Los rescates que la SEPI ha otorgado con la aprobación ya del Consejo de Ministros son: Air Europa (475 millones); el rescate para la fusión de las agencias de Globalia y Barceló, Ávoris, (320 millones); Duro Felguera (120 millones); Plus Ultra (53 millones); Tubos Reunidos (112 millones de euros); la acerera Rugui Steel (25 millones); y la hotelera Hotusa (241 millones). 

Y los tres últimos aprobados la pasada semana han sido el del grupo dedicado al turismo y la distribución Serhs (34 millones), el de la empresa de inteligencia artificial Grupo Airtificial (34 millones), y el de la compañía de piezas forjadas Reinosa Forgings & Castings (27 millones de euros). Otros 95 millones que siguen dejando el fondo casi lleno: con 8.559 millones de euros.

69 rescates pedidos

Y desde luego que no es por falta de peticiones. El organismo ha recibido un total de 69 solicitudes, según datos confirmados por la SEPI. Se estima que por valor de más de 4.000 millones.

Esta cifra incluye los 10 rescates aprobados, así como otros que han sido desestimados por diversas razones, como que no cumplieran las condiciones o que se hayan ido al fondo de rescate para pymes que gestiona la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides).

Cabe recordar que es la empresa pública que tramita las peticiones de menos de 25 millones de euros y ya ha recibido 49 solicitudes, según datos confirmados por la empresa a este medio. 

De esto, se deduce que podrían faltar entre 50 y 60 ayudas por otorgar por parte de la SEPI. En cola hay una larga lista de empresas esperando, especialmente del sector turístico, cuya situación es bastante delicada. Tanto que algunas tendrán muy difícil sobrevivir si las ayudas públicas no llegan ya, según ha podido saber este medio. 

Entre estas, destacan Grupo Juliá (que solicitó 37,4 millones), Naviera Armas Trasmediterránea (120 millones), Air Nostrum (103 millones) y las hoteleras Hesperia (55 millones) y Room Mate (52 millones).

No es el único sector afectado. Otras empresas como Celsa (que pidió 700 millones de euros) o Abengoa (249 millones de euros) también se encuentran en una situación límite. 

¿Por qué tarda tanto?

Pero después de un año y medio, concretamente desde julio de 2020 que es cuando el Consejo de Ministros aprobó un fondo de rescate de 10.000 millones, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Por qué se está tardando tanto en resolver los expedientes y conceder los rescates?

Fuentes de la SEPI reconocen que “es un proceso complejo” ya que se están gestionando préstamos con dinero público y se debe pasar por complejos y exhaustivos análisis. Esto implica la contratación de asesores externos financieros y jurídicos -mediante concurso público- para el estudio de las solicitudes de ayuda llegadas al fondo.

De hecho, la empresa pública abrió en octubre el proceso de contratación de diez asesores independientes, dentro del acuerdo marco establecido para ello, para el estudio de los rescates de Vicinay, Imasa, Isastur, Pacadar y eDreams. Hizo lo mismo en septiembre para las ayudas solicitadas de Air Nostrum, el Grupo Siro, Técnicas Reunidas y el Grupo Areas. 

No obstante, la polémica surgida con el rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra estaría detrás, según fuentes del sector, de la tardanza en el organismo público a la hora de dar los rescates. 

No ha sido la única compañía sobre la que ha habido dudas tras otorgar un préstamo. También ocurrió con Duro Felguera y un plan de viabilidad que incluía un inversor que, de momento, no ha llegado. Finalmente, la pasada semana el Consejo de Ministros dio luz verde al segundo tramo de su ayuda que asciende a 80 millones de euros. 

Cabe recordar que los préstamos no son a fondo perdido. Es decir, las empresas tienen un plazo -de siete años en muchos casos- para devolver el dinero al Estado que se está canalizando, por norma general, en un préstamo participativo y otro ordinario.

Seis meses más

La buena noticia, tanto para la SEPI como para las empresas que necesitan ayuda económica, es que hace unos días la Comisión Europea amplió hasta junio de 2022 el régimen temporal de los programas puestos en marcha por los Estados miembros a raíz de la crisis derivada de la Covid-19 y que expiraba en diciembre de este año.

En consonancia con Europa, el pasado Consejo de Ministros también amplió todas las ayudas y moratorias a empresas aprobadas durante la pandemia que vencían el próximo 31 de diciembre.

Eso quiere decir que la SEPI tiene un plazo de seis meses más, hasta el 30 de junio de 2022, para resolver las decenas de peticiones de rescate con ayudas públicas planteadas y que todavía están a la espera de una decisión favorable.

Sin embargo, parece difícil que, en los siete meses que quedan hasta vencer el nuevo plazo, la SEPI pueda desatascar la cantidad de rescates que quedan por dar cuando en un año y medio solo se han otorgado 10.