Las principales asociaciones de vehículos con conductor (VTC) de España, Unauto y Feneval, han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando un procedimiento de infracción contra España.
Consideran que tanto el Gobierno central como los autonómicos están infringiendo el principio de libertad de establecimiento de su actividad.
Las patronales de las empresas de VTC arremeten contra el decreto que aprobó el exministro de Transportes José Luis Ábalos para que este tipo de vehículos no puedan prestar servicio en los núcleos urbanos.
Por Comunidades
La única vía para hacerlo es que cada comunidad cree autorizaciones que lo permitan. Por el momento, la única que lo ha hecho ha sido la Comunidad de Madrid, donde los taxistas ya se han movilizado para revertir esta situación.
Por su parte, en Cataluña también se ha aprobado una norma, pero en este caso para limitar el uso del VTC. El resto de comunidades todavía no lo ha regulado, aunque en Murcia el Gobierno regional ha dado su apoyo al taxi.
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Las trabas en Cataluña a los VTC pasan por los 15 minutos de espera antes del comienzo del servicio, la prohibición de sistemas de geolocalización o la prohibición de estacionar en la vía pública.
Además, se incluyen límites al número de servicio máximos que se puede haber prestado en el último año (100), así como al tamaño de los vehículos. Según Unauto y Feneval, estos límites dejan fuera al 90% de la flota actual.
Argumentación
La misiva argumenta que estas regulaciones contradicen las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de regulación del sector del taxi y VTC.
Además, las patronales defienden que estas medidas también se oponen a los principios de buena regulación económica de los mercados según la Autoridad Catalana de Competencia.