Álvaro Lobato, el magistrado del Juzgado Mercantil número dos de Barcelona, incide en su sentencia, comunicada ayer lunes, en el poder que tienen los acreedores con la llegada de la nueva Ley Concursal. 

La sentencia de Celsa, que homologa el plan de reestructuración elaborado por los fondos de inversión acreedores del grupo, es un aviso para todas aquellas compañías españolas que estén en una situación similar al de la multinacional catalana, o con graves problemas de deuda: los fondos tienen la sartén por el mango en un proceso de refinanciación que se acoja a la nueva ley concursal.

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"La única alternativa viable del grupo Celsa es el Plan de Reestructuración propuesto por los acreedores", dice el juez en su reciente sentencia. "Comprendo perfectamente que a los socios no les guste", añade, "pero, como ya he dicho antes, no son ellos sino los acreedores los que reparten las cartas".

La incorporación a la normativa concursal española del nuevo procedimiento de homologación de un Plan de Reestructuración "ha supuesto un verdadero cambio de paradigma", afirma el magistrado. "Un seísmo normativo que ha alterado profundamente la posición de los participantes en el juego, la tradicional correlación de fuerzas entre el deudor y sus acreedores", dice.

Ahora son los acreedores, explica Álvaro Lobato en su sentencia, "quienes gozan del poder de la iniciativa". Son, como en el caso de Celsa, los fondos internacionales acreedores los que "pueden dirigir el procedimiento y diseñar las soluciones más eficientes sin necesidad de contar con el consentimiento o la anuencia del deudor".

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Cuando el proceso de homologación es iniciado por los acreedores, "el deudor carece de la posibilidad de acudir a ese escenario de tierra quemada que era el concurso de acreedores", considera el juez.

En su opinión, en la actualidad, con la nueva Ley Concursal, el deudor "en realidad solo tiene tres alternativas": O negocia con los acreedores; o se limita a aceptar el designio de sus acreedores; o "satisface la deuda".

Lobato incluye en su sentencia de Celsa un ventaja que, en su opinión, tiene la nueva Ley Concursal. "La experiencia y el saber acumulado acreditan que las sociedades más prósperas del mundo son aquellas en las que, precisamente, se otorgan mayores garantías a los acreedores y se facilita la liquidez y el libre funcionamiento de los mercados".

Fondos buitres

El juez de Celsa da la cara por los fondos de inversión acreedores en su sentencia, a los que el consejo de administración de la compañía ha acusado de expoliadores.

"Acusar a los acreedores de configurar una coalición de 'fondos oportunistas', 'fondos buitres', de buscar un 'pelotazo financiero' o pretender una expropiación de los accionistas del Grupo Celsa', no es una descripción adecuada del escenario en el que nos encontramos", señala.

Cimientos de una torre eólica con acero producido por Celsa. Celsa.

Los fondos, explica Lobato, compraron la deuda de Celsa a la banca española en 2017 con un fuerte descuento, pero eso "en mi opinión, no les convierte en usureros". No hay nada "inmoral o reprochable en ello", indica, al contrario, "es una palmaria demostración de como los mercados eficientes asignan extraordinariamente bien los recursos".

El juez informa en su sentencia que ha inadmitido la pretensión de la familia Rubiralta de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias cuestiones relacionadas con la nueva Ley Concursal.

Tras la sentencia, será el despacho Lexaudit, contratado por los fondos de inversión acreedores, quien se haga cargo a partir de ahora de la organización de Celsa y de formar un nuevo consejo de administración.

Valoraciones

Una de las claves del juicio de Celsa ha sido las valoraciones que los asesores contratados por los fondos acreedores y por los Rubiralta han realizado sobre la compañía en funcionamiento.

El juez es especialmente crítico en su sentencia con el trabajo que la consultora PwC ha realizado para los Rubiralta, con una proyección de negocio para los próximos años muy favorable para la empresa y sobre la que se han basado los informes de valoración de los asesores contratados.

Con una deuda aproximada de 3.000 millones de euros, una valoración superior dificultaría que los fondos pudieran capitalizar la deuda reclamada, 1.200 millones de euros, y tomar el 100% de la multinacional con sede en Barcelona.

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Lazard y BDO, contratados por el consejo de administración de Celsa, presentaron valoraciones por encima del valor de la deuda de la compañía, en hasta 6.688 millones de euros. Pero el juez advierte en su sentencia que dichas valoraciones en realidad están basadas en una estimación previa realizada por la consultora PwC sobre proyecciones del negocio futuro del grupo catalán.

El banco de inversión estadounidense Lazard y la consultora BDO, recuerda el juez, "han excluido cualquier otra información que no fuera la elaborada por la propia compañía y validada por PwC". Y destaca, sobre esas proyecciones de negocio realizadas por la dirección de Celsa, que la "escasa pericia demostrada por el management de Celsa en sus previsiones económicas aconsejaba, siguiendo normas de elemental prudencia, revisar críticamente las nuevas proyecciones de enero de 2023".

"¿Cuál es el extraordinario motivo por el cual el Grupo Celsa va a poder vender sus productos a un precio un 33% superior al precio del mercado?", se pregunta el magistrado a la hora de valorar el trabajo sobre la proyección del negocio de Celsa realizado por PwC.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el presidente de Celsa, Francesc Rubiralta. Celsa.

Las proyecciones financieras que han servido de base para los informes elaborados por los asesores contratados por los Rubiralta, "son un formidable ejercicio de voluntarismo de la dirección del Grupo Celsa, una ilusionante carta a los reyes magos certificada por el barniz de PwC para asegurarse de que llegue a su destino, pero su contenido se desvanece cuando se contrasta con las duras réplicas de realidad".

La revisión de PwC de los planes de negocio de Celsa para el periodo 2023-2030, "es un documento denso, de 370 páginas cuyo resumen ejecutivo se limita a describir el escenario proyectado por el equipo directivo y a concluir su razonabilidad en términos casi tautológicos", subraya el magistrado.

El juez afirma que las valoraciones de Lazard y BDO "sobreestiman muy acusadamente el valor del Grupo Celsa al asumir acríticamente la correción y razonabilidad del denominado IBR [las proyecciones realizadas por la dirección de Celsa] validado por PwC".

El informe de PwC, señala Lobato, alcanza "la errática conclusión de que Celsa es solvente" porque elimina de su estudio "la totalidad de la deuda financiera remitiendo a un limbo, previamente diseñado por el deudor la cantidad de 2.300 millones de euros que Celsa adeuda a sus acreedores financieros".

"Por utlizar un símil sanitario", explica el magistrado, "es como si un diagnóstico médico concluyera afirmando que el enfermo goza de muy buena salud porque presenta unos excelentes resultados analíticos, pero su corazón ha dejado de funcionar".