La auditoría de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) plantea dudas sobre la conveniencia de entregarle los ansiados 249 millones a seis filiales de Abengoa por los pleitos que el grupo tiene pendientes.

Abengoa ha recibido este pasado martes los informes que la SEPI encargó a Gran Thornton y a PKF. El primero se trata de un informe económico, mientras que el segundo abunda en los asuntos jurídicos de la compañía.

En el caso del segundo, se plantean dudas sobre los pleitos judiciales en los que está inmersa la empresa, según han confirmado fuentes del grupo a EL ESPAÑOL-Invertia. Ahora, Abengoa cuenta con cinco días para presentar alegaciones detallando la información sobre los juicios que tiene pendientes.

Cartel en una de las manifestaciones de los trabajadores de Abengoa. Noelia Ruiz

El consejo gestor de la SEPI ha abordado este pasado martes en su reunión semanal el expediente de Abengoa y le ha comunicado a la empresa que tiene cinco días para "hacer las alegaciones que considere oportunas", según han informado a este periódico fuentes de la SEPI.

Por tanto, el expediente no está resuelto, pero se ha trasladado diversa documentación así como conclusiones de la operación. "Ahora la compañía debe pronunciarse al respecto", añaden estas fuentes. 

Dos Consejos de Ministros

Cuando las haya entregado, la SEPI decidirá si finalmente le otorga la ayuda de los 249 millones a las seis filiales. En el caso de que finalmente este ente se pronunciara favorablemente, el rescate debe pasar por el Consejo de Ministros antes del 30 de junio.

Recientemente, el Gobierno ha convocado un Consejo de Ministros Extraordinario para este sábado 25 de junio para aprobar su decreto contra la inflación y el siguiente será el lunes 27 -en vez del martes- para evitar que coincida con la Cumbre de la OTAN la próxima semana en Madrid.

SEPI

Este movimiento llega justo después de que los comités de empresa se hayan encerrado en la SEPI de forma indefinida hasta que concrete si otorga o no la inyección económica.

Este pasado martes, los representantes de los trabajadores mantuvieron una reunión en la SEPI junto a representantes del ente y del Ministerio de Industria. Han pernoctado en estas instalaciones y tienen previsto permanecer allí hasta recibir más información.

[Los comités de empresa de Abengoa se encierran en la SEPI hasta que se pronuncie sobre los 249 millones]

Los comités fletaron autobuses hasta Madrid para manifestarse durante la mañana del martes en las puertas de la SEPI. En las últimas semanas, han sido numerosas las protestas en la capital andaluza para pedir un movimiento que garantice el empleo de sus 11.000 empleados. De ellos, unos 2.000 se encuentran en España.

Además, el mismo 30 de junio la oferta de Terramar -que está sujeta a que llegue esa inyección económica- dejaría de ser vinculante y solo un día más tarde vencería el plazo dado por el juez para que se presenten convenios.

¿Reestructuración?

Y por si fuera poco, los acreedores de Abenewco, la filial que agrupa los activos más importantes de Abengoa, han dado una prórroga de la deuda hasta el 24 de junio, a lo que habría que sumar que el 1 de julio también expira la moratoria concursal.

Por otra parte, Abenewco se encuentra en una cuenta atrás. Este viernes, 24 de junio, finaliza el plazo dado para adherirse a su acuerdo de reestructuración que, al igual que la oferta de Terramar, depende de que la SEPI otorgue los 249 millones.

[La filial de Abengoa da de plazo hasta el 24 junio para que los acreedores se adhieran al acuerdo de reestructuración]

La reestructuración consistiría en simplificar su estructura de capital y "tener un accionista mayoritario por primera vez desde 2017", según informó la compañía a la CNMV.

El citado plan para la filial tiene previstos 300 millones en avales de Cesce y 200 millones que aportaría el fondo estadounidense Terramar. De ellos, un total de 140 serían en forma de préstamo y 60 en compra de acciones. Este movimiento le permitiría hacerse con el 70% del capital social

Imagen de la sede de Abengoa.

Según indicó la compañía, el acuerdo que se negocia con los acreedores está "mayoritariamente" en línea con lo rubricado en agosto de 2020, pero "ajustado a los nuevos desarrollos que han tenido lugar desde entonces". 

Para mayor complejidad, el presidente de la matriz, Clemente Fernández, no ve con buenos ojos esta oferta y cree que es la causante de que la SEPI haya demorado su decisión sobre los 249 millones. Él, al igual que los accionistas minoritarios, preferiría una opción española y que la compañía no pase a manos de un fondo extranjero. 

Propuesta de convenio

El cántabro presidente de Abengoa S.A. está pasando unos días en Sevilla para avanzar en la propuesta de convenio de la compañía y poder presentarla ante el juez antes del 1 de julio.

El próximo plazo sería entonces hasta el 1 de septiembre, cuando vence el periodo dado por el juez para aprobar el convenio que sacara del concurso a la matriz. De lo contrario, podría ir a liquidación.

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