Sareb pagará 16 millones a empresas externas para conocer la situación real de sus inmuebles más conflictivos

El más conocido como 'banco malo' adjudicará en base a dicha licitación a empresas externas contratos para tratar de obtener la posesión de sus viviendas más conflictivas, aquellas que se encuentran "en proceso de transformación" (de ejecución hipotecaria, por ejemplo), o de las que no se haya tomado todavía posesión, así como conocer el estado ocupacional de las mismas y la vulnerabilidad de sus ocupantes.

El contrato de la Sareb tiene lugar en plena tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Vivienda y tras el anuncio realizado por el Gobierno de poner a disposición para alquiler social hasta 50.000 viviendas del 'banco malo'.

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La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, informó ayer en el Consejo de Ministros del Plan de la Sareb para movilizar 50.000 viviendas para alquiler social y asequible.

De esas 50.000 viviendas, 21.000 formarán parte del stock "potencial" de vivienda terminada que el organismo pondrá a disposición para su venta a comunidades autónomas y ayuntamientos. Otras 14.000 viviendas "ya habitadas, en las que se está trabajando para identificar las familias vulnerables y ofrecerles un programa de alquiler social y acompañamiento laboral". Y 15.000 viviendas más saldrían de suelos en los que se podrían levantar inmuebles residenciales.

El contrato de la Sareb

El contrato puesto en marcha por la Sareb aprobado el pasado 31 de marzo parece ir encaminado a detectar la situación real de esas 14.000 viviendas habitadas que indicó ayer Calviño en su anuncio tras el Consejo de Ministros.

Las empresas interesadas en el contrato deberán presentar sus ofertas antes del próximo 24 de abril, según consta en la documentación consultada por este diario en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo de ejecución previsto es de dos años.

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De acuerdo a los pliegos de la licitación, se ofrecerán cuatro lotes "compuestos por un elevado número de activos de diversas tipologías, con dispersión geográfica y sin un ritmo o cadencia determinada". El organismo no precisa el número de viviendas afectadas.

Sareb impone como servicio esencial que deberán ofrecer las empresas adjudicatarias la "verificación del estado ocupacional", siendo "imprescindible" emitir un informe sobre la "percepción visual del estado del activo y de la estimación de los criterios de habitabilidad y seguridad y su estado ocupacional, si hay habitantes detectados y valorar si estos presentan indicios de vulnerabilidad (...)".

Casas ocupadas

Entre los objetivos expuestos por la Sareb en los pliegos del contrato, se encuentra el de "instar la recuperación por vía judicial de todos aquellos activos ocupados sin título habilitante o que este haya expirado o se encuentre en situación de impagado (...)".

Los procedimientos judiciales, explica la Sareb, se interpondrán únicamente en casos de nuevas ocupaciones sin título habilitante; donde se detecte un contrato de alquiler previo, pero no validado por resolución judicial, a la adjudicación a Sareb; o donde exista un alquiler formalizado por Sareb y que se encuentre en situación de impagado.

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Sareb precisa que las empresas adjudicatarias deberán tratar de establecer una "mediación con los ocupantes dirigida a la desocupación del inmueble y entrega voluntaria de la posesión sin compensación dineraria (...)". 

En todo caso, apunta el organismo, el procedimiento judicial "se deberá ejecutar de forma coordinada con el procedimiento de recuperación amistoso, evitando la realización de actuaciones innecesarias y siempre aplicando los principios de gestión de la vulnerabilidad establecidos por Sareb".