La Comunidad Valenciana, autonomía que acapara el 50% del empleo en España de la industria de los semiconductores y microchips -según las cifras de la Generalitat Valenciana-, se ha convertido en una de las regiones fundadoras de la Alianza de Regiones Europeas de Semiconductores (ESRA).
El secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo de la autonomía, Felipe Carrasco, firmó este jueves el documento de adhesión a esta fundación, en la que participan otras tres autonomías españolas: Cataluña, País Vasco y Andalucía.
La Comunidad Valenciana, en consecuencia, es una de las impulsoras de esta "red de intercambio de conocimiento en campo de los semiconductores". Pretende "agrupar los intereses comunes de la industria para que estén representados eficazmente ante las instituciones de la Unión Europea", según explicó el Gobierno autonómico.
En total, son 27 las regiones europeas que forman parte de la alianza como miembros fundadores, cuatro de ellas españolas.
Se trata de un acuerdo estratégico para la Comunidad Valenciana, dado que más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras especializados que hay actualmente del sector en España se concentra en la autonomía.
En el acto fundacional, Felipe Carrasco ha señalado "la relevancia de la adhesión a este acuerdo en el marco de las políticas de promoción de la industria del sector de los semiconductores marcadas por el área de Innovación, Industria, Economía y Turismo, que dirige la consellera Nuria Montes".
La finalidad es que este pacto sirva de plataforma para "poner en contacto a empresas internacionales y nacionales, universidades, organismos gubernamentales, instituciones de investigación y consorcios de investigación público-privados". También "para promover el establecimiento de asociaciones internacionales en materia de semiconductores con países de ideas afines", según indica el texto del acuerdo.
La alianza ha sido promovida por el Estado Libre de Sajonia, cuyo ministro de Desarrollo Regional es también ponente del Comité Europeo de las Regiones sobre la Ley de chips de la UE.
El objetivo principal de la alianza será "promover el crecimiento y la competitividad de la industria de los semiconductores en las regiones y en Europa mediante el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, el fomento de la colaboración y la innovación". Además, "el apoyo al desarrollo de cadenas de valor fuertes, integradas y resistentes, y la reducción de las dependencias externas, especialmente en el caso de las materias primas críticas".
En este sentido, la alianza "se considera una plataforma regional y un socio de la Comisión Europea en la aplicación de la Ley Europea del Chip", y "quiere contribuir activamente a reforzar a Europa como emplazamiento de semiconductores en la competencia mundial".
Ley de Chips
La Comisión Europea propuso el 8 de febrero de 2022 un amplio paquete de medidas para reforzar el ecosistema de semiconductores de la UE: la Ley Europea de Chips (ECA). El objetivo de la Comisión es aumentar la cuota de mercado de Europa en la fabricación mundial de chips del 10% actual a un 20 % en 2030.
Para lograrlo, la Comisión pretende movilizar una inversión pública y privada de hasta 43.000 millones de euros. Esta norma pretende fomentar la producción de microchips en la UE y hacerla así menos dependiente de otros mercados como Asia o Estados Unidos. La Ley Europea de chips aún debe ser aprobada por los Estados miembros antes de entrar en vigor.
Según la Fundación para la Tecnología de la Información y la Innovación (ITIF), cada segmento de la cadena de valor mundial de los semiconductores incluye una media de 25 países implicados en la cadena de suministro directo. La extracción y adquisición de materias primas es global y está sujeta a múltiples influencias.
La alianza considera que, para que la UE mantenga su posición en el mercado de los semiconductores, los países socios deben colaborar más estrechamente y explorar las posibilidades de cooperación. Para ello es necesaria la cooperación entre científicos, investigadores e ingenieros de los clústeres de los respectivos países, uno de los objetivos fijados por el acuerdo firmado este jueves en Bruselas.