Nuevo motivo de enfrentamiento en el seno del Gobierno de coalición. Esta vez, a causa de Ferrovial. Mientras que el ala socialista “respeta” la aprobación de los accionistas de la multinacional de infraestructuras para trasladar su sede social a Países Bajos, el ala ‘morada’ critica con dureza su huida y pide “contundencia” contra la empresa.

El Gobierno ha transmitido su respeto a la decisión adoptada este jueves por los accionistas de Ferrovial en la junta general de trasladar la sede social de la compañía a Países Bajos y ha asegurado que trabaja para atraer inversión y favorecer que las empresas en España puedan crecer, crear empleo y acceder a los mercados financieros desde el país "en las mejores condiciones posibles".

Con un quórum del 77,6%, la junta de Ferrovial ha dado 'luz verde' a la operación por la cual la matriz española se fusionará con su filial neerlandesa, cuyo resultado creará una nueva firma con sede en ese país y que supondrá que la multinacional deje de ser española.

Tras conocerse el resultado, desde el Ministerio de Asuntos Económicos han trasladado su respeto por la decisión de los accionistas, aunque han mantenido el argumento de que las empresas cotizadas en España pueden cotizar en la bolsa norteamericana si así lo solicitan.

"Como ha quedado claro, por los análisis del supervisor del mercado de valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME), las empresas cotizadas en España pueden cotizar en la bolsa norteamericana si así lo solicitan, ya que no existen obstáculos legales, normativos o de operativa que lo impidan", han remarcado desde el departamento que dirige Nadia Calviño.

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Economía ha destacado que todas las previsiones nacionales e internacionales apuntan a un crecimiento económico de España este año que casi duplica la media europea y de las principales economías de la zona euro. Además, ha puesto en valor que España es un país competitivo, que atrae talento e inversiones, indicando que en 2022 la inversión extranjera superó los 34.178 millones de euros, el segundo mejor año de la historia.

"Vamos a continuar trabajando de manera constructiva con todas las empresas españolas para defender sus intereses e impulsar su expansión y crecimiento", remarcan desde el Ejecutivo.

Belarra, en contra

En cambio, el tono más duro ha salido de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Desde su punto de vista, "lo que estamos viendo con Ferrovial, el Gobierno de España no lo puede permitir". En declaraciones ante la prensa, ha señalado que el Ejecutivo, en clara referencia al ala socialista, "tiene que ser mucho más contundente".

"Ferrovial, lo está viendo todo el mundo, se va a otro país para tratar de evadir el pago de impuestos en España. Eso es reírse a la cara de los españoles y las españolas, que con el dinero de sus impuestos, con dinero público, dieron ayudas en lo peor de la pandemia a una empresa como esta, que se mantuvo a flote gracias a las ayudas públicas. Y hoy lo que estamos viendo, en tiempos de bonanza, es que cogen las cosas y se van. Creo que no se puede permitir y tienen que devolver hasta el último euro", ha sostenido Belarra en un tuit.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha tachado de "inaceptable" la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos, respaldada este jueves por una amplia mayoría de sus accionistas.

"La inaceptable decisión de Ferrovial de cambiar su sede a Ámsterdam ha generado indignación en nuestro país", ha escrito Díaz en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. La titular de Trabajo ha asegurado que el Gobierno seguirá defendiendo el interés general y ha apelado también al papel de las empresas: "Tienen que comprometerse con su país y la mejor forma es avanzar en democracia económica".

Mes y medio de espera

En cualquier caso, todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje de accionistas de Ferrovial que ha votado en contra, todavía por conocer, ejerza su derecho de separación, es decir, venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado.

Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejerce en el plazo de un mes a contar desde este jueves, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones de euros que fijó en los términos de la operación.

Si nadie ejerce ese derecho, o al menos no se llega a ese porcentaje, se cerrará así un periodo de más de un mes y medio de tensiones entre el Gobierno español y la compañía, después de que el primero trasladase su disconformidad con la operación y la segunda defendiese su derecho a acometer una fusión transfronteriza, en este caso con un país europeo.

El único fleco abierto ahora será el del coste fiscal de esta operación, es decir los impuestos a pagar por el traslado. El Gobierno ya ha advertido a la empresa que si la Agencia Tributaria no encuentra motivos económicos (sino fiscales) para realizar la operación, no quedará exenta de las ventajas fiscales que aplican en estos casos.