La obligación de publicar la lista de los 100 principales beneficiarios de las ayudas Next Generation fue introducida a petición del Parlamento Europeo en la última reforma del reglamento del fondo de recuperación, aprobada a finales de 2022. España es el segundo mayor receptor de las ayudas (por detrás de Italia) y la presidenta del comité de Control Presupuestario de la Eurocámara, la alemana Monika Hohlmeier, se ha quejado reiteradamente de desconocer el destino final del dinero europeo.

El reglamento exige a los Estados miembros crear "un portal público fácil de utilizar que contenga datos sobre los cien perceptores finales que reciban el importe más elevado de financiación". La información que debe publicarse es el nombre legal completo de la empresa (o el nombre y los apellidos si se trata de una persona física), el importe percibido y las medidas asociadas por las que se recibe esa financiación. Estos datos deben actualizarse dos veces al año.

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"Hemos recordado a los Estados miembros, en varias ocasiones, su obligación legal de publicar y actualizar estos datos e instamos a aquellos que aún no han publicado dicha lista a que lo hagan lo antes posible", explica a EL ESPAÑOL-Invertia un portavoz de la Comisión Europea al ser preguntado por el incumplimiento en el caso de España. De momento, Bruselas elude hablar de expedientes sancionadores.

"El reglamento modificado del mecanismo de recuperación y resiliencia no indica un plazo específico para que los Estados miembros actualicen los datos sobre los 100 mayores beneficiarios finales, pero introduce la obligación de que los Estados miembros actualicen estos datos dos veces al año, desde la entrada en vigor de la norma en marzo de 2023", señala el portavoz del Ejecutivo comunitario.

Ni abril ni octubre

Bruselas ha sugerido a los Estados miembros alinear el calendario de las actualizaciones de la lista con los informes semestrales que ya deben presentar en abril y en octubre, a partir de abril de 2023. La mayoría de países ya están actualizando sus listas en consecuencia, pero España no ha notificado sus datos ni en abril ni en octubre.

"Estamos en estrecho contacto con todos los Estados miembros sobre este asunto", insiste el portavoz de la Comisión. Tal y como está previsto en el reglamento, la Comisión ha creado un portal que centraliza los datos publicados por todos los Gobiernos.

En el informe de su misión a España del pasado febrero, el comité de Control Presupuestario se quejaba de que "hubo dificultades para recibir informacion del Gobierno español sobre la cantidad agregada concreta desembolsada hasta ahora a los beneficiarios finales (personas físicas o jurídicas, no administraciones públicas)".

La Eurocámara ya reclamó entonces a las autoridades españolas "que garanticen que la información sobre los proyectos, pagos y reformas se publique de manera rápida, estructurada y accesible, incluyendo información sobre los destinatarios finales de los fondos, permitiendo el escrutinio público". El Gobierno de Sánchez sigue desoyendo estas recomendaciones e incumpliendo el reglamento del fondo de recuperación.