La pandemia ha provocado durante meses una importante reducción de la actividad económica de las empresas españolas, lo cual ha afectado a su liquidez y a su capacidad de abonar sus facturas. De hecho, los plazos de pago de las empresas de nuestro país empeoraron en 2020. 

Así lo indica un estudio de Iberinform (que se realiza a partir de los datos de 141.000 cuentas anuales), que indica que el plazo medio de pago de la empresa española aumentó hasta los 93 días, cinco más que en 2019. Además, los plazos son más largos según el tamaño de la empresa. 

Así, las microempresas y las empresas pequeñas tardan en pagar entre 91 y 92 días y las medianas 98. Las que más tardan en abonar sus facturas son las grandes, con un plazo medio de 110 días. En todos los segmentos hay un empeoramiento de los tiempos. 

Plazos de pago según el tamaño de la empresa y su evolución. Fuente: Iberinform.

Según Iberinform, el incremento se debe a la "situación excepcional generada durante la pandemia en el que las empresas han utilizado el crédito comercial de sus proveedores como fuente de financiación en un entorno de deterioro de sus niveles de solvencia, sobreendeudamiento financiero y caídas generalizadas de la facturación". 

El problema es transversal a todos los sectores. Aunque en el primario hay una leve mejoría en los plazos de pago (hasta los 104 días), Servicios (87 días), Industria (96 días) y Construcción (99 días) tardan más en pagar sus facturas.

Legislación

Lo cierto es que llueve sobre mojado. A pesar de que en 2010 la legislación limitó los plazos de pagos comerciales a un máximo de 60 días naturales, las empresas españolas nunca han estado cerca de esta cifra, moviéndose en una horquilla de entre 88 y 97 días.  

Esta situación contrasta con la del sector público. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el período medio de pago a proveedores de todas las Administraciones Públicas se redujo durante septiembre de 2021.

Evolución de los plazos medios de pagos, por días. Fuente: Iberinform.

Este fenómeno es especialmente reseñable en el caso de las comunidades autónomas, para las que se reglamentó un plazo máximo de pago de sus facturas de 30 días. La información del departamento que dirige María Jesús Montero indica que las regiones llevan diez meses consecutivos con plazos inferiores (el último 27 días). 

Estos datos se deben, en buena medida, a la liquidez extra con la que el Estado ha dotado a las regiones entre 2020 y 2021 para hacer frente a la crisis económica generada por la Covid.

En cambio, los datos de la Administración Central no son tan positivos. Su plazo de pago es de unos 35,76 días y las Entidades Locales (ayuntamientos y cabildos) casi lo doblan, con 59,77 días.