Asufin se mete en el caso Herrero Brigantina para agilizar y escalar el proceso judicial de los afectados

Hace unos días, Asufin lanzó la siguiente campaña: "El cerco policial se estrecha sobre Herrero Brigantina, los afectados podéis reclamar". El conglomerado inversor con sede en la capital del Bierzo está siendo investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, como adelantó ‘El País’, así como por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

De hecho, el supervisor de los seguros recordó hace un mes que hasta seis entidades filiales del conglomerado empresarial liderado por Juan González Herrero son sujetos no autorizados para la actividad aseguradora y de distribución: Broker Asegurador de Ultramar, Compañía Galega de Corretaxe, Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora, La Marina AB Mediadores, North Atlantic Insurance Broker Company y Astudeme.

Desde hace meses, se rastrea la posible existencia de un esquema piramidal tipo Ponzi con instrumentos financieros bajo sospecha -seguros unit linked con cestas de fondos de inversión- que supuestamente eran respaldados por aseguradoras como AXA, Plus Ultra o Generali. Aunque éstas se han desvinculado de Herrero Brigantina e, incluso, alguna de ellas, como Generali, ha emitido un comunicado para dejar constancia.

La desinformación que ofrece Herrero Brigantina a sus clientes es "total", según Asufin. Se comprometió a la devolución del capital invertido en un periodo de 30 días una vez los productos venciesen o llegaran a sus ventanas de reembolso, pero "no se ha devuelto ni un sólo céntimo". La contestación por parte de la compañía suele ser "falta de liquidez" y ofrecer planes para la devolución del dinero "a plazos".

[El presidente de Herrero Brigantina, en una reunión privada: “La DGSFP quiere quitarnos la licencia”]

Varios despachos de abogados lideran las primeras querellas contra Herrero Brigantina en Galicia y Castilla y León, sobre todo: Caruncho & Tomé, Brágimo Abogados o Luis Vallina, entre los que se tienen constancia. Si bien el caso se extiende, así como las demandas correspondientes, a Madrid, San Sebastián o Palma de Mallorca, puesto que hay afectados por toda España.

La pluralidad de supuestos delitos que se le achacan abarca: falsedad documental; estafa agravada y piramidal; apropiación indebida u organización criminal, entre otros tantos.

La vía civil, la más rápida

Marisa Protomártir, responsable de los Servicios Jurídicos de Asufin, cuenta que, por el momento, más de una veintena de personas han contactado con la asociación. Asufin está esperando a la conclusión de la DGSFP para decidir por qué vía judicial enfrentar el caso.

"El caso es totalmente opaco. Además, los contratos a los clientes eran una sola página sin apenas información. Los unit linked no contenían información obligatoria como en qué consiste el producto, su nivel de complejidad y riesgo, qué fondos de inversión hay por debajo, qué rentabilidades pasadas han logrado o los escenarios de probabilidades a futuro", entre otros requerimientos legales. "Tampoco se hacían los test de conveniencia e idoneidad", explica Protomártir.

Los agujeros jurídicos de Herrero Brigantina son muchos. Por citar otro ejemplo, North Atlantic Insurance Broker Company ni siquiera presentó las cuentas de 2021, que tendría que haber depositado en 2022.

Asufin considera que, con las pruebas y testimonios de los que dispone hoy día, cuando la DGSFP se pronuncie lo más conveniente sería ir a un procedimiento civil y no a uno penal. "La vía civil es más rápida para recuperar el dinero. Con demostrar que no hubo información suficiente en la comercialización de los productos, el contrato sería nulo. En Madrid, este procedimiento puede dilatarse entre un año y año y medio", estima su responsable jurídica.

Y añade: "Si el conglomerado tiene patrimonio, los primeros que llegan, cobran. Pero si precipitas un concurso de acreedores, no cobra nadie o es más difícil que alguien cobre en tiempo y forma".

Un procedimiento penal de esta envergadura podría tardar más de cinco años. "Por la vía penal hay que demostrar su intención de cometer un delito de estafa. Aunque entendemos que otros despachos de abogados vayan por esa vía porque es la que más claridad documental te ofrece". Con todo, Protomártir no descarta acudir a esta vía una vez agotada la civil.