McKinsey, la 'escuela' más admirada en el Ibex, contra las cuerdas por la crisis de los opiáceos en Estados Unidos

Esta semana la compañía ha acordado el pago de 230 millones de dólares (217 millones de euros) para cerrar las demandas pendientes presentadas por su trabajo como asesor del grupo Purdue Pharma, en el que alentó a la farmacéutica a acelerar las ventas de su medicamento OxyContin.

Una cantidad que se suma a los 600 millones de dólares (567 millones de euros) que ya aceptó pagar en 2020 para cerrar las demandas que habían presentado numerosos Estados del país norteamericano por el mismo motivo.  

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç y el presidente Carlos Torres. Europa Press.

McKinsey es una de las consultoras mejor valoradas por el empresariado español. Presidentes, consejeros delegados y ejecutivos de grandes compañías cotizadas de nuestro país han pasado por la firma.

El presidente y el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres y Onur Genc, han trabajado más de una década en la consultora estadounidense; también los consejeros delegados de Ferrovial y Sabadell, Ignacio Madridejos y César González-Bueno han pasado por McKinsey; al igual que Ángel Vilà, consejero delegado de Telefónica.

Otros consejeros y ejecutivos de grupos como Santander, ACS o CaixaBank también se han formado en la misma consultora.

La experiencia de trabajar en McKinsey marca a cualquiera que haya formado parte de la firma, en la que si no se consigue escalar puestos, se está fuera, y en la que se cumplen jornadas de trabajo interminables muy bien remuneradas. Hasta el estallido de la crisis de los opiáceos, todos los que han trabajado en la consultora lo han llevado con orgullo.

Purdue y McKinsey

En 1995, Purdue Pharma, de la familia multimillonaria Sackler, comenzó a comercializar como si de un calmante más se tratara el OxyContin, un medicamento basado en la oxicodona, derivado semisintético del opio, descubierta en Alemania en 1916.

La venta generalizada del fármaco enganchó a cientos de miles de estadounidenses, matando a muchos de ellos. Las demandas contra Purdue Pharma y las indemnizaciones reclamadas llevaron a la compañía a declararse en quiebra en 2019. Un año después la empresa se declaró culpable de los cargos penales por la comercialización del OxyContin.

Instalaciones de Purdue Pharma.

El grupo farmacéutico "antepuso las ganancias de los opioides a las personas", declaró la Fiscal Federal para el Distrito de Vermont, Christina Nolan. "Corrompió la sagrada relación médico-paciente", añadió.

McKinsey trabajó estrechamente con Purdue Pharma. En 2009, la consultora elaboró un informe para la farmacéutica proponiendo tácticas comerciales para elevar las ventas del OxyContin, anunciando por ejemplo que el medicamento servía para reducir el estrés y elevar el optimismo y orientando a los comerciales de la compañía hacia médicos con antecedentes de una elevada prescripción de opioides.

830 millones

McKinsey acordó en 2020 pagar 600 millones de dólares (567 millones de euros) para cerrar demandas presentadas por numerosos Estados del país por su asesoramiento a Purdue Pharma. 

La consultora admitió entonces en un comunicado que no había reconocido "adecuadamente" la epidemia que se estaba disparando en las distintas comunidades del país o "el terrible impacto del uso indebido y la adicción a los opioides en millones de familias del país".

Pero también destacó que su trabajo con Purdue había sido diseñado "para apoyar la prescripción y el uso legal de opioides para pacientes con necesidades médicas". "Cualquier sugerencia de que nuestro trabajo buscaba aumentar las sobredosis o el uso indebido y empeorar una crisis de salud pública es errónea", subrayó.

Envases de OxyContin, el opioide de Purdue Pharma. Reuters.

Esta semana, McKinsey ha llegado a otro acuerdo con demandantes -entre ellos representantes de tribus nativas norteamericanas- para cerrar otros litigios, por importe de 230 millones de dólares (217 millones de euros).

El importe propuesto por la consultora a los demandantes todavía tiene que ser aprobado por los tribunales. Los 230 millones serían repartidos entre los colectivos afectados y distritos escolares y evitará que los directivos de la consultora tengan que responder por las reclamaciones en los juzgados.

McKinsey insiste en un comunicado publicado esta semana que sigue creyendo que su trabajo "fue legal" y niega "las acusaciones en sentido contrario". Además, subraya que el acuerdo "no contiene ninguna admisión de responsabilidad o irregularidades".

La consultora asegura que ha decidido alcanzar dicho acuerdo "para evitar el tiempo y los gastos de litigios prolongados y apoyar los esfuerzos de las administraciones para ayudar a los afectados por la epidemia de los opiáceos". Desde 2019, la empresa ya no asesora a clientes sobre cualquier negocio relacionado con los opioides.