Plantaciones de marihuana: el fraude eléctrico que lleva a un nuevo nivel las amenazas a la seguridad

Las mafias detrás de estas plantaciones manipulan las instalaciones eléctricas generando un riesgo real para los consumidores y para la calidad del suministro.

Cada vez con mayor frecuencia, los medios de comunicación dan noticia de intervenciones policiales en plantaciones de marihuana. Imágenes espectaculares que delatan la existencia de toda una industria delictiva establecida en torno al cultivo de esta planta de la que se extraen sustancias psicotrópicas. Es una actividad ilegal que crece año a año y afecta cada vez más a las comunidades en las que se desarrolla: se trata de un problema de salud pública pero también de seguridad para las personas que se ven obligadas a convivir con ello.

A los problemas más obvios se le añade otra variable específica que es común a plantaciones de este tipo: las prácticas irregulares en relación al uso fraudulento de la electricidad. Por las características y las exigencias que requieren estos cultivos, se ha acrecentado la tendencia a usar espacios cerrados como naves industriales o incluso viviendas, lo que se conoce como cultivos indoor.

Es precisamente en estos lugares donde se producen las artimañas de los traficantes para manipular la red eléctrica y engancharse sin rendir cuentas para alimentar todo el ciclo de vida de la marihuana. Grosso modo, la estimación del consumo dedicado a estas actividades a lo largo del año en toda España es equivalente al que tienen unos 630.000 hogares, es decir, algo parecido a lo que sería una ciudad como Sevilla, por ejemplo.

Grave riesgo para los que conviven con el problema

Por eso está claro que, al abordar la problemática en torno a las plantaciones ilegales de marihuana, existe una diversidad de enfoques que implican directamente a las compañías eléctricas, a las autoridades… y a la ciudadanía, porque otra consecuencia del auge de estos cultivos es que estas instalaciones inutilizan cualquier tipo de medida de seguridad básica, generando un potencial riesgo para la integridad de las personas que incluso ya se ha cobrado vidas.

En todo este ecosistema el papel de las autoridades es clave, pero también lo es el de las compañías energéticas, que detectan estas situaciones y prácticas fraudulentas que constituyen un grave riesgo para las personas. Como explica José Manuel Revuelta, director general de Redes de Endesa, el quid de la cuestión está en que estos enganches ilegales implican una manipulación de los elementos que configuran una instalación eléctrica, lo que afecta a la seguridad: “Existen una serie de protecciones de las instalaciones tipo para que cualquier persona conviva con la electricidad de forma segura”, explica. Pero con estas actividades “por los cables domésticos pasa mucha más intensidad de la que están preparados para soportar o, por ejemplo, para ganar en espacio, tiran paredes, muros de carga o lo que haga falta. Y entonces, todos estos elementos que configuran las condiciones de seguridad normales en una vivienda dejan de existir".

Esta carencia sobrevenida de medidas mínimas de seguridad afecta a quienes están más cerca de estas plantaciones pero, dado que el cableado, la red y, en definitiva, cualquier elemento de la instalación se ve afectado, los riesgos se multiplican, como enumera Revuelta: “Afectan a la calidad de suministro, a los propios trabajadores de las empresas que vamos a revisar las instalaciones y, por supuesto, también a las fuerzas del orden que tienen que intervenir en estas actuaciones”. Es habitual que los trabajadores de la compañía se encuentren con todo tipo de situaciones de riesgo e incluso de contramedidas y trampas aplicadas por los propios traficantes que complican su trabajo.

Escala de la violencia en torno a las plantaciones

Compañías como Endesa cuentan con herramientas que detectan consumos anómalos de electricidad lo que les permite dar aviso a las autoridades y ubicar el foco del problema. No obstante, aún con esta capacidad, el problema del fraude no termina de atajarse, e incluso se agrava, a tenor de las estadísticas que apuntan a un crecimiento exponencial de plantaciones en los últimos años.

