Las plataformas digitales -en particular las que ofrecen servicios de transporte como Uber, Bolt o Free Now- se han levantado en pie de guerra contra la nueva 'Directiva Rider' presentada esta semana por la Comisión de Ursula von der Leyen. La norma podría obligar a regularizar hasta 5,5 millones de falsos autónomos en toda la Unión Europea (UE) y supondrá por ello un incremento de costes para las empresas de hasta 4.500 millones de euros al año, según los cálculos de Bruselas.

Ahora mismo, España es de los pocos países de la Unión Europea que cuentan con una 'Ley Rider', uno de los proyectos estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Su primera víctima ha sido la empresa de reparto Deliveroo, que abandonó España antes incluso de la entrada en vigor de la norma tras indemnizar a sus 3.800 trabajadores. 

Aparte de España, otros Estados miembros han introducido legislación sectorial sobre plataformas digitales. Por ejemplo, Francia tiene una ley específica para el sector de la movilidad, que abarca tanto el transporte como la entrega. Portugal también ha legislado sobre el uso de plataformas digitales para organizar el trabajo de los taxistas.

Sin embargo, la propuesta de 'Directiva Rider' de Bruselas tiene un alcance mucho más amplio que la ley de Yolanda Díaz. Para empezar, la norma de la UE no se aplicará solamente a las empresas de reparto, como es el caso de la española, sino a todas las plataformas digitales que organizan el trabajo realizado por individuos. No sólo las compañías comunitarias, sino todas las que operan en la UE, independientemente de su país de origen. Es decir, afecta a gigantes estadounidenses como Uber.

Quedan excluidas las compañías digitales que simplemente publicitan ofertas o peticiones de servicios, o que muestran los proveedores de servicios disponibles en un área específica. Tampoco se aplica a los proveedores de un servicio cuyo propósito principal es explotar o compartir activos (por ejemplo, los alquileres a corto plazo de Airbnb).

Relación de subordinación

Esta no es la única diferencia. Por ejemplo, en la legislación española la presunción de empleo -es decir, lo que obliga a reclasificar a los autónomos como asalariados- está vinculada a la prestación de servicios de entrega a través de una plataforma digital.

En la propuesta del Ejecutivo comunitario, esta presunción se aplica sin embargo a las situaciones en las que existe una relación de subordinación del trabajador respecto a la plataforma. Para determinar si existe esta subordinación, la 'Directiva Rider' establece un total de cinco criterios. Si la plataforma cumple al menos dos, las autoridades laborales considerarán automáticamente que sus trabajadores son asalariados y no autónomos.

Los criterios son los siguientes: 1) Determinar el nivel de remuneración o fijar limites máximos; 2) Supervisar la realización del trabajo con medios electrónicos; 3) Restringir la libertad de los trabajadores para escoger sus horarios o periodos de ausencia, aceptar o rechazar tareas o usar subcontratados o sustitutos; 4) Fijar reglas obligatorias sobre la imagen o conducta hacia el receptor del servicio o sobre la forma de realizar el trabajo; 5) Restringir la posibilidad de construir una base de clientes o trabajar para otros.

Finalmente, la ley española contiene una obligación de transparencia para la gestión algorítmica. La propuesta de Bruselas también incluye esta obligación, pero va más allá al ofrecer derechos y salvaguardias extra. Por ejemplo, la exigencia para las plataformas de que exista una supervisión humana de los sistemas automatizados, el derecho de los trabajadores a recibir explicaciones por decisiones automatizadas, importes o el derecho a impugnar tales decisiones.

Falsos autónomos

Hoy en día, alrededor de 28 millones de personas en la UE trabajan a través de una de estas compañías. En 2025, se espera que el número se dispare hasta 43 millones de trabajadores. Entre 2016 y 2020, los ingresos del sector se multiplicaron por cinco, desde 3.000 millones a alrededor de 14.000 millones de euros, según los datos de Bruselas.

La gran mayoría de las personas que trabajan mediante plataformas digitales son auténticos autónomos. Sin embargo, se estima que un total de 5,5 millones de trabajadores están clasificados como independientes de forma incorrecta, lo que limita sus derechos sociales y les condena a la precariedad, sostiene el Ejecutivo comunitario.

Según el análisis de impacto realizado por la Comisión, la 'Directiva Rider' obligará a reclasificar como asalariados a la mayor parte de estos falsos autónomos (4,1 millones), lo que les garantizará el acceso a la protección que ofrece la legislación laboral nacional y de la UE. Los riders que ganan menos del salario mínimo se beneficiarán de un incremento anual de ingresos de hasta 484 millones de euros, es decir, un incremento medio de 121 euros por trabajador.

La mejora de la transparencia de los algoritmos mejorará las condiciones de trabajo tanto de asalariados como autónomos. Los Estados miembros recaudarán ingresos adicionales de 4.000 millones de euros en impuestos y contribuciones sociales. En el extremo contrario, a las plataformas digitales les costará 4.500 millones de euros adicionales al año reclasificar a los falsos autónomos, según Bruselas.

"Nadie quiere matar, detener o frenar el crecimiento de esta economía de plataformas. Al contrario, queremos que prospere. Pero este modelo de negocio debe cumplir también nuestros estándares, incluyendo los estándares sociales, y ajustarse al modelo social europeo", sostiene el comisario de Empleo, el luxemburgués Nicolas Schmit.

Las quejas de las plataformas digitales

Una explicación que no ha convencido a estas compañías, cuyas protestas han sido inmediatas. Su argumento principal es que el Ejecutivo comunitario ignora la diversidad del trabajo en plataformas digitales, que muchos trabajadores prefieren ser autónomos y que la 'Directiva Rider' provocará la destrucción de muchos empleos, como ya ha ocurrido en España con la marcha de Deliveroo.

"La Comisión ha optado por hacer una declaración política en lugar de proponer una solución equilibrada para las plataformas, los trabajadores y sus clientes", sostiene Markus J. Beyrer, el director de la patronal europea BusinessEurope.

"La presunción de empleo que se ha propuesto tendrá un efecto paralizador en las oportunidades para las personas de emprender actividades económicas como autónomos y repercutirá negativamente en la prestación de servicios en el mercado interior", ha dicho en un comunicado.

"No existe una solución única para el trabajo en plataformas y se deben respetar las competencias de los Estados miembros de la UE y de los interlocutores sociales para definir quién trabaja en una relación laboral", sostiene la patronal europea.

Por su parte, la asociación Move EU (que agrupa a empresas como Uber, Free Now y Bolt) avisa de que la 'Directiva Rider' podría acabar con el trabajo de 149.000 conductores y reducir las opciones disponibles para los consumidores.

"La gran mayoría de conductores no quiere tener un contrato de trabajo y las encuestas en toda Europa muestran constantemente que no quieren perder la flexibilidad y los ingresos adicionales que obtienen al poder trabajar para múltiples plataformas simultáneamente", asegura Move EU.

"La propuesta de la Comisión ofrece un enfoque único para todos para un sector muy diverso y corre el riesgo de tener graves consecuencias no deseadas para cientos de miles de repartidores y consumidores en toda Europa. La reclasificación de repartidores no necesariamente aumentará los salarios ni asegurará oportunidades de ingresos", concluye el comunicado de la asociación en la que milita Uber.