A través del portal Antigua.news y de su cuenta en Twitter, Darío Item, también embajador del país isleño caribeño en Mónaco y en Liechtenstein, y en la Organización Mundial del Turismo, al frente además del despacho I&P Law Office, en Lugano (Suiza), ha revelado en exclusiva documentación clave en el caso Credit Suisse.

El embajador fue el primero en desvelar públicamente los contenidos de las ordenanzas de los pasados días 19 de marzo y 22 de marzo emitidos por el regulador financiero suizo, Finma, entre los que existen aparentes contradicciones.

[UBS establece una lista de restricciones a los banqueros de Credit Suisse]

El caso Credit Suisse y los AT1 "ha sido una expropiación, y en Derecho suizo no puede haber una expropiación sin indemnización", afirma Darío Item en una entrevista mantenida con EL ESPAÑOL-Invertia.

El 19 de marzo, la Finma ordenó la amortización de los bonos AT1 de Credit Suisse por valor de 16.000 millones de francos suizos, unos 16.352 millones de euros, una decisión que conmocionó al mercado internacional de los bonos y que ha supuesto la presentación de miles de recursos contra dicha decisión ante el Tribunal Administrativo Federal Suizo.

Los bonos AT1 -los conocidos como CoCos, deuda subordinada- se encuentran, teóricamente, en caso de liquidación, en un nivel superior que las acciones, pero la Finma decidió invertir ese orden al estallar la crisis de Credit Suisse, valorando en cero esa inversión de 16.000 millones de francos en este instrumento financiero.

"En mi opinión", comenta el embajador, "el Gobierno suizo y Finma decidieron promulgar una ordenanza extraordinaria, de emergencia, para anular los bonos, porque no había base contractual para hacerlo; así que han tenido que aprobar una norma ad hoc con efecto retroactivo". 

[El Gobierno suizo y UBS firman un acuerdo de cobertura de pérdidas]

"Existen grandes contradicciones entre el contenido del decreto del regulador del 19 de marzo y la información facilitada unos días antes por el Gobierno; en su decreto del 19 de marzo, Finma es mucho más catastrofista", indica.

El embajador publicó también el contenido de la ordenanza emitida por Finma el 22 de marzo, que ha elevado aun más las dudas sobre la legalidad de las acciones gubernamentales tomadas en el rescate de Credit Suisse. De la lectura de esa segunda ordenanza, se extrae la conclusión de que, en realidad, Credit Suisse había advertido a Finma que no existe base contractual para ejecutar la amortización de los bonos AT1.

[Credit Suisse registró una salida de activos de 62.479 millones antes de la fusión con UBS]

"Las preguntas más importantes ahora son, ¿era necesaria la intervención del Estado para salvar Credit Suisse?", indica Darío Item. "De acuerdo al folleto de emisión de los bonos AT1, ¿era posible que estos fueran anulados? Finma defiende que sí, pero Credit Suisse advirtió que no existe base contractual para ello", explica.

Como informó Antiguanews, Credit Suisse "se ha opuesto ante el tribunal a que se publicara toda esta información", destaca el embajador de Antigua y Barbuda en la entrevista con este periódico, "en particular sobre el contenido de la segunda ordenanza y de los documentos relacionados, que es donde reconoce que no hay base legal para la amortización de los bonos AT1".

[El regulador financiero suizo recibe cientos de demandas por amortizar los CoCos de Credit Suisse]

"¿Había realmente un interés público en esta expropiación, en esta violación de la garantía constitucional de la propiedad privada?, ¿se ha respetado el principio de proporcionalidad?; ¿por qué el Gobierno trata de forma diferente a los propietarios de estos bonos y al resto de inversores, accionistas o propietarios de otro tipo de bonos?", se pregunta.

"El Gobierno ha dado a Credit Suisse más de 259.000 millones de francos suizos en préstamos y garantías; los bonos AT1 solo representan el 6% de esa cantidad, 16.000 millones, y su amortización no solo ha generado la presentación de miles de recursos, también ha supuesto un shock financiero internacional, por el que Suiza ha perdido credibilidad entre los inversores extranjeros", lamenta Item.

"¿Era realmente necesario, merecía la pena?", cuestiona. "Incluso instituciones como el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra se apresuraron a distanciarse de la decisión del Gobierno suizo de amortizar los AT1", recuerda.

El caso de la entidad suiza no afecta solo a grandes inversores o institucionales, subraya el embajador. "El fondo de pensiones de los empleados de la cooperativa suiza Migros ha perdido 100 millones de francos suizos en AT1", destaca. "Y se calcula que al menos un total de 5.000 millones de francos de bonos AT1 que tenían un valor mínimo de inversión de sólo 5.000 francos se vendieron a clientes minoristas".

El abogado y embajador de Antigua Barbuda recuerda que aparte de las garantías fundamentales contenidas en la Constitución suiza, la protección de los intereses de los inversores también está garantizada por el Convenio de Washington de 1965 sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de otros Estados que Suiza ha firmado.

Darío Item cree que el caso Credit Suisse debe tener una "solución política". Hace dos semanas el Parlamento suizo aprobó la creación de una Comisión de Investigación sobre el asunto. "Confío en el trabajo de esa comisión", dice. El Gobierno suizo debe "volver atrás, rectificar" su decisión sobre los AT1", sostiene. "Los inversores no van a olvidar lo ocurrido".