Esta es una de las principales novedades del plan que presenta este miércoles la Comisión de Ursula von der Leyen con el fin de contrarrestar el impacto de las ayudas por valor de 370.000 millones de dólares de Joe Biden a la industria verde norteamericana. Una inyección masiva de dinero público que se conoce con el equívoco nombre de Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés).

Bruselas considera que la IRA discrimina a las empresas comunitarias, ya que sus subvenciones se reservan únicamente a los productos fabricados en territorio estadounidense, ya sean coches eléctricos o paneles solares. A menos que la UE reaccione, el riesgo es una fuga masiva de empresas europeas para beneficiarse de las subvenciones norteamericanas. Al Ejecutivo comunitario le inquietan también las abundantes inversiones de China en tecnologías limpias, que superan los 280.000 millones de dólares.

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Como respuesta a estas amenazas, la Comisión propone poner en marcha un Plan Industrial para el Pacto Verde, cuyo objetivo es aumentar y acelerar la inversión europea en tecnologías limpias. ¿Cómo se financiará? Bruselas admite que la mayor parte del dinero saldrá de los presupuestos nacionales y por ello plantea relajar las reglas para que los Estados miembros puedan conceder más ayudas a la industria verde.

De lo que se trata es de acelerar y simplificar las cosas. Von der Leyen ha prometido que los cálculos serán más fáciles; los procedimientos, más simples; y las aprobaciones, más rápidas. Es en este contexto en el que el Ejecutivo comunitario propone "modelos simples de desgravación fiscal".

"Las disposiciones sobre desgravaciones fiscales permitirán a los Estados miembros alinear sus incentivos fiscales nacionales en torno a un modelo común; y ofrecerán así mayor transparencia y predictibilidad a las empresas de toda la UE", señala el borrador del Plan Industrial para el Pacto Verde, al que ha tenido acceso este periódico.

Apoyo inmediato

Estas desgravaciones fiscales también podrán financiarse con los fondos Next Generation. De hecho, el Ejecutivo comunitario "anima encarecidamente a los Estados miembros incluir en las modificaciones de su plan de recuperación (como la adenda que negocia ahora mismo Sánchez con Bruselas) medidas simples y eficaces para dar apoyo inmediato a las compañías y para impulsar su competitividad".

Entre estas medidas "simples y eficaces", Bruselas cita expresamente la concesión de "degravaciones fiscales u otras formas de apoyo a las inversiones verdes y en tecnologías limpias que lleven a cabo las empresas, adoptando la forma bien de un crédito fiscal, una amortización acelerada o un subsidio ligado a la adquisición o mejora de activos de inversión verde".

El Ejecutivo comunitario estima que se necesita una inversión acumulada de más de 170.000 millones de euros de aquí a 2030 en la fabricación de tecnologías limpias para energía solar, eólica, baterías, bombas de calor e hidrógeno.

Por lo demás, la Comisión reitera su compromiso de proponer, en verano de 2023, un fondo soberano europeo que se dedicaría a financiar inversiones en tecnologías limpias y otros sectores punteros como la microelectrónica, la computacion cuántica o la inteligencia artificial. No obstante, Bruselas no aclara cuál será la dotación de este fondo soberano ni cómo se financiará.

División en la UE

Lo cierto es que las subvenciones masivas de Biden a la industria verde han dividido a la Unión Europea. Por un lado, Francia y Alemania apuestan por lanzar un gran plan de inversión para reindustrializar el continente. Para ello, París y Berlín apoyan relajar las reglas que limitan las ayudas públicas nacionales. Pero en el eje franco-alemán también hay desacuerdos. Emmanuel Macron va un paso más allá y pide crear un nuevo fondo europeo a imagen de Next Generation para financiar la transición energética. Pero Olaf Scholz rechaza otra emisión conjunta de deuda.

En el extremo contrario, los países frugales nórdicos (liderados por Holanda) no sólo se oponen a cualquier nuevo instrumento de financiación europeo para la transición energética, sino que también rechazan una carrera de subvenciones nacionales. A juicio de los frugales, la receta para mejorar la competitividad de la industria europea pasa por acabar con el exceso de regulación, recortar la burocracia y facilitar la libre circulación de capital y trabajadores.

En tierra de nadie se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez, cuya prioridad es que Bruselas autorice un "procedimiento acelerado" para dar fondos Next Generation a las empresas. Sánchez sostiene que las reglas vigentes dificultan e incluso bloquean el despliegue de las ayudas europeas. El ejemplo más claro es el PERTE del coche eléctrico, que preveía ayudas de 3.000 millones, pero de las que sólo se han podido adjudicar 877 millones.