Así consta en un auto fechado este mismo miércoles, que cita a García Carrión para el próximo 4 de diciembre, a las 9.00 horas. Félix Solís Yáñez deberá prestar declaración una semana más tarde, el día 11, a la misma hora. En la causa se investigan los posibles delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.

En dicha resolución, Calama también imputa, como personas jurídicas, a las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria, ya que "podrían ser responsables en calidad de cooperadores necesarios" de los hechos investigados.

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Además, Calama tomará declaración como testigo, el 23 de noviembre, al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha de 2015 a 2019 y que es, desde entonces, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

Valdepeñas

Esta causa comenzó con la admisión a trámite de una querella de la Fiscalía, en abril de 2021. Según recoge el auto, Félix Solís SL, "indiciariamente", llevó a cabo una comercialización de tintos de Denominación de Origen Valdepeñas, de tipo crianza, reserva y gran reserva, "en cantidades muy superiores a las declaradas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas", durante el periodo correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019, "introduciéndolo [el vino] en el tráfico económico".

El juez también señala que, al igual que con el anterior grupo, la documentación obtenida a través del Consejo Regulador, de la entidad certificadora Liec Agroalimentaria y de trece mercantiles compradoras, "pone indiciariamente de manifiesto que García Carrión SA, el Grupo Vinartis SA y José García Carrión también habrían comercializado vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella".

"En cuanto a su capacidad productiva, los datos puestos de manifiesto evidencian un insuficiente número de barricas para el necesario envejecimiento del vino comercializado, lo que constituye otro importante indicio de la comisión de los hechos imputados", subraya el magistrado.

Fachada de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. Efe

Sobre las dos entidades certificadoras, el juez les atribuye la "emisión de certificados de aptitud a sabiendas de que los datos en aquellos contenidos no se ajustan a la realidad". Es por ello que las considera "cooperadores necesarios", dada su "aportación necesaria para la ejecución de los delitos objeto de investigación".

En el caso de Liec Agroalimentaria, por ejemplo, según expone el auto, entre 2019 y 2020 tramitó ante el Consejo Regulador declaraciones de aptitud por un volumen de aproximadamente 23.000.000 litros de vino envejecido. "No obstante, tal y como consta en los registros de la Denominación de Origen, no dispone de las barricas necesarias para producir esta cantidad en ese periodo de tiempo", ejemplifica.

Finalmente, el juez Calama solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre la posibilidad de archivar la causa para las bodegas Navarro López y Fernando Castro, así como para sus representantes. ¿Por qué? Porque tras el examen de la documentación "no se puede inferir que hubieran participado en una actividad ilícita en cuanto a la producción de vino bajo la Denominación de Origen Valdepeñas, al haber resultado negativos todos y cada uno de los marcadores utilizados para dicha inferencia".