La duración de los ERTE durante la Covid fue, de media, de más de cinco meses tanto para las pymes (158 días) como para las grandes empresas (167 días). Esta es una de las principales conclusiones del informe 'Repercusiones empresariales de las medidas públicas de ayuda durante la pandemia' elaborado por el Colegio de Registradores. Ayudas de las que se beneficiaron 517.000 empresas, sin contar los autónomos. Por tanto, algo más de la mitad del tejido empresarial.
Asimismo, el estudio pone de manifiesto nueve de cada diez declarantes de ERTE en su empresa lo hicieron para suspender contratos de trabajo, y tres de cada diez empresas combinaron además esta medida con reducciones de jornada.
De media, tres de cada cuatro trabajadores resultaron afectados en las pymes, mientras que en las grandes empresas el resultado fue inferior, afectando a menos de la mitad de su fuerza laboral. También cabe destacar que la hostelería fue quien más utilizó el ERTE. Fue así en más de la mitad de las empresas.
Avales ICO
En el capítulo de bajas laborales por la Covid 19, en el caso de personal fijo, la industria manufacturera (16%) y las actividades sanitarias (14,4%) fueron las más afectadas. A continuación, la hostelería (12,8%).
El porcentaje medio de personal fijo por empresas afectado por baja laboral por Covid en las pymes ha sido del 27,5%. Por tanto, uno de cada cuatro trabajadores. En el caso de las grandes empresas, la incidencia ha sido del 16,1%. Es decir, uno de cada seis trabajadores.
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Dentro de los ERTE, la suspensión del contrato fue la medida más utilizada. En concreto, afectó al 92% de los trabajadores. En el caso de la solicitud del permiso retribuido, esta figura sólo la utilizó el 2,7% de las empresas.
En el caso de los Avales ICO (por un importe de hasta 140.000 millones de euros), los utilizaron sobre todo el sector del comercio (26%). A continuación, la hostelería (13,9%).
El porcentaje medio concedido sobre lo solicitado, en las pymes fue del 91% y del 89% en las grandes empresas. La tipología más utilizada fueron los préstamos y avales, que proporcionaban una financiación directa, con el 42% de las ayudas declaradas.
También se utilizaron los aplazamientos o moratorias de créditos (23%). Con menor demanda estarían las bonificaciones o exenciones a la Seguridad Social (5,7%).