Poco más de una semana es el plazo que les queda de esperanza a empresas como Abengoa y Ezentis para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se pronuncie sobre la inyección económica solicitada. Un rescate necesario debido a la situación límite que atraviesan, especialmente si hablamos de Abengoa.

Seis filiales de Abengoa son las candidatas a recibir 249 millones de la SEPI. La incertidumbre es tal que sus trabajadores han iniciado concentraciones diarias en los centros de trabajo y han llevado a cabo varias manifestaciones por la capital andaluza. En un primer momento anunciaron que se recluirían en la sede de la empresa, pero no les han autorizado el encierro.

Este martes 21 de junio, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha citado a los representantes de los trabajadores junto con personal de la SEPI para mantener una reunión en Madrid, según han informado los comités de empresa de Abengoa.

Esta empresa comunicó que ya había enviado toda la documentación requerida al ente público a finales de mayo. Los empleados han dirigido burofaxes a la SEPI y a diferentes ministros para apremiar a que la ayuda se resuelva favorablemente.

Su plantilla es de 11.000 trabajadores, unos 2.000 en España, y cuenta con una única oferta, la del fondo estadounidense Terramar. Esta ofrece 200 millones por Abenewco 1, la filial que concentra los activos más importantes. No obstante, la oferta solo saldría adelante si la SEPI entrega los 249 millones a las seis filiales. 

Ezentis

Si algo diferencia a Abengoa y Ezentis es el tiempo que llevan esperando que la SEPI resuelva su préstamo. En el caso de la primera, la solicitud se presentó el 17 de marzo de 2021, mientras que la segunda fue en mayo aunque se anunció el pasado jueves. 

La empresa de energía y telecomunicaciones, también sevillana, ha solicitado 70 millones de forma urgente. Tan urgente que se espera que su rescate se tramite de forma exprés.

Desde mayo, Ezentis ha estado enviando la documentación que la SEPI le ha requerido. Y hasta la fecha aseguran que ya está todo enviado, incluido el plan de viabilidad. Solo esperan a que la SEPI les solicite más información o simplemente dé el visto bueno al rescate.

[El rescate de Ezentis se tramitará por la vía exprés y sin asesor externo]

Además, se trata de una ayuda que no cuenta con asesor externo, según confirman a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes cercanas a la empresa. Algo extraño e inusual, ya que no ha ocurrido en las 24 ayudas que la SEPI ha otorgado hasta la fecha.

La compañía presidida por José Elías Navarro pidió este rescate por una deuda que ronda los 150 millones de euros y que el también fundador de Audax Renovables achaca al anterior equipo gestor. Además, cuenta con otros 18 millones de euros de préstamos ICO de los que ya ha diferido el pago de los intereses.

Cabe recordar que Ezentis cerró su ejercicio 2021 con unas pérdidas netas de 139,6 millones de euros, por encima de las pérdidas de 43,1 millones de euros en 2020. Asimismo, decidió cesar su actividad en México, Chile y Perú tras haberse frustrado la operación de desinversión de los activos que tenía en estos países.

Rescates

En total, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI ha aprobado 25 operaciones por valor de 3.052,8 millones de euros, del total de los más de 5.300 millones de euros solicitados a través de las 69 solicitudes, según datos aportados por la SEPI. 

De todas ellas, la SEPI ha revelado a EL ESPAÑOL-Invertia que 27 han sido rechazadas por importe de 1.151,85 millones de euros. Una de ellas fue de Room Mate. 

El primer gran rescate que se dio fue en noviembre de 2020 y fue, además, el de mayor montante: el de Air Europa por 475 millones. Después llegó el rescate para la fusión de las agencias de Globalia y Barceló, Ávoris (320 millones).

Más tarde, saltó la polémica con los 53 millones de euros otorgados a Plus Ultra por su escaso carácter estratégico y los problemas de viabilidad de la compañía. 

A estos se sumaron más tarde Duro Felguera (120 millones); Tubos Reunidos (112 millones de euros); la acerera Rugui Steel (25 millones); la hotelera Hotusa (241 millones); Serhs (34 millones); Grupo Airtificial (34 millones); Reinosa Forgings & Castings (27 millones de euros); grupo Losan (35 millones de euros); Soho Boutique Hoteles (30 millones); Abades (29,3 millones); Ferroatlántica (34,5 millones); Eurodivisas (45 millones); Wamos (85 millones) y Técnicas Reunidas (340 millones).

Más tarde, llegaron también rescates para empresas turísticas: Grupo Abba (30 millones); Grupo Inversor Hesperia (55 millones); Grupo Julia (38 millones) y Grupo Mediterránea (28 millones). Los últimos en concederse han sido los de Volotea (200 millones) y de Celsa, por 550. Este aún está pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros, previa validación de la Comisión Europea.

[La SEPI concede un rescate de 550 millones a Celsa, el de mayor cuantía de la historia]

No obstante, según fuentes cercanas a la operación, la ayuda de la SEPI no se materializará hasta que Celsa y sus acreedores cierren un acuerdo que esté en consonancia con el compromiso aceptado por ambas partes para reestructurar su deuda en los términos exigidos por la SEPI. Es decir, la ayuda se ha autorizado, pero ahora la empresa y sus acreedores deberán seguir negociando para poder recibirla.

Solo tres semanas

Cabe recordar que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con un total de 10.000 millones de euros, fue aprobado por el Gobierno en julio de 2020 con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. 

La prórroga acordada por la Comisión Europea alarga el campo de ampliación del marco temporal de ayudas estatales hasta el 30 de junio de 2022. Es decir, quedan tres semanas para resolver favorablemente o no los expedientes. O, lo que es lo mismo, tres Consejos de Ministros ordinarios para dar luz verde a los mismos.

Asimismo, los préstamos no son a fondo perdido. Es decir, las empresas tienen un plazo -de siete años en muchos casos- para devolver el dinero al Estado que se está canalizando, por norma general, en un préstamo participativo y otro ordinario. De hecho, Plus Ultra ya ha comenzado a devolver parte del rescate: 884.222,22 euros correspondientes al primer plazo de amortización.