Blasket Renowable Investments, el fondo estadounidense que este año ha pedido la declaración de suspensión de pagos de España por los impagos en laudos por las renovables, y que ha activado por este asunto el embargo de la sede del Instituto Cervanes en Londres, ha enviado correos electrónicos a las principales agencias de calificación para que tengan en cuenta esos impagos a la hora de analizar el rating de la deuda española.

La iniciativa del fondo se suma así a las de otras sociedades de inversión que reclaman también pagos por las renovables, y que a principios de año enviaron cartas advirtiendo igualmente sobre la cuestión a las agencias de calificación, elevando la presión sobre el Gobierno español.

Los correos de Blasket, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, fueron enviadas a finales del pasado mes de mayo. En ellos, el fondo llama la atención de Moodys y Fitch sobre "ciertos acontecimientos" que deberían estimar a la hora de establecer la calificación crediticia de la deuda española.

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"España ha incumplido sus obligaciones deudoras derivadas de deterinados laudos arbitrales", suvraya. Ese incumplimiento, añade, "constituye uno o más de los eventos de incumplimiento de los intrumentos de deuda soberana española".

El fondo reitera que es la primera vez, desde 1936, que España incumple su compromisos de deuda, y compara dicha actitud con la de Venezuela. Blasket asegura en sus correos que España acumula ya una deuda de 1.400 millones de dólares por casos relacionados con las renovables perdidos en el Ciadi (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, del Banco Mundial).

Blasket envió entre marzo y abril varias cartas al Gobierno informando que había activado la cláusula de 'default' de cuatro emisiones de bonos, lo que supondría que esos títulos deben ser reembolsados a sus acreedores, más los intereses.

Al igual que Blasket, otros fondos internacionales reclaman indemnizaciones al Estado español de más de 10.000 millones de dólares por los recortes decididos a las inversiones en renovables en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, después de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aplicara una expansiva política de subvenciones en el sector.