La Comisión Europea ha expedientado este jueves a España por no haber creado todavía un registro centralizado de los propietarios reales de las empresas, lo que supone un incumplimiento de la directiva comunitaria para la prevención del blanqueo de capitales. Bruselas sostiene que la información precisa y actualizada sobre el titular real es un factor clave para la localización de los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su identidad tras una estructura empresarial o sociedad pantalla.

El expediente contra España se ha lanzado mediante una carta de emplazamiento, primera etapa de un procedimiento de infracción. Si las autoridades españolas no avanzan rápidamente en la puesta en marcha de este registro de titularidad real de las sociedades, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). También Italia ha recibido un aviso similar del Ejecutivo comunitario.

Tanto Madrid como Roma habían notificado a Bruselas una transposición completa de la directiva contra el blanqueo de capitales. No obstante, la Comisión detectó que se trataba de una "aplicación incorrecta" puesto que faltaba una de sus "piedras angulares": el registro de los propietarios reales de las empresas.

"Aumentar la transparencia es fundamental para luchar contra el uso indebido de las entidades jurídicas. Los Estados miembros deben garantizar que la información sobre los propietarios reales de estas entidades jurídicas se almacene en un registro central. A tal fin, los Estados miembros pueden utilizar o bien una base central de datos que reúna información sobre la titularidad real, o bien el registro de empresas u otro registro central", ha dicho el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Bruselas sostiene que la confianza de los inversores y de los ciudadanos en general en los mercados financieros depende en gran medida de la existencia de un riguroso régimen de divulgación que aporte transparencia sobre la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades.

Impuestos especiales

También este jueves, el Ejecutivo comunitario ha lanzado otros dos expedientes contra España en materia de impuestos. Por un lado, Bruselas envía un dictamen motivado (segunda etapa del procedimiento de infracción) en el que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a incorporar en la legislación nacional las nuevas reglas europeas sobre impuestos especiales.

La directiva en cuestión (que deroga y sustituye a una norma de 2008) establece disposiciones comunes aplicables a todos los productos sujetos a impuestos especiales. Los Estados miembros debían transponerla a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Hasta la fecha, España no ha notificado ninguna medida de transposición. Por eso, la Comisión le lanza un ultimátum de dos meses. Si en ese plazo no hay avances, Bruselas podría remitir el asunto al TJUE.  

Finalmente, el Ejecutivo comunitario ha pedido a nuestro país que aplique adecuadamente el nuevo mecanismo de resolución de litigios fiscales transfronterizos de la Unión. Este mecanismo garantiza una resolución más rápida y eficaz de los litigios fiscales entre Estados miembros, lo que ofrecerá una mayor seguridad fiscal a las empresas y las personas sometidas a doble imposición, según Bruselas. 

En su evaluación de la transposición española de esta directiva, la Comisión considera que la legislación nacional no contempla una serie de características clave de las nuevas normas. España dispone ahora de dos meses para responder a la carta de emplazamiento.