de lo que sostiene el juez instructor, no se ha investigado a Fainé y Brufau por sus cargos sino por "existir indicios de que dieron las respectivas órdenes de contratación e hicieron un estrecho seguimiento de la delictiva investigación llevada a cabo por Villarejo".

"Son múltiples y muy variados los indicios que apuntan a la relevante e imprescindible participación del presidente de Repsol en la contratación del comisario en activo Villarejo para obtener la ruptura del pacto Pemex-Sacyr sin escatimar métodos ilícitos, desde la propia contratación del expresado funcionario público hasta la delictiva intromisión en la intimidad de Del Rivero", afirma.

Entre esos indicios estás las declaraciones prestadas por los jefes de seguridad encargados de la contratación del excomisario, los audios que éste grabó subrepticiamente con ellos y las notas de la agenda de Villarejo, en las que se menciona que los responsables de seguridad informaban a los máximos responsables de las compañías.