La Comisión Europea ha vuelto a imponer una multa de 376 millones de euros a Intel por abusos monopolísticos en el mercado mundial de los microprocesadores. El Ejecutivo comunitario sostiene que el gigante estadounidense puso en marcha entre 2002 y 2007 una serie de prácticas contrarias a la competencia con el fin de excluir a los competidores del mercado.

Esta sanción sustituye a la multa mucho más elevada de 1.000 millones de euros que Bruselas impuso a Intel en 2009, que fue tumbada por el Tribunal General de la UE (TGUE) en enero de 2022. El fallo alegaba que el análisis del Ejecutivo comunitario fue incompleto y no demostró de forma suficiente la ilegalidad del comportamiento de la compañía.

La sanción original de la Comisión se basaba en dos tipos de comportamientos ilegales. En primer lugar, Intel ofrecía agresivos descuentos a cuatro fabricantes de equipos informáticos -Dell, Lenovo, Hewlett-Packard y NEC- a condición de que le compraran a ella la totalidad o la casi totalidad de los procesadores x86.

[El TJUE tumba la multa de 1.000 millones a Intel por abusos monopolísticos]

Además, el gigante estadounidense pagaba a los fabricantes de ordenadores para detener o retrasar el lanzamiento de productos que contenían procesadores x86 de su principal rival (AMD) y para limitar los canales de venta disponibles para estos productos. Unas prácticas denominadas 'restricciones manifiestas'.

En su sentencia de 2022, el Tribunal General anuló la decisión de Bruselas en lo que se refiere a los descuentos, pero confirmó que las 'restricciones manifiestas' constituyen un abuso de posición dominante según las reglas de competencia de la UE. No obstante, el fallo anuló la totalidad de la multa tras concluir que no podía desagregar la parte correspondiente únicamente a las 'restricciones manifiestas'.

Lo que ha hecho este viernes el Ejecutivo comunitario es adoptar una nueva multa contra Intel sólo por estas 'restricciones manifiestas'. Esta práctica se produjo entre noviembre de 2002 y diciembre de 2006 y consistía en pagos realizados por Intel a tres fabricantes de ordenadores (HP, Acer y Lenovo) para detener o retrasar el lanzamiento de productos que contenían procesadores de AMD, así como para limitar los canales de venta disponibles para esos productos.

"Intel pagó a sus clientes para limitar, retrasar o cancelar la venta de productos que contenían chips de su principal rival. Esto es ilegal según nuestras normas de competencia. Nuestra decisión muestra el compromiso de la Comisión de garantizar que infracciones contra la competencia muy graves no queden sin sanción", ha dicho el comisario de Competencia en funciones, Didier Reynders.

La enorme rebaja en el importe de la multa refleja el alcance más limitado de la infacción en comparación con la decisión de 2009, según ha explicado Bruselas. En paralelo, el Ejecutivo comunitario mantiene su recurso contra el fallo del TGUE y sigue sosteniendo que los descuentos condicionales de Intel constituyen también una infracción.