El consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha acordado denegar definitivamente la solicitud de ayuda pública de Abengoa por un importe de 249 millones de euros.

Abengoa había presentado alegaciones a los informes de SEPI, que ya había desestimado la petición de 'rescate' público para seis filiales del grupo (Abengoa Energía, Abener Energía, Abengoa Agua, Inabensa, Abengoa Operación y Mantenimiento y Abengoa Solar España). La compañía buscaba con esta inyección un plan para garantizar su viabilidad futura y evitar un nuevo concurso de acreedores.

Según confirmaron a Europa Press fuentes de SEPI, las alegaciones presentadas por la compañía "no desvirtúan la existencia de los riesgos e incertidumbres expuestos en los informes de los asesores".

Asimismo, señalaron que la resolución ha concluido en sentido desfavorable "al no estar demostrada la viabilidad y no estar garantizado el reembolso del préstamo solicitado".

De hecho, tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, esta noticia se produce despúes de un último informe de la SEPI realizado tras las alegaciones de la compañía presentadas el pasado jueves. 

Última oportunidad

Este lunes, el Consejo de Ministros ya autorizó ayudas para un total de seis empresas, entre las que figuraba Celsa, aunque dejó fuera a Abengoa, en la que era prácticamente la última oportunidad para recibir el rescate para la ingeniería andaluza, ya la vigencia del fondo expira a finales de este mes.

[El Consejo de Ministros da luz verde al rescate de Celsa, Blue Sea, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point por 721 M€]

La denegación de la ayuda pública hace prácticamente decaer el plan para que el fondo estadounidense Terramar aportara 200 millones de euros a cambio del 70% capital, ya que estaba vinculado a la inyección de dinero público.

Así, Abengoa queda abocada hacia el que puede ser uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial española, con un agujero de casi 6.000 millones de euros.

Ahora, la compañía, cuya matriz está en concurso desde febrero del año pasado, deberá optar por el marco de la Ley Concursal y decidir si amplia ese concurso al grupo o si distintas sociedades del mismo piden preconcurso y concurso.