La homologación supone que los fondos acreedores, liderados por Deutsche Bank, tomarán el control de la multinacional del acero de la familia Rubiralta.

El juzgado ha explicado que el plan prevé la capitalización "de una importante de la deuda, de manera que los fondos de inversión de los acreedores pasen a ser accionistas de la compañía sustituyendo a los actuales propietarios".

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El juez Álvaro Lobato entiende en su sentencia que el plan de reestructuración "reúne todos los requisitos legales dado que el importe de la deuda es muy superior al valor de la compañía y que, con la propuesta de los acreeores se asegura la viabilidad del grupo Celsa".

La multinacional española controlada hasta ahora por la familia Rubiralta emplea a cerca de 4.000 personas solo en España. El grupo está formado por seis empresas especializadas en el reciclaje de chatarra férrica, con presencia en Reino Unido, Francia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Polonia, Suecia e Irlanda, además de en España. En total, emplea a 70.000 personas.

Los Rubiralta se han opuesto al plan de los fondos ferozmente, advirtiendo que su estrategia para refinanciar el grupo, con más de 3.000 millones de euros de deuda, es "un expolio". Han recibido el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez y también el de la Generalitat.

El juez afirma en la sentencia que, en una "moderna economía competitiva", el mercado "es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica". Los acreedores tienen reconocida en la sentencia la facultad de implementar el propuesto que es la "única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del grupo Celsa".

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El magistrado subraya que los fondos "deben cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía, manteniendo su integridad, conservando los puestos de trabajo, y ello sin alterar los centros estratégicos de decisión que tanta relevancia tienen para la economía en su conjunto".

La sentencia, sostiene el juez Lobato, "profundiza en una interpretación económica de la Ley Concursal y proporciona muchos criterios interpretativos para sucesivas situaciones de crisis que puedan favorecer las negociaciones entre deudos y sus acreedores".

¿Buena noticia?

Que la sentencia pueda ser una buena noticia, añade el juez en el comunicado enviado por el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, "dependerá del uso responsable de las extraordinarias facultades de decisión que se conceden a los acreedores, del cuidado y protección de todos los intereses en juego y de la preservación del valor empresarial y la continuidad de las compañías".

Durante el juicio celebrado el pasado mes de julio, las valoraciones de la compañía difirieron en miles de millones de euros, dependiendo de que las presentaran los asesores contratados por los Rubiralta o por los fondos de inversión acreedores.

Lazard, contratado por el consejo de administración del grupo Celsa, estimó una valoración de hasta 6.000 millones de euros, mientras que el despacho Lexaudit, contratado por los fondos, calculó un valor de 2.800 millones.