La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un plan de acción en materia de seguridad alimentaria cuyo objetivo es amortiguar el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Los dos países suman el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y tienen además una cuota de mercado elevada en cebada, maíz y aceite de girasol, pero las cosechas están en riesgo por el conflicto. 

El plan de Bruselas pretende además ayudar a los agricultores más afectados por la guerra a hacer frente al aumento de costes de producción, como la energía o los fertilizantes. También recoge un catálogo de medidas que pueden utilizar los Estados miembros para minimizar el impacto en los consumidores de la subida de los precios de los alimentos.

En este apartado, la Comisión recuerda que los Gobiernos pueden reducir a cero el IVA para los alimentos. Los Estados miembros pueden además recurrir a programas europeos como el Fondo de Ayuda para los Más Desfavorecidos (FEAD), que apoya a los bancos de alimentos en toda la UE.

El Ejecutivo comunitario sostiene que no existe una amenaza para la seguridad alimentaria en la Unión Europa, ya que la UE es un gran productor y un exportador neto de cereales. El impacto inmediato radica más bien en el aumento de costes en toda la cadena del sector alimentario, la interrupción de los flujos comerciales desde y hacia Ucrania y Rusia y los posibles problemas de suministro en el Norte de África y Oriente Próximo.

La principal medida que plantea la Comisión es activar un fondo anticrisis europeo con una dotación total de 500 millones de euros. Este mecanismo permitirá compensar directamente a los agricultores más golpeados por el aumento de los costes de producción y el cierre de mercados de exportación.

España es el segundo país de la UE más beneficiado por este fondo anticrisis, ya que recibirá 64,5 millones de euros, según el reparto anunciado por Bruselas. Francia ocupa la primera posición con 89 millones, mientras que Alemania recibirá 60 millones, a Italia le corresponden 48 millones y Polonia tendrá 44 millones.

Los Estados miembros podrán complementar esta ayuda europea hasta un 200% con fondos nacionales. Eso significa que la ayuda máxima para los agricultores en el caso de España podría llegar hasta 193,5 millones de euros.

En paralelo, Bruselas ha aprobado un nuevo régimen extraordinario de ayudas públicas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania. Un plan que autoriza subvenciones nacionales de hasta 35.000 euros para las empresas agrícolas y pesqueras.

Además, para afrontar las dificultades de liquidez de agricultores y ganaderos, los Estados miembros podrán adelantar los pagos directos previstos en el marco de la Política Agrícola Común (PAC). La UE subvencionará el almacenamiento privado para la carne de porcino, un sector que también está atravesando una situación difícil en el conjunto de los Estados miembros.

Tal y como había reclamado España, Bruselas flexibilizará de forma temporal los requisitos para la importación de alimentos para animales, con el fin de contribuir a aliviar la presión sobre el mercado de piensos.

Finalmente, el plan prevé una excepción excepcional y temporal, que se activará con efecto inmediato, para permitir la producción de cualquier cultivo para alimentos y piensos en tierras en barbecho. El objetivo de esta medida es ampliar la capacidad de producción de la UE a pesar de la limitada disponibilidad de tierra fértil.

Los agricultores que opten por utilizar las tierras en barbecho no verán disminuidos los pagos de la UE por prácticas ecológicas. En el caso de España, Bruselas cree que las lluvias de los últimos días todavía dejan margen para cultivar más girasoles y arroz.

La PAC obliga a dejar un 5% de la tierra en barbecho, si bien en España se declararon el año pasado en barbecho un 10% de las superficies, 2,2 millones de hectáreas, de las 21,5 millones de hectáreas totales declaradas.