Hay un aspecto crucial: al estar en propiedades privadas, a la hora de actuar “el proceso tiene que ser muy garantista y para intervenir dentro de los domicilios, siempre tenemos que ir acompañados por una orden judicial y con la Policía o la Guardia Civil, con lo cual los nuevos casos van por delante de las intervenciones que somos capaces de poner en marcha”, afirma Revuelta.

Pero a los aspectos legales se le unen otros que entran de lleno en el ámbito de la seguridad ciudadana, como enumera la Capitán de la Guardia Civil Elena Cogollo, que lo sitúa como “un problema a nivel social y estatal. "En España estamos siendo ya productores de marihuana a nivel europeo y esto provoca un efecto llamada para las organizaciones criminales” que vienen a cultivar este producto a nuestro país”.

Es evidente que el factor económico está muy ligado a esta práctica porque, como apunta Cogollo, “hasta hace unos años lo normal era que, tras estas plantaciones, hubiese una persona que la utilizaba para consumo propio o compartido con los amigos, a lo mejor de venta minorista y poco más. Pero esta escalada de producción ha hecho que, al final, detrás de estas plantaciones haya organizaciones criminales españolas e incluso de terceros países”.

En paralelo, esta escalada afecta a la infraestructura que establecen los criminales e incluso a su organización, que ha pasado a ser, en palabras de esta Capitán de la Guardia Civil “un cultivo cooperativista, ya que tienen a personas que les cultivan la marihuana, les dejan todo preparado, les dan las plantas, las semillas y los equipos que necesitan para poder poner en marcha la plantación y luego recolectan todo el cultivo”.

De hecho, añade Cogollo, que estas mafias internacionales sean los actores principales también ha generado otra situación inédita: “El incremento de la violencia, porque además hay organizaciones criminales que no se dedican a cultivar, sino a robar lo que producen otras organizaciones, algo que se conoce como ‘vuelcos’”. Son nuevas situaciones que parten de una premisa que favorece este ecosistema de fraudes y de delitos: “Indudablemente, se debe al binomio riesgo-beneficio que tienen las organizaciones criminales: es muy rentable para ellos y en cambio el reproche penal es mínimo” en relación a las penas que pueden recibir por mover otro tipo de droga o incluso en comparación con otros países de nuestro entorno, concluye Cogollo.

Drogas aún más perjudiciales

Por otra parte, a estas penas menos estrictas que en otros casos también se le añade un componente psicológico que, según las autoridades, ayuda a blanquear, en cierto modo, todo lo relativo a la marihuana. “Creemos que, en general, existe tanto una falta de concienciación social, como un blanqueamiento respecto a la marihuana, que se ha puesto ahora de moda”, denuncia Cogollo. “Por eso no somos capaces de asociar que, detrás de ese cigarro de marihuana que se puede fumar alguien, hay realmente organizaciones criminales que están haciendo daño a nivel social”.

Esta proliferación, el efecto llamada y la presencia de organizaciones criminales de varios países han generado una competencia entre estas que también ha acabado por incidir en el propio producto. Así, en los últimos años se ha detectado un aumento el del contenido activo de la planta, el THC: se trata de una marihuana más adictiva que nunca y que, por tanto, genera mayor riesgo de sobredosis o de efectos perniciosos sobre la salud física y mental a medio y largo plazo.

Por todo ello, detectar este tipo de plantaciones es vital para minimizar el problema. Y aunque hay un consenso bastante firme y “un trato muy fluido y casi diario” entre las compañías de energía y las autoridades, el papel de la ciudadanía es clave también para denunciar estas situaciones que, en muchos casos, afectan a su propia seguridad. Se puede hacer a través de los cuarteles o de la página web de la Guardia Civil o mediante los canales anónimos de las propias compañias. Por poner en contexto la importancia de esta vía, el director general de Redes de Endesa cifra en 55.000 las denuncias recibidas durante 2022, que sirvieron para abrir 21.000 inspecciones y hasta dos mil intervenciones conjuntas con las fuerzas del orden. Fue un 75% más que el año previo y una muestra de que la concienciación en torno al problema crece.