Ayer se celebró el último Consejo de Ministros en el que se podían aprobar las ayudas públicas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado para compañías afectadas por la Covid y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En total, han sido 30 ayudas aprobadas de las casi 70 solicitudes recibidas. De las otras 40 solicitudes, una parte han sido rechazadas, dejando a muchas empresas al límite y con un futuro bastante incierto. 

Tanto como el de Room Mate. La compañía fundada por Kike Sarasola presentó la semana pasada la solicitud de concurso de acreedores voluntario. Esta fue acompañada de una oferta vinculante por parte de un inversor que plantea la continuidad del negocio -con 25 hoteles- y el mantenimiento de los 1.000 puestos de trabajo.

La compañía se vio fuertemente golpeada por la grave pandemia y por los litigios judiciales que mantiene la accionista Sandra Ortega con los bancos financiadores de Room Mate. Además, unos meses antes la SEPI rechazó darle un rescate de cerca de 50 millones dejando a la compañía en situación delicada y buscando un inversor -para sustituir a Sandra Ortega- que nunca llegó.

[Abengoa se queda sin la ayuda pública de 249 M€ tras otro informe desfavorable de SEPI]

De hecho, en abril de 2021 suscribió un préstamo de 15 millones de euros con Atitlan, el fondo de deuda del yerno de Juan Roig, Roberto Centeno, con el objetivo de salvar el verano y ganar tiempo a que la SEPI decidiera.

Lo cierto es que ganó tiempo, pero no resolvió sus problemas. La negativa del fondo de rescate ha dejado a la compañía en una grave crisis. Cabe recordar que la SEPI realiza análisis internos y externos de las compañías que piden rescates. Y se rechaza cuando la viabilidad de la compañía no está demostrada o cuando no está garantizada la devolución de la ayuda pública. 

Abengoa

Estas dos últimas razones son las que están detrás de que la SEPI rechazara el rescate de 249 millones a Abengoa en un último informe realizado tras las alegaciones de la compañía presentadas el pasado jueves. Alegaciones que precisamente presentó por las dudas que contenía la auditoría realizada por la SEPI sobre la idoneidad de dar o no el rescate. 

Oficialmente, y hasta el 30 de junio, el expediente de solicitud de Abengoa está pendiente de resolución, ya que la SEPI tiene que pronunciarse de forma pública sobre las alegaciones, según fuentes de la compañía pública. 

Fuentes del sector aseguran que con un informe negativo es imposible que se apruebe favorablemente dicho expediente. Por tanto, las seis filiales de la compañía andaluza se quedan sin la ayuda pública de último recurso para empresas en situaciones límite. 

Manifestación de los trabajadores de Abengoa para pedir a la SEPI que se pronuncie sobre los 249 millones. Eduardo Briones (EP)

Con la ayuda denegada, es probable que Abenewco, la filial que agrupa los activos más importantes, entre también en concurso de acreedores a partir del 1 de julio, cuando vence la moratoria concursal que activó el Gobierno de España con motivo de la Covid-19. 

¿Por qué? Abengoa contaba con una única oferta de un inversor, la del fondo estadounidense Terramar. Este ofrece 200 millones para hacerse con el 70% de Abenewco 1, la filial que concentra los activos más importantes. La decisión de la SEPI era decisiva para la oferta. El fondo ya avisó de que retiraría su propuesta si no llegaba la ayuda económica. 

Pero el concurso de acreedores no es nuevo para la empresa. Cabe recordar que Abengoa SA lo solicitó en febrero de 2021, asfixiada por los requerimientos de los acreedores de su deuda. Su deuda ronda los 4.900 millones de euros.

Ahora, la situación que se abre para la compañía y los cerca de 11.000 trabajadores de la empresa es complicada. De hecho, algunos de estos se encerraron en la sede de la SEPI para presionar. 

Ezentis

La semana pasada, Ezentis también recibió un portazo a su rescate de 70 millones. ¿La razón? La SEPI determinó que la solicitud no reúne ciertos requisitos de elegibilidad que son precisos para el otorgamiento de fondos. 

Pero el último capítulo llegó ayer. Ezentis presentó alegaciones solicitando la reformulación del informe para que se permita continuar con el análisis de la solicitud de apoyo, ya que considera que han quedado acreditados todos los aspectos necesarios para determinar favorablemente la elegibilidad de las empresas solicitantes de la ayuda pública. No obstante, se ha emitido casi sin plazo para evaluarlas. 

En cualquier caso, desde la sociedad presidida por José Elías Navarro (fundador también de Audax Renovables) aseguran que continúan analizando otras alternativas para la refinanciación de la deuda, que ronda los 150 millones de euros. 

Toque de campana de Ezentis en su cambio de imagen corporativa.

Entre sus acreedores se encuentran Santander, BBVA, Bankia, Banco Pichincha, EBN y los fondos Muzinich y Arcano. Además, cuenta con otros 18 millones de euros de préstamos ICO de los que ya ha diferido el pago de los intereses. 

Cabe recordar que Ezentis cerró su ejercicio 2021 con unas pérdidas netas de 139,6 millones de euros, por encima de las pérdidas de 43,1 millones de euros en 2020. Asimismo, decidió cesar su actividad en México, Chile y Perú tras haberse frustrado la operación de desinversión de los activos que tenía en estos países.

Además, en su regreso ayer al parqué las acciones registraron un descenso de alrededor del 24,24% tras el rechazo al rescate. En concreto, los títulos de la firma han terminado marcando 0,085 euros, un nuevo mínimo histórico que valora la entidad en algo menos de 40 millones de euros.

Otras empresas

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con un total de 10.000 millones de euros, fue aprobado por el Gobierno en julio de 2020. Según los últimos datos actualizados a junio de 2022, la SEPI había denegado 27 solicitudes. Pero también ha habido casos en los que las propias empresas han decidido retirarse antes de que sus rescates fueran denegados.

Un ejemplo de ello es Naviera de Armas. Al parecer la compañía desistió recientemente del rescate de 125 millones de euros. Según ha podido saber este medio, la dueña de Transmediterránea no podía hacer frente a los requisitos exigidos por la SEPI quien iba a denegar la ayuda pública. 

Y eso que la compañía llegó a un acuerdo con sus acreedores el pasado año y desistió una primera vez del rescate. Pero la situación se complicó, volvió a reactivar la petición de ayuda y por segunda vez renunció. Ahora negocia con la banca para tratar de conseguir un crédito de 100 millones, según ‘Cinco Días’. Su continuidad depende en gran medida de esta inyección económica.